Justicia chilena pidió extraditar a tres militares vinculados a muerte de Berríos
La resolución fue adoptada ayer luego de que los magistrados chilenos escucharon los argumentos de cuatro abogados querellantes en el caso.
El fallo solicita que sean traídos a Chile el coronel (r.) Tomás Casella, el capitán Eduardo Radaelli y el coronel Wellinton Sarli (ambos en actividad), todos ellos procesados por el juez chileno Alejandro Madrid, bajo acusación de ser culpables de los delitos de asociación ilícita y secuestro del ex químico.
Berríos fue sacado de Chile en una operación de la DINA, en 1991, para impedir que declarara en un proceso judicial por el atentado perpetrado en Washington, en 1976, para asesinar a Orlando Letelier, canciller del gobierno de Salvador Allende.
El cadáver de Berríos fue encontrado en el balneario de El Pinar, cercano a Montevideo, en 1995, dos años después de que el ex agente apareció en un cuartel policial uruguayo solicitando ayuda, pues estaba secuestrado.
Con su decisión de ayer la Corte Suprema acogió el informe de la fiscal Mónica Maldonado, quien recomendó dar curso a la extradición de los tres militares pedida por el juez Madrid, quien juzgó en ausencia a los uniformados uruguayos.
Los jueces Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez y la abogada Luz María Jordan, resolvieron, asimismo, no dar curso a la solicitud de extradición del ex comisario del distrito de Canelones, el oficial de policía del Uruguay Ramón Rivas, quien está encausado como encubridor del secuestro de Berríos.
Rivas no fue incluido en la petición de extradición porque el delito de encubridor no está incluido en el Tratado de extradición que suscribieron Chile y Uruguay en el año 1981.
El abogado Alvaro Varela, quien representa a la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en cuyo deceso se sospecha la participación de Berríos, expresó satisfacción por la decisión de la Corte Suprema.
«En esas motivaciones creemos que está el vínculo que se establece entre Eugenio Berríos y la muerte del presidente Frei Montalva», ocurrida en enero de 1982, tras un sospechoso agravamiento de su salud después de una intervención quirúrgica menor.
La Corte Suprema enviará ahora al gobierno la petición de extradición de los tres militares uruguayos el cual, a su vez, la remitirá a las autoridades gubernamentales del Uruguay.
El gobierno no intervendrá
En tanto, el gobierno uruguayo reiteró ayer que no intervendrá en el pedido de la Justicia chilena.
Fuentes oficiales recordaron a LA REPUBLICA que la investigación no está incluida en la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide juzgar a los militares presuntamente implicados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. *
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