Rubio: "Stirling, según dijo, sabía nada en los días no clave y además mandó parar la investigación judicial"

También cuestionó al vicepresidente de la República Luis Hierro López, que se reunió varias veces con Arbilla y otras (por lo menos dos) con el inspector Rivero, sin comunicar esos contactos ni al ministro del Interior ni al presidente de la República.

–Dirigentes políticos aseguran que estamos en una crisis inédita que está tocando la esencia misma de la democracia. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto?

–Sí. Es una crisis, en profundidad, que ha estallado de un día para otro y termina tocando a sectores diversos, algunos imprevistos y verificándose niveles de intensidad que muestra que se han desatado las pasiones como no veíamos desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo hay una gran opacidad en todo esto, que determina una dificultad para interpretar lo que está ocurriendo.

La gente aparece como espectadora, con la demanda de saber que pasa. Pero, al mismo tiempo, si esto se prolonga mucho sin esclarecerse, la gente puede comenzar a tener una sensación de disgusto porque vive tremendas urgencias cotidianas que nada tienen que ver con esta cuestión superestructural. Esa es un poco la paradoja de esta situación.

Los distintos escenarios

–¿Usted cree que hubo un manejo del poder?

–Por un lado sucedió eso. En cierta medida uno por el momento sólo puede tener hipótesis de trabajo siendo claro que necesitamos mayor información y testimonios. Por eso creo que el camino de una comisión investigadora del Parlamento puede aportar mucho para identificar los problemas y así poder adoptar decisiones en torno a las responsabilidades políticas y funcionales. En torno al tema de fondo hay que reexaminar los temas del narcotráfico y del lavado de dinero, para así perfeccionar los instrumentos para enfrentar estos flagelos que operan a escala transnacional en este mundo globalizado, determinando si los lineamientos de las políticas que se están aplicando son los más adecuados.

–Usted dice que tiene hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son ellas?

–Son bastante rústicas a esta altura. Me da la sensación de que se ha producido tanto ruido porque se cruzan y tocan en un punto dos líneas de desarrollo y, en cierta medida, tensiones diferentes. Una proviene de una línea de investigación en el marco de los acuerdos internacionales y bilaterales que tiene el Uruguay, y es todo lo que tiene que ver con la «operación Casablanca», la que se está llevando a cabo desde el año 1995. Esta operación tuvo en cierta época su epicentro en Argentina, como uno de los puntos neurálgicos del lavado de dinero para ese grupo de matriz mexicana, pero con tentáculos en todas partes del mundo.

–¿Ese es el escenario de la droga y el lavado de dinero?

–Claro, por una parte viene toda esta investigación de la que surge un grupo de personas y de empresas que hacen inversiones en compras de activos en el Uruguay. Tierras, inversiones inmobiliarias y otras. Una de ellas fue la compra de la casa del empresario y periodista Danilo Arbilla. Esta es una de las líneas de desarrollo del conflicto.

–¿Cuál es la otra?

–El otro escenario está vinculado a un conflicto de larga duración que hay en el Uruguay y que tiene un trasfondo económico muy potente, que es el tema de la publicidad oficial. La distribución de la misma en los medios del país determina el análisis de un mercado de decenas de millones de dólares. Nosotros logramos identificar en el Parlamento que los gastos en publicidad del Estado andaban en el entorno de los 30 millones de dólares anuales. Si sumamos, en un quinquenio llegamos a los 150 millones de dólares, lo que quiere decir que la cuestión de la publicidad oficial ha sido, de alguna manera, una fuente de tensiones muy fuerte en lo político y entre los medios.

Esta situación preocupó a la bancada del Frente Amplio, por lo que llevamos adelante una campaña muy fuerte en el período anterior, muy justificada, contra el Foro Batllista y sus criterios de distribución y gastos en publicidad proveniente de los entes autónomos o de los ministerios. También lo hicimos durante el gobierno del presidente Lacalle. Esta cuestión tuvo su desarrollo por la cual termina en un Juzgado Penal a iniciativa del propio vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla. En el mes de noviembre del año pasado esta polémica se verifica en medio de la campaña electoral y se coloca en manos del juez Juan Contarín que ahora comienza a citar a mucha gente.

–¿Cómo vincula una situación con la otra?

–Diría que Arbilla ocupa un punto neurálgico de las denuncias en torno al problema de la publicidad. Ahora, por el otro lado, se desata todo este proceso escandaloso que lo toca en la medida en que aparece un narcotraficante comprándola una casa en Punta del Este. Uno podría decir que son dos procesos que no tienen nada que ver, pero en realidad, cuando se desatan tantas pasiones, terminan volcándose al escenario, por los motivos que fuere, todos los elementos que existían subyacentes en esta disputa anterior, surgiendo también diferencias políticas, ideológicas, problemas personales, competencia entre los medios de comunicación, etc.

