Cinco días de suspensión para jerarca de la División Transporte

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) sancionó ayer con cinco días de suspensión a uno de los secretarios del servicio de inspección de la División Tránsito y Transporte porque «en dos oportunidades tuvo expresiones incorrectas e irrespetuosas para con otros funcionarios», aseguró el director de Servicios Jurídicos, Adolfo Pérez Piera.

El pasado año, el Comité de Base de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) presentó, ante la Junta Departamental de Montevideo, la División Transito y Transporte y la División Jurídica de la comuna, una nota donde varios empleados denunciaban comportamientos «incorrectos» de parte de un funcionario de la División Tránsito y Transporte.

A partir de ese momento, la Intendencia dispone realizar una investigación administrativa.

«Luego que se dio vista al funcionario involucrado y se cumplió con la instrucción, se concluye que la mayoría de los cargos referidos en la denuncia no han sido debidamente proba dos.

Sí se probaron dos actuaciones donde ha habido expresiones incorrectas de parte del funcionario hacia otros empleados», destacó Peréz Piera.

La investigación abarcó «más de cincuenta declaraciones, se hicieron careos, y se presentó documentación, es decir, se investigó a fondo abarcándose el conjunto de los episodios denunciados, por lo menos aquellos que habían sido motivo de un recurso administrativo en su momento», relató el jerarca municipal.

De la investigación surge que «en dos oportunidades hubo expresiones incorrectas e irrespetuosas del funcionario para con otros empleados, por lo cual se le aplican cinco días de suspensión teniendo en cuenta que se trata de una falta leve».

Luego de que el funcionario cumpla con la pena «se podrá reintegrar a su actividad, sin perjuicio de que la División Tránsito y Transporte pueda adoptar otro tipo de medidas por razones de servicio, pero que no se desprenden de la investigación».

Sin comprobar

Asimismo, se manejó que el funcionario había acosado sexualmente en 1996, a una empleada pero en realidad el episodio «nunca se denunció efectivamente en la instrucción. En principio se habló de acoso psicológico pero tampoco fue probado el hecho».

«Con respecto al porte de armas, tampoco se prueba que haya habido responsabilidad administrativa por parte del funcionario, ya que hay un detallado informe del abogado instructor que analiza lo que se denuncia. Lo único que se ha probado es que tenía un arma en la oficina, porque la había comprado y que no la estuvo usando, por lo cual fue observado.

En la investigación también se señala que «existe un clima por parte de varios empleados en contra del funcionario investigado, pero que no son problemas que generen, a parte de los señalados, responsabilidades administrativas. Se trata de problemas de relacionamiento que deberá tomarlos en cuenta la propia división a efectos de adoptar las medidas que crea conveniente», puntualizó Pérez Piera.