Treinta y Tres

Ediles del FA de Treinta y Tres piden no aprobar rendición de cuentas por inconstitucionalidades

La bancada de ediles del Frente Amplio en Treinta y Tres recomendó no aprobar la Rendición de Cuentas del año 2017 de la Intendencia departamental, entre otras cosas, porque se observa “la inconstitucionalidad en la que incurrió el ex intendente Dardo Sánchez (Partido Nacional) debido a que cuando solicitó licencias, su lugar lo ocupó su primer suplente Ramón Da Silva, quien tenía un cargo reservado en UTE.

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Dardo Sánchez fue reelecto intendente de Treinta y Tres en el año 2015, cargo al que renunció el 26 de julio de 2019 para candidatearse a la Cámara de Diputado. Desde entonces, el cargo lo ocupa su primer suplente, Ramón Da Silva.

En julio de 2017 la bancada de ediles del Frente Amplio presentó una denuncia para que la Corte Electoral se expidiera sobre la situación de Da Silva quien había ejerciendo como jefe departamental, ya que Sánches había solicitado licencia, mientras mantenía “en reserva” un cargo como funcionario de UTE.

En las últimas horas, en un informe en minoría de la Comisión Fiscal, elaborado por los ediles del Frente Amplio, se indica que la Rendición de Cuentas del año 2017 del gobierno de Treinta y Tres fue “observada en su momento por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en los mismos ítems reiteradamente, los cuales no son salvados por la Dirección correspondiente”. A la vez, hacen mención a la inconstitucionalidad en la que en su momento incurrió Sánchez.

Manifiestan que el estado de metas y objetivos presentado, “no se ajusta totalmente, en su formulación, a las normas ya que si bien se informan las obras ejecutadas, no se detallan las previstas en el Presupuesto y su costo resultante”.

Los ediles frenteamplistas expresan que “se adelantaron fondos que no fueron rendidos en los plazos establecidos, se constató que se adelantaron fondos a funcionarios que tenían partidas pendientes de rendición”.

La Intendencia “no tiene por práctica conciliar las retenciones que efectúa a sus funcionarios por concepto de aporte jubilatorio personal, IRPF con los pagos realizados al Banco de Previsión Social (BPS), constatándose diferencias en el cálculo de dichas retenciones”.

A la vez, consideran que algunas de las observaciones del TCR “hacen a la transparencia de la gestión al no cumplir con la normativa vigente”.

Señalan que en oportunidad de efectuar los pagos a acreedores “no se exige, en todos los casos, los certificados que acrediten estar al día con sus obligaciones ante la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social”.

Asimismo, los legisladores departamentales de la coalición de izquierda indican en su informe que en la mayoría de los casos “no se paga a los proveedores de la Intendencia tanto de bienes como de servicios, mediante acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera, como lo establecen las citadas normas”.

La Intendencia “no ha conciliado la información proporcionada por la Base de Datos extraída del sistema de recaudación, con los registros contables respectivos, y ha contratado en forma directa con empresas, no cumpliendo con los procedimientos establecidos en el TOCAF”.

Inconstitucionalidad

Asimismo denuncian que se observa, al igual que en Rendición de Cuentas anterior, “la inconstitucionalidad en la que incurrió el entonces intendente (Sánchez), cuando ocupó su lugar temporalmente su primer suplente (Da Silva) quien tenía un cargo reservado en UTE, por lo cual se configuró la incompatibilidad establecida en la referida norma”. El referido jerarca, renunció a su cargo en la UTE a partir del 27 de junio de 2017.

También cuestionan que el resultado del ejercicio 2017 según el TCR “es un déficit de 68.433.450 pesos y el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2017, según TCR, es de 122.425.852 pesos”.

Los ediles frenteamplistas manifiestan que los números planteados por el TCR en cuanto al déficit, “expresan que se administran los recursos nacionales y departamentales sin priorizar un equilibrio en las cuentas públicas, gastando más de lo recaudado”.

Por todo ello proponen no aprobar la Rendición de Cuentas y balance de ejecución presupuestal de la Intendencia departamental de Treinta y Tres correspondiente al ejercicio 2017.

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