Los ruidos y las responsabilidades

–¿A quién le corresponden las responsabilidades?

–Estas responsabilidades le corresponden al Parlamento y al Poder Ejecutivo y particularmente al Ministerio del Interior. En lo que sucede en torno al problema del lavado de dinero y al narcotráfico, creo que en el punto uno está probado que Uruguay es parte del circuito de lavado de dinero. Hay suficientes elementos de esto en esta investigación que tiene un su origen en EEUU, pero que es también transnacional. La misma está concluyendo que existen inversiones de ese circuito del narcolavado en el Uruguay. En segundo lugar hay que entender que existe un nuevo marco normativo que habilita la lucha contra ese lavado de dólares en términos mucho mayores a lo que sucedía antes, con otros procedimientos y con tipificaciones delictivas nuevas. Ello es producto de que Uruguay ratificó la convención de Viena de 1988, incorporando nueva legislación, fundamentalmente la Ley 17.016, del 22 de octubre de 1998, por la cual se estableces una serie de figuras y de medidas en contra de delitos nuevos. Esa ley incluye cosas novedosas como, por ejemplo, el hecho de que se acentúa mucho el carácter transnacional de este tipo de delitos y, además, se faculta a los jueces a evaluar y, en último término, a procesar por convicción.

–¿Usted cree que este fenómeno del lavado de dinero en el Uruguay es importante en magnitud y extensión?

–Creo que una de las mayores tragedias que tenemos hoy es no poder dar respuesta a esa pregunta. En realidad desde el escándalo del cambio de Italia en el 89, el caso Collor en el 92 y todos los hechos que están en el medio y le siguen, periódicamente reaparecen situaciones de lavado de dinero. El alcance del fenómeno no lo conozco, pero sé que la forma de regulación de la actividad financiera y de las sociedades anónimas en el Uruguay, todo el régimen jurídico que se creó de la dictadura en adelante, es el que habilita todo esto. Es un caldo de cultivo muy fuerte, porque en el Uruguay se pueden comprar y vender sociedades anónimas con acciones al portador, las que pueden estar localizadas en Bahamas, Islas Caimán o en otros lugares, que operan desde nuestro país y a las que es muy difícil seguirles el rastro.

Hay que modificar el régimen legal

–¿Se debe modificar el sistema legal uruguayo?

–Sin duda, pues si no se modifica el régimen legal en materia de secreto bancario, de propiedad de acciones y otros mecanismos, el aclar
ar el lavado de dinero se hace muy difícil.

–¿Cree que la apuesta a la plaza financiera en nuestro país aumenta los riesgos del lavado de dinero del narcotráfico?

–Entiendo que muchos de los capitales que llegan a Uruguay por los circuitos financieros internacionales, tienen como vías de alimentación capitales gigantescos que surgen del narcotráfico. Entonces, que Uruguay esté integrado a los circuitos de lavado no debería sorprender a nadie. Además, prácticamente en todos los informes serios que existen, provenientes de agencias de otros gobiernos del primer mundo aparece Uruguay dentro de estos circuitos de lavado de dinero. Los banqueros alemanes, por ejemplo, nos informó el otro día el senador Couriel, sostienen que Uruguay tiene depositados en el exterior alrededor de 6 mil millones de dólares.

Los banqueros de otros países saben mucho más que nosotros aquí en el Parlamento, sobre lo que ocurre en el mundo de las finanzas de Uruguay. Hay un flujo de información, bastante importante, acerca del lavado de dinero y, si se le viene siguiendo la pista en otros países y se logra identificar el circuito, encontrándose que pasa por el Uruguay, es claro que aquí se pueden establecer responsabilidades. En este caso concreto algunas de las empresas que se vinculan con los hermanos Di Tulio, por ejemplo Sasur, aparecen hasta registradas en la Dirección General Impositiva. También ello ocurre con la financiera Mercado Abierto, que también aparece con registros en la Bolsa de Valores. Esas empresas compraron activos e hicieron inversiones en Uruguay. Entonces esa discusión de que si existe lavado de dinero del narcotráfico está ya fuera de lugar. Podemos decir que sí lo hay. Somos parte del circuito, pero no sabemos en qué proporción. Pero podemos sospechar que en una intensidad bastante importante.

Arbilla y un trámite tortuoso

—¿Qué responsabilidad le asigna al Poder Ejecutivo en torno a la situación que tuvo como centro la investigación sobre la venta de la casa de Arbilla y que culminó con la destitución del inspector General Rivero?

