Jubette: "Batlle me criticó porque no fue debidamente informado"

Se mostró por otra parte «sorprendida» por las críticas lanzadas en su contra por distintos actores políticos y, fundamentalmente, por el presidente Jorge Batlle. En tal sentido la magistrada entendió que las críticas de Batlle se debieron a «que no estuvo debidamente informado» por los abogados que representaron al Estado, en el caso que finalizó con una sentencia histórica desde que se aprobó la Ley de Caducidad en 1985.

Jubette se prestó gentilmente a dialogar con LA REPUBLICA recordando entre otras cosas sus inicios en el Poder Judicial en el año 1986 como defensora de oficio en todas las materias en la ciudad de Bella Unión. A los dos años la Suprema Corte de Justicia le propuso un cargo de juez de Paz en su departamento natal, Salto. Luego pasó a ser jueza letrada en lo penal durante diez meses, para posteriormente pasar a la materia civil. En el año 1995, tras ser calificada en el ranking de los 10 mejores jueces del interior la trasladan a Las Piedras. Allí estuvo un año para luego ingresar a Montevideo y a partir del mes de junio de 1997 ocupa el cargo en el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno.

–El «caso Quinteros» ha motivado que usted haya estado y aún lo esté, en la consideración de toda la población y por sobre todo de los los Poderes del Estado. ¿Esto ha motivado en usted algún cambio tanto a nivel profesional como personal?

–Mi vida no ha cambiado para nada. Simplemente que el caso de Elena Quinteros tuvo mucha trascendencia, tanto porque se trata de personas desaparecidas en el gobierno de facto, como también que toda la sociedad estaba expectante del fallo y el grupo de familiares de desaparecidos. No me sentí distinta ni pretendí con el caso, como de repente lo entendió algún sector político que creyó que yo quería tener un superprotagonismo o algo similar. Si el protagonismo sirvió para que se cumpliera una ley yo estoy muy contenta. Por otra parte ese protagonismo no lo inicié yo sino que fue producto de una acción de raigambre constitucional que planteó una madre y que salió una sentencia que también ha sido confirmada unánimemente por el Tribunal de segunda instancia.

–¿Siente que con su fallo colaboró a que familiares de personas desaparecidas durante el régimen militar tengan una esperanza de conocer su paradero?

–Me sentí muy contenta de poder colaborar siempre desde la norma jurídica que es lo que debemos hacer los magistrados. Me alegra que familiares de personas desaparecidas hayan tenido respuesta favorable de la Justicia en por lo menos uno de los casos planteados, sin perjuicio de que existen también otros caminos que tienden a algo muy similar y que se están impulsando desde la propia Presidencia de la República.

–Hoy el Estado está obligado a investigar en el caso de la maestra Quinteros como consecuencia de la sentencia que usted pronunció. ¿Hasta allí llega la competencia de la Justicia?

–En este tema en concreto de los detenidos desaparecidos la obligación solamente le cabe al Poder Ejecutivo, porque así lo establece el artículo 4 de la Ley de Caducidad y la otra norma que es la ratificatoria a la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. En cualquiera de las dos normas –derecho vigente en el país– el punto concreto de la investigación está a cargo del Poder Ejecutivo o del poder administrador, dicho de otro modo.

–¿Durante el proceso tuvo respaldo de las jerarquías del Poder Judicial?

–No sentí respaldo pero tampoco creo que sea necesario. Esto justamente avala la independencia técnica que tenemos los magistrados.

–De todos modos usted envió un informe a la Suprema Corte donde detalla los fundamentos de su accionar. ¿A qué se debe este informe?

—Yo tomé conocimiento con fecha 30 de mayo de que el Ministerio de Defensa había interpuesto una denuncia en contra de la actuación del magistrado del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno del cual soy titular. Frente a esa denuncia la Suprema Corte de Justicia, por vía administrativa, me solicita que le informe en un plazo de cinco días respecto de los términos de la denuncia. La denuncia tenía que ver con que sostenía un error inexcusable de las etapas procesales cumplidas en el trámite y fundamentalmente de si se elevó o si no se había elevado, de si se retardó o no la elevación del recurso de apelación.

Con fecha 2 de junio yo le elevé a la Corte un informe con las razones y fundamentos de por qué había actuado así.

–Quienes presenciaron la audiencia en la que usted dio a conocer el fallo, notaron ciertos gestos de emoción en su persona. ¿Se sintió emocionada por el contenido de la sentencia?

–Fue una errónea apreciación de la lectura del fallo por varios motivos. Yo no puedo dejar de desconocer y sería deshonesta de hacerlo si digo que estaba tranquila.

No, no estaba tranquila, estaba muy nerviosa y me habían sucedido cosas previas a la lectura del fallo, como por ejemplo que se me había roto la computadora y tuve que volver a hacer el fallo con mucho menos tiempo del que había pensado para tenerla pronta.

Además estaba nerviosa por una presión que para quien no está acostumbrado a estar frente a medios de prensa, micrófonos, cámaras, periodistas y una delegación muy importante que había acompañado al accionante –María «Tota» Almeida de Quinteros–, me llevarona a estar no emocionada sino nerviosa. Se pudo haber atribuido el tema de la emoción y se deslizó en un semanario de nuestra capital que puso que la doctora Jubette había leído con voz entrecortada y ojos humedecidos el fallo. No era que estuviera llorando ni nada por el estilo, simplemente se trata de una enfermedad que estoy teniendo en mi ojo izquierdo lo que hace que tenga que ponerme gotas y eso me ocasiona el lagrimeo. Pero aclaro que no hubo emoción, sí los nervios propios de la responsabilidad de decidir un tema importante y sobre todo me preocupaba la reacción que podía tener la señora Almeida de Quinteros frente al conocimiento de este fallo, más que nada teniendo en cuenta su edad y por la espera de tantos años y cómo podía llegar a tomar eso.

–En este tipo de casos donde intervienen muchos intereses, la gente puede llegar a opinar o creer que el juez actuante puede ser sometido a algún tipo de presiones. ¿Usted tuvo algún tipo de presión?

–En primer lugar quiero dejar claro que en ningún caso en los que me ha tocado actuar tuve nunca ningún tipo de presión. Ni en este ni en ningún otro caso nadie me presionó, nadie me llamó por teléfono como alguien puede pensar, ni de nivel político, ni de la Suprema Corte de Justicia ni tampoco de compañeros del Poder Judicial.

–¿Le molestaron las críticas que lanzaron contra usted distintos actores políticos?

–Hubo sí cuestionamientos políticos después de mi fallo pero uno los toma como de quien viene. Yo resolví una cosa desde el punto de vista jurídico y legal. Las críticas políticas pueden darse libremente, nosotros los magistrados no podemos salir a contestar. Pero sin embargo no ocurrió lo mismo con el fallo en segunda instancia que confirmó mi decisión. Allí no existió ningún tipo de declaración en ningún sentido.

–¿Y los cuestionamientos que formuló contra usted el presidente Jorge Batlle, le molestaron?

–Las críticas del presidente Jorge Batlle no me molestaron sino que me sorprendieron.

Creo que el doctor Batlle no estaba debidamente informado de la tramitación del expediente. Me da la sensación de que los profesionales que defendieron al Estado ado
ptaron una posición, entendieron que existió una denegación de apelación y a partir de ahí siguieron sosteniendo ese criterio y le informaron mal. Quizás ese criterio fue el que, a mi juicio erróneamente, se le transmitió al doctor Batlle. Me sorprendió que el Presidente, en conferencia de prensa, hiciera referencia a mi actitud equivocada y que por sobre todo involucrara al sistema del Poder Judicial.