"Una campaña contra la búsqueda de la verdad"

Olivera repasa prolijamente la búsqueda de Sara Méndez de su hijo desaparecido, Simón Riquelo, y reivindica «la acción responsable y cuidadosa» de esa pesquisa que se inició «en el año 1981 cuando Sara recuperó su libertad», es decir hace 19 años.

En su carta Olivera afirma que «esta campaña, aunque muchos se hagan los desentendidos, busca sobre todo desprestigiar una tarea que se ha efectuado con seriedad y responsabilidad».

En las conclusiones de la carta se dice textualmente:

«1) Son absolutamente falsas y tendenciosas las afirmaciones de que el caso fue manejado ‘sin ninguna consideración para la familia y el propio adolescente’. 2) Que no existió ningún manejo ‘imprudente y prepotente’ por parte de Sara ni de los organismos de DDHH, y menos un supuesto ‘manejo con objetivos políticos’. 3) Sí está asquerosamente cargada de fanatismo la nota del Sr. Gianelli, que pretende, al igual que su director (Danilo Arbilla), mezclar este caso con las acusaciones de lavado de dólares o un caso de supuesto manoseo de un docente a alumnas. 4) Sólo aquel semanario que esconde las revelaciones del teniente coronel Rodríguez Buratti, hasta ahora celosamente ocultadas, bajo la consabida fórmula de ‘fuentes militares’, puede tan livianamente exclamar: ¡Vaya forma de alcanzar la verdad!, ante una serie de fábulas que si en alguna medida existieron, mal pueden atribuirse al resultado de lo que fue y es la prédica de Sara Méndez. 5) Queda también claro que el Sr. Neber Araújo no tuvo ningún interés en tratar ‘objetivamente’ el tema».

LA REPUBLICA reproduce a continuación textualmente la carta firmada por Raúl Olivera, esposo de Sara Méndez:

El caso Simón, las publicaciones del semanario Búsqueda y el tratamiento del tema por parte del señor Néber Araújo

En mi condición de esposo de Sara Méndez tengo conocimiento de todos y cada uno de los pasos que se han dado en torno a la búsqueda de Simón desde hace casi 24 años. Otras personas, medios de difusión y organizaciones de Derechos Humanos conocen parcialmente esa historia.

Desde el Semanario «Búsqueda», aun antes de conocerse el resultado negativo de los exámenes de ADN a Gerardo Vázquez, se inició una campaña tendiente a desacreditar la lucha contra la impunidad mediante el mecanismo de responsabilizar a Sara de supuestos y reales perjuicios que la acción del terrorismo de Estado y las conductas posteriores de los poderes públicos uruguayos, han ocasionado a todos los implicados en este caso. Entre ellos, sin ninguna duda, a los integrantes de la familia Vázquez-Morales.

Esa campaña contó posteriormente con el aporte del Dr. Cabarcos y del programa «Agenda confidencial» de Néber Araújo. En el mencionado programa televisivo se aceptó solamente la presencia del representante de una de las «partes» de este largo litigio judicial, pero no se admitió que la otra «parte» fuera representada por personas que tenían suficientes elementos para hacerlo.

Sara se ha negado a estar presente en ese y otros programas, pero ante reiteradas solicitudes, sugirió que, si se tenía real interés en tratar el tema con equidad, tanto el escritor Carlos Amorín, el abogado Alejandro Artuccio y yo, tenemos suficientes elementos para encarar el tema. Ninguno fue invitado a participar en el programa. La «objetividad» periodística del Sr. Araújo sólo admite que Sara acepte ir personalmente a su programa. Sara no está dispuesta a aceptar ese «chantaje», y nos parece bien.

También Canal 10 puso su contribución, reiterando una vieja grabación. Ya en aquellos años, cuando fue difundida por primera vez, fue necesario pelear por un espacio para dar la otra versión de los hechos, versión que ahora, por supuesto, no se reiteró.

Finalmente, «fuentes militares» aportaron supuestas informaciones al semanario «Búsqueda». Muchas no son ciertas. Otras pretenden dar una versión falsa de los hechos, presentando ahora una información que han negado ante los estrados judiciales y aun ante las «investigaciones» realizadas por encargo del Dr. Julio María Sanguinetti en cumplimiento del Art. 4º de la Ley de Caducidad.

Por esa razón, como simple ciudadano que conoce determinados hechos y que los puede documentar, quiero recordar a la opinión pública algunas cosas que deben tenerse en cuenta a la hora de analizar este tema tan delicado.