–Lo trágico de todo esto es que estando probado que somos parte del circuito de lavado de dinero negro y teniendo una legislación que nos obliga a combatir esos delitos, ocurran cosas como las que ha estallado en los últimos días. Además, existe una posición política que parece ser unánime, de que esto debe ser combatido, estando todo el mundo también de acuerdo que en estos casos se deben dar las máximas garantías a los ciudadanos para que no resulten enchastrados con cosas en que no tienen nada que ver. Quiero decir también qué este es un ministro del Interior que ha tenido el mayor respaldo político desde la instauración democrática, pero vivimos la paradoja de estar ante varios elementos negativos que lo cuestionan y una investigación frustrada y bloqueada en su desarrollo. Además, el oficial que la llevaba adelante está separado de su cargo por un ministro que no estaba enterado de lo que ocurría en su propio ministerio. El vicepresidente de la República Luis Hierro López sí estaba enterado muy bien, al punto de que, según el testimonio de Arbilla, éste (Hierro López) se reunió dos veces con el inspector Rivero.

–¿Cree que existen situaciones preocupantes, según como de desarrollaron los hechos?

–De esa cronología se desprende que los hechos más importantes sucedieron entre el 16 y el 29 de marzo y el ministro Stirling se entera de los mismos en la noche del 28 al 29 por una llamada del presidente de la República. En cambio, lo que es más grave, es que el vicepresidente de la República está en conocimiento de los hechos desde el día 22 de marzo, porque Arbilla le entrega una copia de los primeros oficios y, a partir de ese momento, se reúne con Rivero en dos oportunidades.

Es decir, Stirling no sabe nada, por lo menos no sabe nada durante las dos semanas clave. Después se entera por Batlle. No conoce lo que está ocurriendo en las dos semanas en las cuales se envía el primer oficio al Juzgado de Maldonado, el 16 de marzo, cuando se envió el segundo oficio, cambiando el anterior, el 24 del mismo mes. Stirling, en todo ese período, no sabe nada. Se entera por una llamada del Presidente de la República en la noche del 28 al 29, porque el propio Arbilla le entrega a Batlle los dos oficios. Sin embargo, hay una carta de Arbilla a Rivero, del día 28, en que dice desconocer el segundo de los oficios, lo que me llama profundamente la atención, porque en realidad es el mismo día en que entrega los dos oficios al presidente Batlle.

–Usted analizó en cierta manera la actuación del ministro Stirling y las críticas que le merece. ¿Que opina de la participación del vicepresidente de la República, Luis Hierro López?

–Para mí el tema más grave es que el vicepresidente de la República participa de una gestión, manteniendo dos conversaciones con el inspector Rivero y más de una con Arbilla. Esto lo inferimos porque la segunda conversación de Hierro López con Rivero es para decirle que el segundo oficio no había dejado conforme a Arbilla.

Hubo una injerencia muy grave en un punto clave de la estructura de mando del Ministerio del Interior por parte del vicepresidente de la República, sin conocimiento ni del ministro, que está por debajo del vicepresidente, ni del Presidente de la República, que está por encima. Ante esto, me parece que la posición del ministro Stirling es delicada porque no estaba enterado. Pero sí estaba enterado el vicepresidente que no se lo comunicó. La posición de Stirling es también delicada porque se contradice en sus manifestaciones públicas sobre cómo evalúa al inspector Rivero. Por un lado dice que es una brillante persona con una trayectoria impecable y por otro lado lo califica de terrorista de Estado, que es algo muy duro. Además, es delicada porque se equivoca cuando manda un tercer oficio, 29 de marzo, al Juzgado de Maldonado, en que trata de terminar con todo, pidiéndole a la jueza Canesa que cierre la investigación, lo que no le corresponde ni por asomo al Ministerio del Interior. Además, en el Parlamento el ministro dice que se han hecho acusaciones «execrables» contra terceras personas, partidos, gobernantes del extranjero y periodistas, manteniendo en su cargo al inspector Rivero hasta el día en que se produce una llamada de éste al periodista Arbilla, que es consignada en dos memos, uno al Presidente de la República y otro al propio ministro del Interior. Allí Stirling resuelve destituir a Rivero.

No interferir con la Justicia

—¿Que consideración le merece la denuncia de Arbilla sobre una amenaza por parte de Rivero?

–Primero queremos escuchar la versión de Rivero sobre esa conversación telefónica con Arbilla. Sobre esa llamada tenemos una versión, pero no sabemos el contenido de la misma. Pero le sigo diciendo que la situación de Stirling es delicada porque no da respuesta al problema de fondo, que es si opera o no en Uruguay el Cártel de Juárez y es delicada también porque no aporta documentación en ningún momento.

O sea que tenemos primero una investigación frustrada, en segundo lugar un oficial sancionado, en tercer lugar un ministro que está y en cuarto lugar, a ciudadanos con un manto de sospecha sobre su honorabilidad, como es el caso de Danilo Arbilla.

Eso es lo peor que puede pasar, o somos culpables o inocentes. Y somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, pero ello puede que no ocurra ya que el ministro intentó parar la investigación en el ámbito judicial. De hecho lo hizo en el ámbito policial.

–¿Cómo se sale de esta situación?

–Sobre la base de distintas l