PIT-CNT: Ingreso de técnicos al Batallón Nº 13 y medidas cautelares para el Nº 14

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, querellante en la causa de homicidio de la maestra Elena Quinteros, reclamó ayer ante el Juzgado Penal de 1er. Turno nuevas diligencias probatorias que incluyen un estudio arqueológico en el Batallón 13º de Infantería, medidas cautelares sobre el Regimiento 14º de Toledo y el procesamiento de los miembros del cuerpo diplomático Alvaro Alvarez, Julio César Lupinacci y Guido Michelin Salomón. El escrito presentado por el sindicalista Raúl Olivera ante el magistrado Eduardo Cavalli, en el caso contra Juan Carlos Blanco por un «delito de homicidio muy especialmente agravado», fue dado a conocer ayer por la central obrera como una colaboración con la causa y la localización del cuerpo de la maestra Elena Quinteros, secuestrada y desaparecida en 1976.

Los demandantes piden las diligencias que conduzcan a la ratificación de todos los testimonios que hacen mención a enterramientos en el Batallón 13º de Infantería de la Avenida Instrucciones, entre los que incluye a las fuentes militares que indicaron a miembros de la Comisión para la Paz que Elena Quinteros había sido asesinada, enterrada en el predio militar y luego exhumada en la llamada «Operación Zanahoria» en 1984.

La presentación del PIT-CNT destaca el valor del informe geoarqueológico elaborado por el ingeniero agrónomo Daniel Panario, la licenciada geográfica Ofelia Gutiérrez, la licenciada en antropología Elizabeth Ortega y el antropólogo forense del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, doctor Horacio Solla, donde se señala la existencia de ocho puntos de estudio arqueológico dentro del Batallón 13º para confirmar eventuales enterramientos.

También se solicitan medidas cautelares de «no innovar» (impedir que el área sea removida) en un espacio del Regimiento Nº 14 de Toledo, donde las fuentes militares de la Comisión para la Paz habrían indicado al doctor Carlos Ramela Regules –según testimonió en la propia causa– que existiría un cementerio clandestino.

El documento presentado ante el juez Cavalli agrega un análisis de la responsabilidad penal de otros denunciados en el caso, particularmente del entonces director de Política Exterior de la Cancillería, Alvaro Alvarez, y de los embajadores Julio César Lupinacci y Guido Michelin Salomón, sobre quienes se pide el procesamiento penal dada su colaboración con el procesado ex canciller Juan Carlos Blanco, en la elaboración de un documento sobre qué hacer con la maestra secuestrada entonces de la Embajada de Venezuela por fuerzas de seguridad de la dictadura. *