Amnistía: “Militarización de la seguridad pública contribuirá a aumento de violaciones de DD.HH”

A través de la reforma se propone incluir en la Constitución de la República el “levantamiento de la prohibición de realizar allanamientos nocturnos”.

Plantea que “quienes cometan delitos graves (rapiña, violación, homicidios, extorsión, secuestro, copamiento, abuso sexual, trata de personas, tráfico de estupefacientes), no podrá recibir beneficios liberatorios y deberá cumplir la pena en su totalidad”.

También propone la “reclusión permanente revisable para delitos especialmente graves como violación o abuso sexual seguido de muerte, sicariato y el caso de los homicidas múltiples”.

Asimismo establece la creación de la Guardia Nacional, como una segunda fuerza que colabore en la seguridad pública que se la integrará con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Rechazo

Amnistía considera que la creación de una Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa “implica incorporar a efectivos militares a tareas de seguridad interna, y ello es desaconsejable, tal como lo demuestra la práctica en otros Estados de la región”.

La organización de DD.HH remarca que “la formación policial para la protección de la población civil y la asistencia a la Justicia es sustancialmente distinta a la formación militar orientada a la eliminación de un enemigo, en la que a menudo se producen ‘daños colaterales’ que no son necesariamente punibles”.

A la vez, Amnistía cita datos del Ministerio del Interior referidos a que “Uruguay ya tenía en 2016 una tasa de 421 efectivos policiales cada 100.000 habitantes, una cifra alta que supera la de países como Colombia, México o El Salvador”.

Además, el Estado “ya cuenta con cuerpos policiales formados y especializados, como ser la Guardia Republicana, con las mismas funciones que el proyecto de reforma asigna a una Guardia Nacional”.

Amnistía remarca que “la militarización de la seguridad interior ha generado nuevas situaciones de violencia y graves violaciones de derechos humanos en países de la región, como México y Brasil. La evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en brindar seguridad a la población”.

En cuanto a los allanamientos nocturnos, Amnistía recuerda que “los jueces penales uruguayos han declarado no creer que los mismos puedan tener impacto alguno en el combate al narcotráfico en el país”.

Por otro lado, “los allanamientos nocturnos en domicilios particulares aumentan la probabilidad de enfrentamientos armados, poniendo en peligro a los vecinos y transeúntes”.

Sobre la propuesta de “la pena de prisión perpetua revisable a partir de transcurridos 30 años», asegura que la misma “no es recomendable”.

En tal sentido, Amnistía argumenta que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Uruguay es parte, “exige que una pena de este tipo sea revisable a los 25 años, y no a los 30 como dispone la propuesta”.

“Igualmente, el texto planteado no parece impedir la aplicación de esta pena a menores de 18 años, algo expresamente prohibido por la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado en el que Uruguay también es parte”.

Amnistía Internacional entiende que “se debe cambiar de un enfoque punitivo y de militarización sobre la seguridad a un enfoque respetuoso de los derechos humanos en conformidad con los estándares internacionales, en particular las reglas Mandela y Bangkok”.

Asegura que ello implica que “el sistema penitenciario evite la reincidencia a través de la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad”.

“Esto solo será posible brindando a las personas privadas de libertad educación, salud, formación profesional y trabajo, así como políticas de apoyo que les permitan reinsertarse en la sociedad tras su puesta en libertad”, remarca Amnistía.