Con ello quiero cerrar un capítulo de esta historia que aún está abierta (Simón sigue engrosando la lista de desaparecidos) y en la cual, al igual que ahora, lo que hay que reivindicar es la verdad. Lo hago desde una perspectiva muy particular, pues Sara no es sólo una madre que busca a su hijo, es también una luchadora por los derechos humanos, con una participación muy activa en la recuperación de varios de los niños secuestrados y desaparecidos y en la denuncia de muchos crímenes que lamentablemente se han ido confirmando. Esta campaña, aunque muchos se hagan los desentendidos, busca sobre todo desprestigiar una tarea que se ha efectuado con seriedad y responsabilidad.

Los hechos

Cuando Sara Méndez recobra la libertad, en mayo de 1981, comienza la búsqueda de su hijo Simón, pero reclamó por él aun desde la cárcel de la dictadura. En 1984 se radica en Buenos Aires y junto con Mauricio Gatti emprende una investigación a partir de indicios que le suministran las Abuelas de Plaza de Mayo, la que resulta infructuosa.

El 12 de setiembre de 1986, un juez argentino decreta la prisión de Gavazzo, Silveira, Cordero y Campos Hermida –todos ellos actuantes en el SID a las órdenes del teniente coronel Rodríguez Buratti–, por el delito de privación ilegítima de la libertad reiterado en 23 casos, entre los que se encuentran el de ella y su hijo.

El 23 de setiembre de 1986, Argentina solicita la extradición de los militares uruguayos, la que es demorada por el Dr. Sanguinetti en espera de un indulto que finalmente dicta Menem.

A fines de 1986 obtiene una información, proveniente de varias fuentes, sobre un niño que podría ser Simón viviendo en Montevideo. Entre los muchos elementos e indicios que va recogiendo de ese niño, uno de los más importantes es que es adoptado por una familia que tiene un pariente militar, que posteriormente es identificado como «301», un militar que tuvo importante participación en el secuestro de Sara y Simón.

Cuando el Dr. Cabarcos dice en el programa del Sr. Araújo, que la familia Vázquez-Morales «tiene la desgracia de tener un familiar militar», tratando de demostrar que los indicios que condujeron a Sara a sospechar que Gerardo podía ser Simón, son un simple capricho, omite agregar que ese militar tuvo un importante papel en el secuestro del hijo de Sara Méndez y en el caso de la nieta de Juan Gelman. ¿No es ese un indicio relevante? ¿No fue acaso un indicio fundamental para la ubicación de otro niño uruguayo secuestrado (nos referimos al caso de Julio César D’Elía) que su partida de nacimiento fuera firmada por un médico que había tenido activa participación en un campo clandestino de detención y en la apropiación de bebés nacidos en cautiverio? ¿Acaso en el secuestro en Argentina, posterior traslado a Uruguay y apropiación de un menor (nos referimos a la nieta de Juan Gelman), no estuvo implicada la misma patota criminal al mando de Rodríguez Buratti? ¿Acaso los niños Julien, también secuestrados por la misma patota, no fueron dejados abandonados y posteriormente legalmente adoptados?

Luego de un proceso trabajoso de investigación que duró 10 meses, en los que no apareció ningún elemento que llevara a descartar la información recibida, si no que, antes bien, surgieron nuevos indicios que la reafirmaban como posible,
por intermedio del director del colegio al que concurría Gerardo Vázquez, en setiembre de 1987, se pone por primera vez a los padres adoptivos del menor en conocimiento del hecho y de los indicios que se tenían para presumir que Gerardo podía ser Simón Riquelo.

No es cierto, como dijo el Dr. Cabarcos, que el acercamiento de los directa y humanamente interesados (Sara y Mauricio), se haya producido con posterioridad a una de las tantas intermediaciones que se intentaron para lograr, antes de iniciar las acciones judiciales, dilucidar la identidad de Gerardo con relación a Simón.

A partir de la negativa que se recibe ante ese intento amistoso, del que fueron testigos tanto el director del colegio como la señora Mariela Salaberry, se realiza un largo compás de espera.

Se ha manifestado que en dicha reunión, ante la cerrada negativa a la realización del examen sanguíneo, Mauricio Gatti «amenazó» al matrimonio al advertirles que no les dejaban otra salida que recurrir a la Justicia.

¿Qué otra vía les quedaba para comprobar o descartar la posibilidad de haber encontrado a Simón? ¿Desde cuándo la solicitud de que la Justicia intervenga en la solución de un litigio, donde además estaba implícita la eventual ocurrencia de un delito de lesa humanidad, constituye una amenaza en una sociedad democrática? A la luz de lo que ocurrió después, ¿no fue una sana advertencia que por desgracia fue reiteradamente desoída? ¿Qué hubiera pasado, si en el caso de la nieta de Gelman, su familia y ella misma se hubieran negado a la realización de las pruebas de identidad?

