Cavalli citó para el lunes a técnicos que relevaron remociones en el Batallón 13

El equipo multidisciplinario integrado por el profesor titular de Geomorfología, ingeniero agrónomo Daniel Panario y la asistente, licenciada Ofelia Gutiérrez de la Facultad de Ciencias, el antropólogo forense, doctor Horacio E. Solla, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, y la asistente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, licenciada Elizabeth Onega, identificó cuatro áreas de interés arqueológico.

La comparecencia de los técnicos universitarios fue solicitada al juez Cavalli por la fiscal en lo penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze.

El rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga, había ratificado el informe del grupo de especialistas sobre la remoción de tierras en el Batallón de Infantería Nº 13, donde se aconseja un estudio arqueológico ante la eventual existencia de tumbas clandestinas, y aprobó el envío de una copia de la investigación a la central obrera PIT-CNT.

En la investigación se realizaron comparaciones de tomas aerofotográficas del lugar entre 1945 y 1996, donde se pudo observar con detalle los lugares donde durante esos años se realizaron construcciones, se plantaron árboles o se efectuaron remociones de tierras que provocan diferencias en el césped.

Los lugares individualizados por los científicos coinciden con la zona donde existía una cabaña que fue destruida luego de 1981, un espacio detrás de uno de los arcos de la cancha de fútbol, tres espacios rectangulares de dos metros por uno (proporciones de tumbas) y un espacio de dos metros por diez en un área de bañados junto al arroyo Miguelete, señalado como una fosa común. Como ya publicara oportunamente LA REPUBLICA, la cabaña, el arco de fútbol, el bosque de sauces y el pantano son los lugares donde los testigos aseguran que fueron enterrados –y eventualmente exhumados y trasladados a otro sitio en una maniobra conocida como «Operación Zanahoria»– varios ciudadanos que permanecen en calidad de desaparecidos desde 1976.

Las actuaciones del juez Alejandro Recarey

El informe técnico de los profesionales, luego ratificado por el rector Rafael Guarga como documento oficial de la Universidad de la República, había sido requerido por el juez penal de 1er. Turno, Alejandro Recarey, cuando atendía el caso Quinteros, en suplencia del magistrado titular, Eduardo Cavalli, ahora reintegrado a su puesto.

La central obrera, como parte acusadora, pidió copia del informe a la Universidad para integrarlo a la causa a la que se reintegró el juez Eduardo Cavalli y por la que fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco.

Durante su actuación en el ejercicio de la magistratura, Recarey realizó una serie de instrucciones que incluyeron la citación a declarar de varios militares mencionados como ejecutores de Elena Quinteros, las cuales fueron recurridas por el propio Poder Ejecutivo, que instrumentó una serie de recursos jurídicos para evitar la comparecencia de los militares hasta que se reintegró el juez Cavalli, quien anuló todo lo actuado por su suplente. El juez Cavalli, por recomendación de la fiscal Mirtha Guianze, había sido quien resolvió el procesamiento con prisión del ex canciller Juan Carlos Blanco, por un cargo de complicidad en el delito de privación de libertad de la maestra secuestrada por la dictadura de los jardines de la Embajada de Venezuela en 1976. *