¿Por qué hay que investigar?

Un total de seis páginas de fundamento y otras cinco de cronología básica es el soporte del pedido del senador Enrique Rubio de crear la Comisión Investigadora.

En su denuncia –que comenzará a ser analizada a partir de la hora 10 en la Comisión Preinvestigadora– Rubio recordó que cuando se dispuso el cese de Rivero el pasado 1º de junio, el ministro Stirling «fue muy poco preciso en las explicaciones de las causas de su decisión, dejando en claro que no estaba en juego ni la honorabilidad ni la capacidad del funcionario cesado». El senador del EP sostiene que «han tomado estado público memorandos reservados y oficios policiales con sorprendentes afirmaciones respecto al papel que juegan en nuestro país, el sistema financiero y determinados ciudadanos en el circuito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico».

En ese sentido, menciona que el 16 de marzo «se libró un oficio policial dirigido a la jueza Fany Canesa, a quien se le solicitaban diligencias judiciales previas. Esta solicitud se basaba en el pedido de asistencia recibido por nuestra Policía proveniente de Agencias antidrogas de los Estados Unidos, pero también se establecían afirmaciones carentes del sustento probatorio».

«Ante la reacción que motivó el conocimiento de tal oficio en una de las personas involucradas, el periodista Danilo Arbilla –agrega Rubio–, se realizó una segunda comunicación el 24 de marzo donde se mantenían las solicitudes realizadas pero se excluían varias de las controvertidas afirmaciones. Al parecer, esta rectificación no colmó las expectativas de Arbilla, quien habló el 28 de marzo directamente con el Presidente de la República, de la situación y posteriormente los hechos se precipitaron según se han publicado en la prensa».

Según Rubio, «podemos afirmar que, las consecuencias de estos hechos parecen incluir a un ministro del Interior debilitado, al que no se le brindó información tanto por parte de los subalternos como del vicepresidente de la República, que ha aplicado en su ministerio sanciones sin un criterio coherente, y que se ha presentado con versiones contradictorias».

En ese sentido, otras de las consecuencias es «un alto funcionario policial sancionado por impulsar en forma indebida una indagatoria que involucraba a personas con influencia en las esferas institucionales y de poder; una controversia entre periodistas, con intercambio de fuertes acusaciones, que desnuda conflictos de intereses en un campo ajeno al centro de este asunto pero de gran importancia en lo económico y político; y también a una petición del Ministerio del Interior de archivo de las investigaciones judiciales, y a una indagatoria policial paralizada, incluyendo la disolución de la Brigada Antidrogas de Maldonado».