Podemos comprender y aventurar hipótesis sobre cuáles pueden ser los razonamientos que una persona común puede desarrollar ante una situación similar. Pero que el Sr. Gianelli, columnista de un medio periodístico, pretenda enrostrarle a Sara actos de patoterismo, sólo puede catalogarse de simple canallada.

No obstante esa supuesta «amenaza», recién 20 meses después, luego de dar un prudencial tiempo de espera y de efectuar otras gestiones de acercamiento igualmente frustrantes, en junio de 1989 se presentan acciones judiciales.

Durante dos años se esperó que se accediera amistosamente y sin conocimiento del menor a que se realizara el examen de histocompatibilidad sanguínea. ¿Ese es el fanatismo que atribuye el columnista de «Búsqueda», Sr. Gianelli, a Sara Méndez?

No es cierto, entonces, que el primer intento de acercamiento a la familia Vázquez se haya realizado por la «vía política» y no de los directamente interesados.

Tanto el semanario «Búsqueda» como el Dr. Cabarcos prefieren referirse a una sola de las personas que intentó un acercamiento, seguramente porque el mismo está muerto y no puede rebatirles. Es cierto que el hoy fallecido senador Germán Araújo realizó intentos de acercamiento a la familia, luego del fracaso de la gestión directa de Sara y Mauricio. Lo hizo, aunque con el conocimiento de Sara y Mauricio, pero no por iniciativa de éstos.

Germán Araújo conoció por sus medios y no por los de Sara y Mauricio, todos los indicios que llevaron a la ubicación de ese menor. Igual sucedió con las investigaciones que en virtud del cumplimiento del Art. 4º de la Ley de Caducidad, llevó a cabo el Iname, que por otros medios, que no eran los de Sara y Mauricio ni los de Germán Araújo, también estaba investigando al mismo menor.

Quiero, en homenaje a quien mucho hizo por los derechos humanos en nuestro país, Germán Araújo, y a un intento de desprestigiar las «acciones políticas», recordar que mientras el Dr. Sanguinetti y el Dr. Lacalle nada hicieron por resolver ningún caso de desaparición, la acción «política» de Germán –en el acierto o en el error–, lo logró. Recordemos el caso de Amaral García.

¿El haber presentado la causa ante la Justicia, puso a Sara y a Mauricio fuera de los que siempre fueron sus objetivos y sus premisas morales y éticas para tratar este y otros casos de violaciones a los Derechos Humanos?

El 22 de febrero de 1990, nueve meses después de haber presentado la primera causa judicial, Sara y Mauricio hacen pública una carta a los responsables del entonces diario de izquierda «La Hora Popular» a raíz de una noticia que dicho diario había publicado, en la que expresaban: «Habiendo tomado conocimiento de lo publicado por ese medio en el día de hoy con referencia al caso de nuestro hijo Simón, estimamos conveniente dirigirles estas líneas que esperamos tengan el mismo destaque periodístico que Uds. dedicaron a lo que es motivo de la presente.

1) El día 7 de julio de 1989 realizamos una conferencia de prensa junto con el Dr. Alejandro Artuccio, a raíz de que varios medios de difusión estaban en conocimiento de la denuncia presentada ante un juzgado penal de nuestro país. En dicha conferencia de prensa marcamos desde el comienzo el motivo que nos llevaba a hacer público el hecho –varios medios tenían la información–, y señalábamos lo que para nosotros eran parámetros de orden moral y ético imprescindibles para el tratamiento de temas como éste. Estaba por medio la salud psíquica de un adolescente, entre otras cosas dolorosas de todo este episodio. A pesar de la claridad del comunicado leído y repartido a los medios de difusión, en más de un diario se tituló como si hubiéramos «hallado a Simón»; cuando lo que estábamos pidiendo a la Justicia era la realización de un examen hematológico para confirmar la identidad y saber así si habíamos encontrado a nuestro hijo.

4) No obstante estas gestiones, comprobamos con asombro e indignación que de nada sirvieron ya que hoy difunden una información sobre supuestos nombres, domicilio y hasta lugar de estudio de quien presumimos se trata de nuestro hijo Simón.

5) Nosotros no alcanzamos a comprender –salvo que olvidemos el medio periodístico que se trata –, las razones que los llevaron a realizar ese acto de irresponsabilidad.

