Hoy dará comienzo el juicio penal de Sonia Breccia contra los conductores de Radio Sarandí y Zona Urbana

La audiencia, que será oral y pública, se cumplirá a partir de las 13 horas en el quinto piso de los juzgados ubicados en la calle Bartolomé Mitre 1275. Asistirá la periodista denunciante y los cuatro denunciados: el director de Radio Sarandí, Leandro Añon, la directora de Programación, Ligia Almitrán y los periodistas Ignacio Alvarez y Gustavo Escanlar.

La denuncia presentada en sede penal por Sonia Breccia a través de sus abogados, la doctora Hebe Martínez Burlé y el doctor Carlos Uriarte, se basó en el artículo 26 y concordantes de la Ley de Prensa, y en los artículos 333 y 334 del Código Penal. Presentada en tiempo y forma, el juez citó audiencia.

Tanto Alvarez como Escanlar podrían ser sentenciados por el juez Hackenbruch a una pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o a una multa de 80 a 800 Unidades Reajustables (UR) por el delito de «difamación», y a una pena de tres a dieciocho meses de prisión o a una multa de 60 a 400 (UR) por el delito de «injurias».

Los dichos agraviantes proferidos contra Sonia Breccia por Alvarez y Escanlar en el programa «Las cosas en su sitio» que emite CX8 Radio Sarandí cobraron pública notoriedad, y recibieron un rechazo unánime de la sociedad oriental a través de innumerables llamadas, cartas y correos electrónicos remitidos al diario LA REPUBLICA.

Los comentarios emitidos al aire por Alvarez y Escanlar respecto a la persona de Sonia Breccia transgredieron, como señaló la denunciante, «límites, no sólo legales, sino morales y éticos».

La denuncia presentada ante el juez Hackenbruch recuerda que el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, acordó que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

Hasta ahora en nuestro país, recuerda textualmente Breccia en su escrito de denuncia, se había mantenido el respeto a la intimidad, reconociéndose y respetándose que «los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad» como lo establece el artículo 7º de la Constitución de la República.

Por su parte, el Código Penal tipifica en su artículo 333 el delito de «difamación» a «el que ante varias personas, reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuye a una persona un hecho determinado, que si fuera cierto, pudiera dar lugar contra ella, a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerle al odio o al desprecio público».

El subsiguiente artículo 334 del Código Penal tipifica, por su lado, que incurre en el delito de «injuria» todo «el que fuera de los casos previstos en el artículo precedente, ofendiera de cualquier manera, con palabras, escritos o hechos, el honor, la rectitud, o el decoro de una persona».

La repulsa unánime al periodismo carroña

Destacados funcionarios del Poder Ejecutivo, distinguidos integrantes del Poder Legislativo, reconocidos miembros del Congreso Nacional de Intendentes, altos jerarcas de entes autónomos y servicios descentralizados, así como simples vecinos anónimos de todos los rincones de la Patria se sumaron, como en un sola voz, para repudiar el periodismo carroña que practican Ignacio Alvarez y Gustavo Escanlar desde su programa en la radio del Grupo venezolano Cisneros.

No había transcurrido ni un solo día del momento en que se conocieron los improperios de estos periodistas contra Sonia Breccia cuando innumerables ciudadanos irrumpieron en los teléfonos y en las direcciones electrónicas del Multimedio Plural para expresar su más clara y firme repulsa. Las cartas fueron incontables.

Ministros, senadores, diputados, intendentes, jerarcas públicos, populares figuras de la cultura, vecinos de barrio… no faltó persona alguna que no condenara la objetable inconducta de estos periodistas que no dudaron en medrar y mancillar el honor del prójimo.

Ni siquiera tuvieron peso las diferentes concepciones políticas, ideológicas y religiosas que tantas veces en el pasado dividieron inútilmente la sociedad uruguaya. El rechazo y la repulsa fueron absolutamente unánimes. Blancos y nuevo espacistas. Encuentristas y colorados. Católicos, judíos, ateos y agnósticos. Nadie permaneció callado.

Agotadora sería la lista de todos los que ya condenaron el periodismo basura que se alienta desde la otrora gloriosa Radio Sarandí. No menos fueron los que expresaron sus lapidarias sentencias contra el programa «Zona urbana», que también conducen Alvarez y Escanlar, a través de Canal 10, una de las cabezas del oligopolio mediático.

Una sociedad decidida a preservar sus valores

Injustificable sería nombrar a unos y descartar a otros. Pero la cantidad de honorables ciudadanos que expresaron su opinión contraria a la falta de profesionalismo de Alvarez y Escanlar ocupó páginas y más páginas de sucesivas ediciones de LA REPUBLICA.

Sin embargo, no podemos olvidar a Tabaré Vázquez, posiblemente el próximo presidente de todos los uruguayos, quien expresó: «En primer lugar asombro, en segundo lugar rechazo y en tercer lugar solidaridad», y luego manifestó su «repugnancia por el manejo de temas, en camino de falsedad».

O a Jorge Larrañaga, aspirante a ser presidente de los uruguayos, que dijo: «Me parece de muy mal gusto. Creo que no es el estilo del país el meterse en la vida privada de la gente. Entendemos que eso es un camino realmente equivocado».

