Diputados: maratónica sesión a puertas cerradas

La sesión de ayer, se inició con una propuesta del EP-FA de reabrir las barras para el ingreso al público, que fracasó ante la decisión del presidente de la Cámara, Washington Abdala, respaldado por el reglamento, de mantener el desalojo de las mismas decretado cuando los incidentes en la sesión del pasado viernes.

Después de una larga discusión sobre la pertinencia o no de habilitar el ingreso del público a las barras, la Cámara se comenzó el debate en particular del articulado del proyecto, abordándose por capítulos, salvo aquellos en que existía controversia. Los diputados acordaron continuar con el proyecto hasta terminar su votación en una jornada maratónica, pese a que el plazo constitucional vence el próximo jueves a medianoche.

El primer artículo del primer capítulo, sobre fomento de la inversión y el empleo, fue votado afirmativamente por todos los sectores, aunque el EP-FA presentó un aditivo, que no prosperó, por el cual la rebaja aumenta porcentualmente si se contrata personal mayor de 45 años, mujeres jefas de hogar y a menores de 24 años. El segundo artículo fue votado negativamente por el EP-FA y el Nuevo Espacio, y la coalición de izquierda presentó otro aditivo para otorgar recursos a la Junta Nacional de Empleo, que también fracasó.

En el segundo capítulo de la ley, referida al agro, la discusión fue mucho más extensa, aunque el EP-FA votó los artículos de rebaja de aportes patronales jubilatorios y de reducción de la contribución inmobiliaria, y rechazó los artículos 7 y 8 que facultan al Ejecutivo a exonerar del impuesto a las trasmisiones patrimoniales a los inmuebles rurales que incorporen su patrimonio a sociedades anónimas con acciones al portador (ver nota aparte). Aquí también se opuso el diputado de Alianza Nacional, Roberto Arrarte.

Los aditivos del EP-FA para exonerar de aportes a los seguros por enfermedad, BPS por accidentes de trabajo y del IRP a determinados productores rurales, tampoco prosperó. El capítulo tercero sobre normas de créditos a pequeñas y medianas empresas, fue respaldado por todos los sectores.

En el cuarto capítulo que establece normas de defensa de la competencia, fue desglosado de forma de discutir en forma separada el último párrafo del artículo 14 que a juicio del EP-FA y el Nuevo Espacio, hace impracticable todas las normas establecidas en los incisos del mismo artículo.

El diputado del NE Pablo Mieres exigió eliminar ese párrafo, y fue acompañado en la solicitud por los diputados José Luis Veiga y Silvana Charlone, mientras que el quincista Alejandro Falco defendió la redacción del proyecto.

Posteriormente se dio un debate entre el diputado herrerista Jaime Trobo y la diputada del EP-FA, Charlone, sobre el contenido el último párrafo del artículo 14. Trobo defendió el proyecto y la definición del interés general aunque admitiendo que había que corregirlo, y señaló que quien introdujo ese concepto en el artículo, fue el senador Alberto Cid en la comisión del Senado. Por su parte, la legisladora recordó que el propio Trobo sostuvo en la comisión especial que ese párrafo era un «trago amargo» y manifestó que «no fuimos nosotros quienes colocamos esa cicuta».

Finalmente, el Nuevo Espacio retiró su pedido de votación nominal del último párrafo al entender que las posiciones políticas ya habían sido presentadas en la discusión del artículo, dónde sólo se opusieron el EP-FA y el Nuevo Espacio.

Los capítulos quinto y sexto fueron votados por todos los sectores, y refieren a facilitar el crédito y la informática en la educación. Pese a ello, sobre el artículo de facultad al Ejecutivo a exonerar el pago del IVA a la importación de equipos de informática, que todos votaban, se produjo un debate sobre la reforma educativa y la administración de la enseñanza. La diputada del MPP, Nora Castro criticó algunas acciones del Codicen y denunció casos de irregularidades en las licitaciones de compra de período de informática en los años 1996 y 1997. Los legisladores colorados, Martha Montaner y Glenda Rondán, defendieron la reforma educativa y las inversiones públicas. Posteriormente, el diputado forista Alejo Fernández Cháves emplazó a la diputada a que expresara ante la justicia las acusaciones contra la administración de los servicios de la educación. Al fin de este capítulo, el diputado socialista Guillermo Chifflet solicitó que la Cámara ordenara la discusión y que los partidos designaran voceros para los temas, de manera tal de reducir el número de oradores y acelerar la discusión que, ya sobre la medianoche, pronosticaba otras 12 horas más de debate.

En el capítulo séptimo se volvió a plantear la discusión ya que en el artículo 20 se habilita la creación de una sociedad anónima para explotar la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y el artículo 21 autoriza al Ejecutivo a conceder a privados el uso de las vías férreas, mediante el pago de un peaje, pero asumiendo el ente el mantenimiento de la red vial.