6) No escapa a nuestra comprensión que esta situación también es el resultado de la inoperancia y falta de sensibilidad de integrantes de la Justicia uruguaya, que no sólo han alargado interminablemente la dilucidación de este caso sino que además no han tenido el valor de llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

7) Finalmente queremos expresar que nunca mencionamos a ese medio los datos filiatorios del citado menor y que es más aún, siempre que nos lo han solicitado los hemos ocultado dando las explicaciones que vuestro medio no supo entender. Esta preocupación por salvaguardar la salud psíquica del niño la mantendremos con la misma firmeza y convicción que nos han guiado en estos 13 años de angustiosa búsqueda. Es esa la razón que nos obliga a hacer pública esta declaración y la esperanza de que se reflexione sobre el daño irreparable que se comete cuando se maneja la información irresponsablemente». Lo firmaban Sara y Mauricio.

En noviembre de 1989 el Dr. Julio María Sanguinetti y el ministro de Defensa, teniente general (r) Hugo Medina, dictaminan que los hechos denunciados estaban comprendidos en la Ley de Caducidad.

Sara no había presentado una causa penal para que se investigara y penalizara el secuestro de Simón, sino con el objetivo de lograr lo que no se había logrado amistosamente, que se dilucidara la identidad de una persona que podía ser su hijo.

De ahí que el Dr. Sanguinetti y el general Medina, a quienes muchos olvidan mencionar a la hora de facturar responsabilidades, por si fueran pocos los indicios agregaron otro más, y muy fuerte, lo que llevó a Sara y a Mauricio a reafirmarse en sus convicciones. Si el gobierno sabía que Gerardo no era Simón, ¿por qué incluyó su caso en la Ley de Caducidad? Y si no lo sabí
a, ¿por qué no investigó o permitió que la Justicia lo investigara? La repuesta es muy clara: a Sanguinetti y a los militares poco o nada les importaron los problemas que se generaban; su objetivo era amparar a los militares y que Simón siguiera desaparecido.

La responsabilidad que emana de estos hechos debería motivar que algunos medios supuestamente preocupados por la objetividad periodística, los anotaran en las conclusiones livianas que sacan de este caso. Y también a que algunos integrantes de organizaciones de DDHH no admitan que se diga tan genérica y ligeramente que hubo errores, en la forma en que Sara llevó adelante este capítulo de su búsqueda.

En junio de 1990, esta vez ante un Juzgado de Familia, se ordena la realización del examen hematológico, sin embargo los padres adoptivos del menor, se niegan y apelan la decisión. A pesar de que la jueza la confirma, nuevamente los padres adoptivos apelan, esta vez ante el Tribunal de Apelaciones.

Es cierto que todas las sentencias negaron que Sara haya podido probar que Gerardo y Simón eran la misma persona. También lo es que la posibilidad de que se realizara el examen de histocompatibilidad planteada judicialmente en más de cuatro resoluciones de un juez, no fue aceptada. Como también es cierto que el fiscal Marcelo Brovia, a quien esperemos que «Búsqueda» no acuse de «fanatismo», con los elementos que se había permitido poner en juego (entre los que no estaba el examen de sangre) llegó a concluir que «Gerardo Vázquez es la misma persona que nació en Buenos Aires el 22 de junio de 1976 e inscripto con el nombre de Simón Riquelo».

Nunca fue el interés de Sara Méndez lograr que una sentencia que no pasara por la prueba verdaderamente eficaz (la de histocompatibilidad sanguínea) le cambiara la identidad a Gerardo Vázquez.

En abril de 1991, ante el Tribunal de Apelaciones, Gerardo Vázquez se manifiesta contrario a que se le practique el examen de sangre.

En mayo de 1992, la jueza de Familia hace lugar a la prueba de histocompatibilidad solicitada y nuevamente es recusada por el Dr. Cabarcos. La jueza mantiene su decisión, pero ésta es nuevamente apelada.

Si bien puede admitirse la desconfianza ante la realización de un examen de sangre, de las características que podía tener en el caso de las gestiones preliminares y extrajudiciales del año 1987 (características que nunca llegaron a plantearse, ni por Sara Méndez ni por los padres de Gerardo), resulta poco entendible esta reiterada negativa ante una decisión judicial que les daba las más amplias garantías, pues sería el Poder Judicial quien controlaría dicho examen. ¿Es que el Dr. Cabarcos, al defender tan calurosamente esa determinación, pretende poner en dudas las cientos de resoluciones de paternidad y maternidad que se resolvieron con anterioridad de instalarse en Uruguay el método del ADN?

En octubre de 1993 el Tribunal de Apelaciones se expide aceptando la realización de la prueba de sangre, pero acota que debe realizarse con el consentimiento del implicado (Gerardo Vázquez) y establece que si una de las partes se negase a colaborar, «tal negativa debería ser interpretada (…) como un importante indicio del cual se podrá inferir la presunción de verdad respecto de la paternidad imputada…». Gerardo, reitera su negativa.

