Organismos internacionales señalan al balneario uruguayo como un lugar de blanqueo de dinero sucio

Cómo se lava el dinero en Punta del Este

Este informe aporta nombres, cifras, ubicaciones y datos comprobables sobre una actividad que, como lo señaló el ex jefe regional de la DEA Abel Reynoso, “empieza con sociedades anónimas armadas siempre en los mismos lugares”.

Residencias e inversiones inmobiliarias que alcanzan valores sólo medibles en millones de dólares, propiedad de personas que no las habitan más que 30 días al año y que en sus respectivos países han sido acusados por diferentes prácticas delictivas, compradas por sociedades anónimas hechas en los estudios que citó Reynoso, despiertan, obviamente, curiosidad. Aunque no de todos. Durante muchos años –con una fecha de comienzo que se puede establecer en 1976, época de “plata dulce” argentina– el dinero fluyó a raudales sobre esta porción de territorio uruguayo.

Mucha gente se enriqueció de un día para otro. Y no sólo los operadores inmobiliarios y las empresas constructoras, sino también pequeños propietarios de lotes privilegiados que en breve lapso –como consecuencia de la especulación– pasaron de valer casi nada a valer millones.

Sólo así se entiende que muy pocos se pregunten por el origen de tanto dinero desparramado generosamente sobre un lugar que tiene hoteles cinco estrellas, aeropuertos y doble vías, pero aún carece de saneamiento. “La plata no tiene color ni frontera”, era la frase hecha con la que cualquier operador financiero contestaba cuando se le mencionaba que el fulano dueño del dinero estaba acusado en su país por graves delitos.

Lavar dinero no es otra cosa más que legalizar activos provenientes de actividades ilícitas. Bancos, casinos, inversiones inmobiliarias y grandes emprendimientos comerciales sirven a tal fin.

Las leyes que consagraron a nuestro país como un paraíso fiscal –creadas y puestas en práctica por la dictadura militar, mantenidas y ampliadas en democracia– se emplean para esconder prácticas corruptas en otros países del mundo. Secreto bancario, secreto tributario, sociedades anónimas, protegen al inversor honesto, pero también y –fundamentalmente– a aquel que coloca sus dineros mal habidos en nuestro sistema financiero o compra propiedades en un lugar donde preguntar es cuestión de mal gusto.

Quinientos mil millones para legalizar

El asunto no es nuevo y ha sido intensamente debatido. Claro que en función del perfil y ubicación de Uruguay en el esquema internacional de “lavado de dinero” pronto podría llegar el día en que “Tío Sam” nos niegue sus “certificados” y un país que ha cumplido meticulosamente con sus compromisos financieros, vea trabado su acceso al mercado internacional de créditos.

Uruguay no sólo figura en las rutas más importantes de tránsito de cocaína a nivel mundial, sino que, además, está considerado como un país de prioridad media – alta por la International Narcotics Control Agency de los Estados Unidos, según su calificación de abril de 1994. No estamos muy lejos de Colombia, Islas Caymán, Panamá, Singapur y, aunque no es consuelo, del propio Estados Unidos.

En noviembre de 1997 el diario USA Today publicó un informe elaborado por “Freedom House”, institución de estudios sobre la democracia, que aporta datos reveladores acerca de la magnitud del problema que significa el tránsito de dinero proveniente del narcotráfico para el sistema democrático. Según ese documento “el tráfico de drogas representa entre el 10% y el 13% del comercio mundial; mueve unos 500 mil millones de dólares al año y supera ampliamente al mercado mundial del petróleo”. El mismo informe establece que en “31 países se producen drogas y el lavado de dinero generado se realiza en otras 33 naciones”, entre las que se encuentra Uruguay. ¿Cuánto de ese dinero sucio se invierte en nuestro país?, es una pregunta imposible de responder hoy. Aunque –con su concepto abarcativo– podría decirse, mucho. Más preciso aún: muchísimo.

