Colonización tramita "nulidad" de remate judicial en Carmelo

El director del Departamento Jurídico Contencioso del INC se comunicó el martes con el actuario del juzgado para notificarle que no podía proceder a la escrituración de la subasta «porque es nula de todo derecho», y ayer remitió un escrito «urgente» a la magistrada actuante para que declare la «nulidad» de la subasta que dispuso.

El artículo 70 de la Ley 11.029 establece que el cambio de titularidad de un campo de Colonización sólo puede concretarse con una autorización previa de la unanimidad de los directores del organismo. No obstante, el remate del campo, perteneciente a la Colonia Agraciada, se realizó sin que la jueza pusiera en conocimiento del hecho a las jerarquías del INC.

El jerarca letrado del organismo, doctor Andrés Pintos Traversi, realizará además «un informe de responsabilidad», a pedido de la Gerencia General del INC y, eventualmente, recomendaría la realización de una investigación administrativa interna para determinar culpabilidades.

El escrito presentado ayer pasaría ahora a manos de la Fiscalía, que podría denunciar lo acontecido ante la Suprema Corte de Justicia, máximo órgano de jurisprudencia que tiene la potestad de actuar como la «superintendencia administrativa» que juzga las actuaciones de los magistrados del Poder Judicial.

Según pudo saber LA REPUBLICA, el comprador del campo rematado ni siquiera reunía los requisitos exigidos por la Ley 11.029 para acceder a un campo de Colonización, tierras que son de dominio público, de acuerdo con la normativa vigente.

Por otra parte, el Directorio del INC reunido el martes resolvió «dejar sin efecto la desafectación» de la Colonia Victoriano Suárez, en Maldonado, acatando de este modo una observación que le realizara al organismo el propio presidente de la República, doctor Jorge Batlle.

La Colonia, que pertenecía a un grupo de colonos, fue desafectada del patrimonio del INC mediante una anterior decisión del mismo Directorio, a pesar del voto en contrario de su propio presidente, Numa Faliveni, quien consideró que la resolución «destruía la obra realizada por el INC durante los 60 años de su existencia».

La «Victoriano Suárez» había sido desafectada en beneficio de cuatro particulares que pretendían lotear los campos para comercializarlos en provecho propio. Con la desafectación, las tierras pasaron del Derecho Público al Derecho Privado, en detrimento del patrimonio del INC.

Tanto la realización del remate en Carmelo como la resolución de la desafectación en Maldonado habían sido denunciados en exclusiva por LA REPUBLICA. *