En julio de 1994 comparece ante el Juzgado el ex soldado Julio César Barboza, quien informa que el pariente político de Gerardo, el teniente coronel Rodríguez Buratti, en 1976 se desempeñaba en el Departamento III del Servicio de Inteligencia de Defensa, encargado de las acciones y operaciones de traslado al Uruguay de personas secuestradas en Buenos Aires. Que en la sede del SID conoció a Sara Méndez, y también a los menores Anatole y Victoria Julien, secuestrados en Argentina y luego abandonados en Valparaíso (Chile). También da cuenta de la presencia de una mujer embarazada, que finalmente resultó ser la argentina, nuera de Juan Gelman, María Claudia Irureta Goyena de Gelman.

El 8 de agosto de 1994 concurre a declarar Rodríguez Buratti. Dice no conocer a Sara sino por la prensa, desde donde le ha lanzado acusaciones falsas. Se ampara en el secreto militar para no brindar ninguna información. Afirma desconocer los traslados de personas desde Buenos Aires, así como los hechos ocurridos en la sede del SID detallados por Sara y Barboza. Reconoce su parentesco con la familia Vázquez Morales, a quienes dice frecuentar en fiestas familiares. Finalmente, admite que pasaban vacaciones juntos en su casa del balneario La Floresta, contradiciendo lo declarado por los Vázquez quienes lo habían negado. A la luz de los últimos acontecimientos relativos al caso Juan Gelman, es evidente ahora que el mencionado militar prestó falso testimonio y obstaculizó la posible averiguación sobre el paradero y la identidad de Simón.

Ahora se empezó a tejer una trama en la que, por supuesto, una de las partes no está viva para dar su versión (el entonces senador José Germán Araújo), al que se le atribuye el intento de «arreglar» los exámenes de sangre para que Gerardo Vázquez fuera Simón Riquelo. Por si fueran pocas las alegaciones contenidas en cada uno de los escritos judiciales, están las declaraciones que a lo largo de todos estos años realizó Sara, y que muchos no se toman el trabajo de traerlas hoy, no para defender a Sara Méndez, sino para defender la verdad.

Vamos a transcribir una, hecha a pocas horas de haber conocido el fallo de la Suprema Corte de Justicia, fallando en contra de sus intereses: «Ni el dictamen de la Suprema Corte de Justicia, ni ningún otro dictamen anterior puede afirmar que Gerardo no es Simón, tampoco yo puedo demostrar fehacientemente que lo es. Tanto los dictámenes de la Justicia como mis presunciones –de simple ciudadana– necesitan de la única prueba de verdad: la prueba de sangre». Mal puede formularse hoy la descabellada hipótesis de que Sara habría aceptado que se le atribuyera un hijo sin la prueba que hoy acata sin discusión, aun cuando le significa tener que empezar de nuevo.

Finalmente, con relación a una propuesta de Gerardo Vázquez de realizarse el examen de sangre, posteriormente a haberse cerrado la vía judicial en Uruguay y que según el Dr. Cabarcos fuera trasmitida en varias oportunidades al entonces abogado de Sara, Dr. Gustavo Puig, y rechazada por ésta, también cabe realizar algunas precisiones.

En primera instancia, sólo tenemos conocimiento de una propuesta, tramitada con anterioridad a la conclusión de la vía judicial. No puedo precisar exactamente la fecha. Lo que sí recuerdo son las condiciones que, por supuesto, el Dr. Cabarcos se esfuerza mucho en no detallar. La condición que hizo inaceptable dicha propuesta fue que cualquiera fuera el resultado del examen (positivo o negativo), el mismo debía ser mantenido en secreto, no debía darse a conocimiento público.

¿A quién puede ocurrírsele que, por ejemplo, en caso de que fuera positivo, la culminación de un secuestro y desaparición forzada debía ser ocultada? O en la hipótesis contraria, como en realidad hubiera sucedido dado lo que hoy sabemos, ¿qué explicación se debía dar a la opinión publica, a los organismos de DDHH, para explicar que se abandonaba una pista que por muchos años se había intentado confirmar? La desaparición, como bien lo ha definido el presidente Jorge Batlle, es un problema de Estado, no solamente de Sara Méndez.

El tenor de esta propuesta, que no queremos calificar y que pudo estar cargada de las mejores intenciones, hace aún más inexplicable el comportamiento de quienes a veces dicen que estaban seguros de que Gerardo no era Simón.

Solamente la confusión de una familia que efectivamente se vio afectada, no por Sara M