Justicia investigará las operaciones del Cártel

En tanto, fuentes allegadas a Rivero aseguraron a LA REPUBLICA que el ex alto jerarca «romperá el silencio» en la comisión investigadora del Parlamento, si es convocado, y además revelará todos los pormenores de las dos reuniones que mantuvo con el vicepresidente Hierro (una en su casa y otra en su despacho) antes de su cese y de otras tres con el ministro del Interior en las que dio cuenta de las operaciones en marcha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en el Uruguay.

La Justicia investigará posibles delitos de lavado de dinero por parte de personas vinculadas al Cártel de Juárez que en 1997 adquirieron en 550.000 dólares el chalet Holiday entonces propiedad del director del semanario Búsqueda, Danilo Arbilla. La compra la realizó Mirtha Beatriz Llera, vicepresidenta de Sasur SA, cuya presidencia era ejercida por Nicolás Di Tulio, acusado por la DEA de lavar en Argentina el dinero proveniente de la organización de narcotraficantes liderada por Amado Carrillo Fuentes.

En la operación de compraventa, realizada con la intermediación de la Inmobiliaria Costábile de Punta del Este, prestó asesoramiento profesional el escribano Javier Morassi que luego intervino en varias operaciones realizadas por Arbilla y también escrituró otras adquisiciones realizadas por los «lavadores» en Uruguay. Incluso prestó su escritorio, el 103, de la calle Zabala 1312 de Montevideo como sede de la sociedad anónima.

Rivero, que hasta marzo se había desempeñado como responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, había recibido importante documentación tanto de la DEA como de la Dirección de Aduanas de los EE.UU. Con esos datos inició una investigación a finales del año pasado, cuando se descubrieron las actividades de los Di Tulio en la República Argentina.

El 16 de marzo pasado, ordenó a su oficial de enlace en la Brigada Antidrogas de Maldonado que presentara una solicitud ante el juzgado a cargo de Canesa para que, a su vez, la magistrada oficiara al Registro de Traslaciones de Dominio departamental a los efectos de conocer los negocios inmobiliarios realizados por Danilo Arbilla.

Fue en esa ocasión que se gestaron los hechos que terminaron en el escándalo político y periodístico que conmocionó a la opinión pública y terminó con la destitución de Rivero.

Varias fuentes de primer nivel consultadas por LA REPUBLICA aseguraron que «el oficial Gonzalo Cossolino, hombre de estrecha confianza de Rivero, incluyó en el oficio que redactó algunas informaciones que eran de su conocimiento pero no debían haberse mencionado en lo que era una cuestión de trámite de la investigación». Las menciones al estudio jurídico Posadas, Posadas y Vecino y varias instituciones bancarias de plaza, fueron retiradas en un segundo oficio presentado el 24 de marzo ahora con la firma del comisario inspector Julio Guarteche a cargo de la Dirección Antidrogas.

Pero en el intermedio se filtró la información y el periodista Arbilla se enteró que era sindicado por la policía como el principal contacto del Cártel de Juárez en nuestro país. Según reconoció luego, el oficio «le llegó a través de manos amigas». A propósito de esta circunstancia la jueza Canesa presentó agravios por escrito ante la Suprema Corte de Justicia porque tanto el ministro del Interior Guillermo Stirling como algunos oficiales de policía indicaron que el oficio se filtró desde la sede judicial.

Fuentes vinculadas a la sede penal indicaron que una investigación propia realizada por la magistrada ya determinó de qué manera ese oficio llegó a manos de la persona investigada. Por su parte, Arbilla mantuvo algunas reuniones con el vicepresidente de la República, Luis Hierro López, quien citó a Rivero por lo menos en dos oportunidades para que explicara su accionar. El 17 de abril el alto oficial policial entregó al ministro del Interior la misma documentación que luego presentó a la Justicia. Pero Stirling consideró que no había motivos para seguir la investigación.

Fuentes policiales cercanas a Rivero, indicaron que «el documento fue acompañado por un librillo preparado por el director de Policía donde se incluyen todos los informes de los organismos extranjeros acerca de las actividades del Cártel de Juárez en Uruguay y Argentina». Esos documentos también fueron entregados a la magistrada. El testo de ese documento, que también llegó a manos de Arbilla, fue publicado por LA REPUBLICA el pasado miércoles 14.

Medidas cautelares

Mientras tanto, la magistrada se dispone ahora a analizar toda la documentación para realizar los oficios pertinentes a la DGI a los efectos de identificar a los titulares de Sasur SA; Idofal SA; Tamilur SA; Financiera Estarey SA; Biesatur SA y la financiera Autum Invest.

Según la documentación aportado por el oficial policial se sabe que Tamilur SA tiene como presidente a Jaime Martínez Ayón, hombre del Cártel de Juárez que también preside Sasur SA la sociedad que adquirió la casa de Danilo Arbilla en Punta del Este. Euro American Finance es presidida por Jorge Martínez Iñíguez, ex policía mexicano al servicio del Cártel de Juárez, Idafal es presidida por Raúl Oscar Marinone, empleado de Di Tulio, esta empresa compró los cuatro campos en el departamento de Flores. Financiera Bietasur con sede en Montevideo está directamente ligada a «Mercado Abierto», la financiera argentina señalada como el centro del narcolavado en la región. Bietasur, según el documento de Rivero, está representada en Uruguay por el Estudio Elenberg y Asociados, con domicilio en Juncal 1327, piso 2, escritorio 1204.

Con esos datos se iniciaría la primera ronda de interrogatorios que, obviamente comprenderán a Danilo Arbilla, al escribano Javier Morassi, al inspector Roberto Rivero, al oficial Gonzalo Cossolino y al principal de la inmobiliaria Costábile intermediaria de la primera venta del chalet Holiday. Canesa citaría también a María Beatriz Llera y a Nicolás Di Tulio, quienes en caso de no presentarse podrían ser requeridos a través de Interpol.

La magistrada podría llegar a solicitar cooperación jurídica internacional dadas las extensas ramificaciones del caso.

Pero además, para cumplir con las normas suscriptas por nuestro país, podrían aplicarse medidas cautelares sobre el chalet Holiday, que en caso de comprobarse que fue adquirido por narcolavadores debería ser confiscado por el Estado. No se ha informado cuál será el criterio de la jueza en relación a la investigación sobre los campos del paraje Las Bolas en el departamento de Flores, también adquiridos por los Di Tulio.