Vivas, Cambio Italia y Cambio Dyana

La DEA y los organismos locales vinculados a la lucha contra el narcotráfico hace tiempo que pusieron sus ojos sobre un balneario considerado paradisíaco. Pero que ahora parece perdido, por lo menos en su identidad históricamente tradicional.

Cuando en febrero de 1989 fue detenido Raúl Vivas, un argentino que operaba el Cambio Italia en la avenida Gorlero frente al casino Nogaró, también surgió a la luz pública la existencia de intereses transnacionales dedicados a legalizar las montañas de dinero que produce la venta de drogas ilegales. Del expediente sustanciado en el Juzgado de 4º Turno en lo Penal de Maldonado, se desprende que el Cambio Italia estaba estrechamente relacionado al Cambio Dyana –cuya razón social era Ariadna SA– y ambos se dedicaban al tráfico de oro, tarea dirigida por Vivas en Uruguay. Un ciudadano francés de apellido Ducó fue quien vinculó a ambos cambios con un tercero llamado Victoria, que tenía sucursal en Rivera.

Pero el dato más sorprendente era que el ex ministro del Interior de la administración Lacalle, Angel María Gianola, era el presidente de Ariadna SA cuando el Banco Central del Uruguay ordenó su clausura por haberse comprobado la vinculación al lavado de dinero. Entre el personal ejecutivo del cambio Dyana también figuraba el mayor de ejército (r) Alberto Casabó, quien fuera durante años director Nacional de Turismo hasta que se creó el Ministerio, y para quien se armó una embajada uruguaya en Gabón.

Raúl Vivas fue detenido en Uruguay a partir de una solicitud judicial proveniente de los Estados Unidos, donde un Tribunal Federal de California venía sustanciando una causa por lavado de dinero contra una organización de ciudadanos en su mayoría de origen armenio, conocida como “La Mina”. El 20 de noviembre de 1994 el matutino La Mañana publicó información relativa a una solicitud del juez federal argentino Juan José Galeano (causa 883-Méndez Sylvia Cristina, infracción ley 23737), quien libró una solicitud de exhorto dirigida a la Justicia uruguaya para investigar decenas de cuentas bancarias abiertas en Uruguay por Vivas y su esposa, Ana María Martínez. En esas cuentas había depositados varios millones de dólares.

Investigar las cuentas y actividades de Vivas lleva de la mano al asesinado empresario Luis Ernesto González, con quien tuvieron negocios comunes en el tráfico y venta de oro. El juez Galeano reclamó además investigar “varias inversiones inmobiliarias a través de 11 sociedades anónimas –algunas situadas en Punta del Este– y a una empresa constructora”. El dinero circulaba por el Chase Manhattan y el Citibank.

Vivas estuvo detenido en Maldonado y desde allí fue extraditado a los Estados Unidos en agosto de 1989. Actualmente cumple una condena de 555 años de prisión en una cárcel del estado de Colorado. El 22 de octubre de 1989 LA REPUBLICA publicó una entrevista a Raúl Vivas en la que éste explicó cómo contrabandeaba oro para ingresarlo a los Estados Unidos, donde “La Mina” compraba todo. Una onza del precioso metal (0.28 gramos) llegó a valer 880 dólares; hoy alcanza sólo los 290 dólares. Pero su negocio convirtió a Uruguay, que no tenía entonces ni una mina, en el segundo exportador de oro a nivel mundial sólo detrás de Sudáfrica.

Según informaron fuentes calificadas, “esa exportación se hacía con el aval del Banco Central”, que según parece nunca sospechó nada raro. El “lavador” era un vecino conocido en Punta del Este. Por sus calles solía caminar junto a su esposa e hijos y cada noche desparramaba una fortuna en el casino del Estado. González está muerto y su crimen aún por aclarar. Vivas aún está preso. Sólo el cambio Dyana vendía entonces unos 600 kilos de oro al mes, unas
24.000 onzas equivalentes entonces a casi 20 millones de dólares.

