Un atraso atómico

Casi seis años después, el Ejecutivo envió al Parlamento, para su aprobación, la Convención sobre Seguridad Nuclear en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica, adoptada en Viena, Austria, el 20 de setiembre de 1994.

Con la firma del presidente, Jorge Batlle, y de los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa, Industria, Salud y Vivienda, fue remitido al Parlamento la solicitud para ratificar la convención sobre seguridad nuclear. «Se destaca en este instrumento internacional la necesidad que tiene la comunidad internacional de velar por la segura, bien reglamentada y ambientalmente sana utilización de la energía nuclear», señala el mensaje que acompaña el texto.

En su exposición de motivos, el gobierno afirma que la convención tiene como objetivo «conseguir y mantener un alto grado de seguridad nuclear, a través de medidas nacionales y de la cooperación internacional. Establecer y mantener defensa eficaces en las instalaciones nucleares contra los potenciales riesgos radiológicos, para proteger a las personas, la sociedad y al medio ambiente de los efectos nocivos de la radicación ionizante por dichas instalaciones».

La convención define la instalación nuclear cualquier central para usos civiles situada en tierrra y sometida a su jurisdicción, incluidas las instalaciones de almacenamiento, manipulación y tratamiento de materiales radiactivos. Los estados que aprueben la convención se obligan a adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan, e informar al Organismo Internacional de Energía Atómica de las mismas.

En tanto, y más antiguo aún, sigue sin ser considerado por el Parlamento, un proyecto de ley presentado bajo la administración de Luis Alberto Lacalle, en 1992 por el entonces diputado socialista de Paysandú, Humberto González Perla, de declarar al territorio uruguayo como «zona desnuclearizada». La iniciativa fue rescatada y vuelta a presentar en este período por la bancada del EP-FA.

Trasplantes

Por otro lado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados convocará en breve a la doctora Adela Reta, para conocer su opinión sobre los dos proyecto de ley a su estudio, que regula la extracción, conservación y trasplante de órganos y tejidos.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social reanudó en este período legislativo la discusión sobre proyectos de ley para reglamentar la extracción de órganos y los trasplantes.

Durante los cinco años de la legislatura pasada, la comisión debatió sobre dos proyectos. Uno del diputado frenteamplista Luis Gallo, que introducía algunas modificaciones a la ley vigente, y otro del entonces diputado nacionalista Javier García, que innovaba totalmente la ley.