El escribano Guillermo Stirling, precandidato del Partido Colorado con el apoyo del presidente Jorge Batlle y del ex presidente Julio María Sanguinetti, fue enfático: «Me resulta repugnante. No sabía que se fuera capaz de tanta bajeza. Usted, Sonia Breccia, tiene mi admiración. La llamo para decirle que deploro este tipo de periodismo que, espero, no se instale en este país, donde por primera vez se ataca públicamente la moral de las personas. La gente de bien la conoce, la quiere, sabe quién es usted y por algo está en el lugar que está».

También la senadora Julia Pou de Lacalle criticó duramente «las intromisiones en la vida privada de China Zorrilla y Sonia Breccia», se solidarizó con ellas y afirmó que «no queremos para nuestros hijos un país así».

Así como tampoco podemos dejar de recordar las palabras del ingeniero Rafael Guarga, rector de la Universidad Mayor de la República: «Le escribo estas líneas para solidarizarme con usted Sonia Breccia en circunstancias como estas, para la que es difícil encontrar el adjetivo adecuado y suficiente, si valiera la pena buscarlo». Luego agregó: «El repudio tiene también un piso y la lástima un techo, en ninguno de cuyos márgenes caben esas figuras».

«Me resultan repugnantes», sentenció por su parte el arquitecto Mariano Arana, intendente Municipal de Montevideo. «Una porquería lo que han hecho. Algo indignante; lo de ellos y lo de quienes lo toleran».

Una de las personas más cercanas al ex presidente Julio María Sanguinetti, el senador Wilson Sanabria, también comprometió su palabra: «Pensábamos que los uruguayos éramos respetuosos de la vida privada de las personas. Es preocupante que tengamos que pronunciarnos sobre valores que creíamos preservados».

Y fue precisamente la doctora Jacinta Balbela, la primera mujer ministra en la historia de la Suprema Corte de Justicia, que no dudó un segundo en advertir: «Considero que cometieron una violación principalísima a los Derechos Humanos en lo atinente a la privacidad y a la dignidad de las personas».

No menos contundente ni
admonitorio fue el secretario de la Presidencia de la República, Raúl Lago: «Se agotó mi capacidad de asombro. Después de esto pueden llegar a decir cualquier cosa. No es forma de hacer periodismo».

Desde las antípodas del pensamiento progresista, pero consciente de los valores sagrados que estaban en juego, se pronunció Graciela Rompani, la viuda del ex presidente Jorge Pacheco Areco: «Uno pude estar de acuerdo o no con la forma de pensar de los demás, pero debe respetarse a las personas». Y luego añadió: «Hay que reconocer que Sonia marcó una forma de hacer periodismo de manera seria y responsable como nadie lo había hecho antes».

Quienes están en los más altos estamentos del poder también se sumaron a la repulsa.

El ministro del Interior, Daniel Borrelli no fue ajeno al alud de mensajes solidarios con las dos mujeres calumniadas y declaró que «manifiesto mi total solidaridad con una periodista de primer nivel como es Sonia Breccia y una actriz, también de primer nivel como lo es China Zorrilla».

Por su parte el subsecretario del Ministerio del Interior, el doctor Alejo Fernández Chaves: «La vida privada de las personas no debe ser trasladada a la esfera pública. La salvaguarda de la privacidad de las personas es una virtud que tiene nuestra sociedad, y que debemos preservar. Hablar de la vida privada no es costumbre nacional, no es cosa que le guste a los uruguayos».

Lapidario fue el comentario del doctor Leonardo Guzmán, ministro de Educación y Cultura: «Una barbaridad intolerable. Mi más sentido apoyo».

Y precavido ante la amenaza latente, el ex ministro de Relaciones Exteriores Héctor Gros Espiell, dijo: «Es un acto bárbaro y repugnante. Mi sentimiento hacia su persona y su familia, pero especialmente, mi preocupación por una sociedad disociada, y lo que podría ser un indicio del nacimiento de una nueva derecha con esta metodología».

La viuda de Wilson Ferreira Aldunate, hizo algo más. Llamó a Canal 10 y a Radio Sarandí y les recriminó: «Qué quieren hacer con mi país, hasta dónde piensan llegar» y se preguntó «en qué momento vamos a impedirles que sigan destruyendo nuestros valores los ciudadanos que queremos al Uruguay».

Hasta el embajador argentino, Hernán Patiño Mayer, se sumó a la muralla de la solidaridad: «Quería expresarle Sonia Breccia, mi más profunda solidaridad personal ante los agravios que ha recibido usted, lo que hago extensivo además a una de las expresiones culturales más importantes que tiene el Uruguay, y que es doña China Zorrilla.»

«Esto no se hace. Son unos bastardos y punto», dijo, tajante, Arotxa, el homenajeado caricaturista del diario El País.

«Acto bárbaro y repugnante que no puede sino repudiar toda persona de bien», espetó por su lado Carlos Romay, director de CX20 Radio Montecarlo.

«Â¡Esto es un horror!», alertó por su parte Ramiro Rodríguez Villamil, director general de Tveo. «No comparto el estilo de los agraviantes», afirmó. *