Puentes, Yoma y el Cártel de Cali

Dos años habían pasado desde el escándalo Vivas cuando se descubrió algo peor. El contador del Cártel de Cali, Ramón Humberto Puentes (55), nacido en Cuba, fue detenido en un hotel de Punta del Este a solicitud del juez Baltasar Garzón por policías españoles y uruguayos. Portaba tres pasaportes a nombre de José Lezcano Patiño, panameño; José Lezcano Patiño, argentino; Raymond Puentes, cubano con pasaporte de Estados Unidos.

Entre 1982 y 1986 introdujo unos 10.000 kilos de cocaína a los Estados Uidos. La droga provenía de bases ubicadas en Panamá e ingresaba vía Miami. Pero el origen de la misma era Colombia. El principal proveedor de Puentes era Jairo Durán, lugarteniente del jefe del Cártel, Jorge Ochoa. Cuando en el año 1988 se descubrió un cargamento de 530 kilos de cocaína en Barcelona, España, Puentes decidió que Centroamérica había dejado de ser un lugar seguro para trabajar y trasladó sus operaciones al Sur; más concretamente a un paraíso fiscal que comenzaba a ponerse de moda. Ese lugar era nada menos que Uruguay.

Una agenda (en realidad un cuaderno gordo de tapas duras) encontrada al narcotraficante puso en evidencia algunas informaciones que hicieron temblar al gobierno de Carlos Menem. Su cuñada y secretaria de Audiencias, Amira Yoma, estaba mencionada como trasladando un “cargamento” de dinero desde Nueva York en las legendarias valijas Samsonite color azul. La agenda dice exactamente: “Amira 720 (- 50)”. Como para que no quedaran dudas de que era la misma Amira, también aparece el nombre de su marido, Ibrahim Al Ibrahim, responsable de la Aduana de Ezeiza gracias a un decreto firmado por el entonces vicepresidente y ex gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.

El marido de la cuñada presidencial era mucho más efectivo, ya que según consigna esa agenda trasladó 7.559.000 dólares. La “sociedad” tenía varias cuentas en el Banco de Santander en las que había depositado decenas de millones de dólares. El expediente abierto en el Juzgado de 4º Turno consigna que “en varios viajes sucesivos Amira Yoma trasladó hacia Uruguay una cantidad de dinero imposible de cuantificar, escondido en puertas y carrocería de una camioneta Peugeot 505 break color gris”. Ese dinero fue depositado en dos bancos ubicados en la avenida Gorlero.

La historia y sus consecuencias son por demás conocidas. Pero muchos de los hombres que la protagonizaron también fueron o son habituales vecinos de Punta del Este. Puentes, que vivió aquí durante más de un año junto a su socio boliviano Emilio Selich Schop, compró todo lo que pudo; aunque de operaciones inmobiliarias nada se sabe merced al secreto que otorgan las sociedades anónimas. Las inversiones conocidas fueron realizadas en pinturas y otras obras de arte, particularmente valiosas.

En su caso trabajaron cuatro jueces: Baltasar Garzón en España; María Servini de Cubría y Amelia Berraz de Vidal en Argentina y Gabriel Adriasola en Uruguay. Finalmente este último decretó su extradición hacia los Estados Unidos. Un Gran Jurado de Miami lo condenó el 20 de mayo de 1992 a diez años de prisión. Una condena tan benigna para un sujeto que introdujo diez toneladas de cocaína a ese país sólo tiene una explicación: Ramón Puentes aceptó colaborar con la DEA.

El domingo 26 de octubre de 1996 el matutino El País tituló: “DEA advierte: Uruguay en peligro por droga” y publica una extensa entrevista a Gregory Philips –agente especial de la agencia en Buenos Aires– en la que expresa preocupación, también, por el tránsito de drogas a través de nuestro territorio.

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