Drogas: Diputados estudia un acuerdo de asistencia recíproca con Colombia

La Cámara de Diputados tiene a estudio un acuerdo de asistencia recíproca con Colombia sobre cooperación y colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas.

El proyecto a estudio de la comisión de Asuntos Internacionales de diputados, fue enviado en enero de 1999 por el entonces presidente Julio María Sanguinetti, y vuelto a remitir ahora por el presidente Jorge Batlle, días previos a su visita a Colombia. El tratado de cooperación estaba enmarcado de la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas suscrito en la capital colombiana en febrero de 1998.

Ahora, dos años más tarde la Cámara de Representantes debe dar inicio al estudio de este convenio de cooperación con Colombia. En el acuerdo, ambos gobiernos sostienen estar conscientes de que «el tráfico y la producción ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus delitos conexos, y de consumo, son una seria amenaza a la salud y al bienestar de los pueblos» y que «afectan la estructuras políticas, económicas y culturales de la sociedad», por lo que es responsabilidad de los estados y de la comunidad internacional es tender a su supresión.

Sostiene el acuerdo que es necesario emprender medidas eficaces contra «la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas y delitos conexos» entre los que identifica al lavado de dinero y el tráfico de armas y sustancias químicas. Entre los objetivos del acuerdo se propone armonizar políticas y realizar programas coordinados en materia de educación, prevención, control de consumo y medidas de rehabilitación al farmacodependiente.

Además, ambos estados se comprometen a prestar asistencia para el intercambio de información con el fin de detectar organizaciones dedicas al tráfico ilícito de estupefacientes y demás actividades ilegales entre las que se incluye el lavado de dinero. El acuerdo establece la posibilidad de intercambiar información y coordinador políticas, así como también técnicos y personal de los organismos competentes.

Para instrumentar estas políticas, el acuerdo establece la creación de un grupo de trabajo conjunto, que será representado por la parte uruguaya, por la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas de la presidencia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.