Denuncia competencia "salvaje" de otros entes y empresas privadas y un pasivo heredado de U$S 20 millones

El Correo al borde del colapso

Las apreciaciones del jerarca fueron efectuadas el pasado martes 1º de junio en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, en la que también asistieron por el Correo, el vicepresidente Julio C. Hernández, el director Carlos Manzor, el contador Alejandro Seré, gerente general; y el doctor Mario Jubin, secretario general.

En su comparecencia, Elutchanz reivindicó la potestad del Correo en la distribución de las facturas públicas.

«La especialidad del Correo es la de distribuir correspondencia postal; otros órganos están para otra cosa: por ejemplo la UTE está para generar energía, Antel para las telecomunicaciones y OSE para el agua», indicó.

Agregó que «en nuestro país se ha dado la circunstancia peculiar de que, además del Correo nacional, existen otros paralelos pues, en la práctica, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados antes nombrados hacen eso al distribuir sus facturas entre sus clientes».

En tal sentido, comunicó que luego de conversar con los presidentes de UTE, Antel y OSE «ya existe un principio de acuerdo- para, en esta primera etapa, comenzar con el tránsito que se llamaría ‘salpicadas’ o ‘spray’, es decir, facturas que por distintas razones no están en el circuito normal que esos organismos tienen previsto y por tanto son ‘salpicadas’, porque pueden ir a cualquier barrio o a cualquier lugar sin una organización previa. Pensamos que rápidamente podemos llegar a un acuerdo para que esas facturas empiecen a ser distribuidas por el Correo».

El presidente del Correo también se refirió «al compromiso internacional del país con el servicio postal universal, por el cual tenemos que llegar con la correspondencia a los lugares más apartados a precios accesibles; estimamos que esto le cuesta al Correo U$S 1:000.000. Como todos ustedes saben, el Correo presta servicios a Primaria, Secundaria, UTU, Codicen y Corte Electoral, y los señores legisladores tienen derecho, por ley, a enviar, a través del Correo, cartas personales de carácter simple».

«El gerente general puede tener números más afinados, pero nosotros hemos calculado que todo esto tiene un costo aproximado de U$S 3:000.000 anuales», dijo.

Explicó que «hay que tener en cuenta, también, que en este momento -más allá de que no es solamente en este año- el problema se profundiza por los servicios que tenemos que prestar a la Corte Electoral, y además está el tema de los Juzgados, que es también durante todos los períodos».

«Para asumir ese déficit y poder resolver su situación económica, el Correo tiene dos caminos: obtener más subsidio por parte del Estado o conseguir un ingreso genuino a través de más trabajo. Este Directorio -y en ese sentido hay continuidad de criterio- entiende que el mejor camino es el de obtener trabajo genuino, lo que se conseguiría mediante el reparto de las facturas públicas», consideró Elutchanz.

 

«Competencia salvaje»

El jerarca señaló que «el mercado postal del Uruguay está compuesto por 50:000.000 de piezas, de las que al Correo corresponden 25:000.000, es decir, el 50%. Debemos recordar -y es un capítulo muy importante- que el régimen uruguayo es de libre competencia; hay más de cien mensajerías privadas que funcionan al mismo tiempo que el Correo. Como los señores Legisladores saben, en el mundo entero existen algunas defensas para el correo nacional, como por ejemplo la reserva de una franja de hasta determinado peso que sólo puede comercializar el Correo. En nuestro país no existe esa defensa, sino que tenemos una competencia salvaje, en el entendido de que el término no lleva la connotación de desleal, sino que es total».

Por tanto, «con las 25:000.000 de piezas que tiene, el Correo no alcanza a cubrir su presupuesto. Además, cuenta con 1.900 empleados. Nosotros estamos permanentemente tratando de ajustar esa cifra. De hecho, en este momento tenemos un ofrecimiento de incentivo al personal, en atención a que hay entre 200 y 300 funcionarios en condiciones de jubilarse y, por ende, con posibilidades de aceptarlo. Evidentemente, no estamos en un año fácil como para decidir que la solución para ahorrar pase por eliminar 500 funcionarios, y no sé si algún Legislador nos aconsejaría ese camino». *

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