Nicolini, sobreseído por la Fiscalía

«El fallo demuestra que no hubo un ataque a una colectividad política», dijo Nicolini al finalizar la audiencia, en referencia a sus declaraciones del 8 de junio de 1996 cuando afirmó que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle hubo «una organización de funcionarios públicos que trabajaba en beneficio propio».

No obstante, los directores blancos que habían presentado la denuncia en nombre de la «persona jurídica» denominada Partido Nacional decidieron proseguir el juicio en nombre de las «personas físicas» que habían firmado el escrito para enjuiciar a Nicolini.

En consecuencia, el abogado de Nicolini, el doctor Gonzalo Fernández, interpuso una «excepción de inconstitucionalidad» contra la norma de la Ley de Prensa que invocaron los blancos para continuar el juicio por la acción privada.

Fernández destacó que existe abundante jurisprudencia que considera inconstitucional el artículo de la Ley de Prensa que habilita a las partes a iniciar una querella privada cuando el Poder Judicial no encuentra acusación posible contra el inculpado.

La aducida inconstitucionalidad de la norma invocada deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La magistrada actuante, la jueza en lo penal de 6 Turno, Fanny Canessa, recibió un nuevo escrito de denuncia que el abogado de los blancos, doctor Diego Guadalupe, ya traía pronto dentro de un bibliorato. El escrito será dado a conocer al abogado de Nicolini antes que el expediente pase a la SCJ.

De acuerdo con las normas procesales, los blancos carecerán de toda posibilidad de incorporar nuevas pruebas al expediente, aunque logren ser habilitados para continuar el juicio.

El sobreseimiento pedido por Tellechea se basó en pruebas y testimonio aportados por ambas partes.

 

Sobreseimiento, clausura y archivo

La fiscal Tellechea solicitó ayer a la jueza Canessa el «sobreseimiento» de Nicolini, la «clausura» de las actuaciones judiciales y el «archivo» del expediente.

«No existió dolo», afirmó la fiscal respecto a las declaraciones de Nicolini que motivaron el juicio. «No existió ánimo de ofender», señaló. «No existió una intención menoscabante», agregó. «No hubo una intención de lesionar el honor» de los denunciantes, aseveró.

Tellechea indicó que Nicolini «habló genéricamente, sin referirse a la esfera privada de ninguno de los comparecientes», presentes como denunciantes. El ex diputado, añadió, se expresó «en forma genérica, sin individualizar a ninguna persona en particular».

La fiscal fundamentó que Nicolini «demostró que no era el único» que por entonces se refería en público a sonados casos de corrupción que involucraron a jerarcas del gobierno de Lacalle, varios de los cuales fueron encarcelados.

Nicolini en 1996, remarcó Tellechea, «no estaba diciendo nada nuevo ni distinto a lo que por entonces estaban diciendo los propios denunciantes», como es el caso de Alberto Zumarán, quien en 1997 llegó a decir que «la corrupción se instaló en las filas superiores del partido». «El gobierno de Lacalle ha sido uno de los momentos más duros que vivimos los blancos», había afirmado. «Es público y notorio que el presidente saliente (Lacalle) se compró una casa de altísimo valor. Tiene derecho; pero tiene que explicar de dónde salieron los fondos», dijo también.

«Los blancos nos equivocamos al elegir», había dicho por su parte Juan Andrés Ramírez, quien a su vez había afirmado que ciertos jerarcas lacallistas «llegaron a cometer ilícitos».

Las declaraciones de prensa de Zumarán y Ramírez habían sido incorporadas al expediente por el propio Nicolini, quien destacó que las declaraciones de los dirigentes blancos, a diferencia de las suyas, sí afectaban la imagen pública del Partido Nacional en su conjunto.

La fiscal advirtió que las declaraciones de Nicolini se produjeron cuando existía «un sentimiento colectivo» que apuntaba al gobierno lacallista como foco de corrupción. Basó incluso su parecer en el testimonio que prestó Gonzalo Aguirre, quien en una audiencia pasada relató cómo fue objeto de insultos en la calle cuando, en dos oportunidades, le gritaron «ladrón», tras haber ejercido la vicepresidencia de la República.

Los dichos de Nicolini, agregó Tellechea, «formaban parte de un sentimiento colectivo de la sociedad» de entonces.

La fiscal cuestionó además la «legitimación activa» de los denunciantes que promovieron el juicio en nombre de la «persona jurídica» denominada Partido Nacional. «El bien jurídico protegido», explicó, «es el honor moral de las personas». «No puede haber un honor colectivo», afirmó. Definió «el honor» como «un derecho inherente a la personalidad» humana.

 

«Inconstitucionalidad» en la Ley de Prensa

Luego que Tellechea pidiera el «sobreseimiento» de Nicolini y cuestionara la legitimidad de la «persona jurídica» Partido Nacional, el abogado Diego Guadalupe, patrocinante del Directorio blanco, entregó un escrito, que ya traía preparado, el cual fue firmado en el momento por las «personas físicas» que asistieron a la audiencia, directores que habían acompañado la denuncia presentada el 10 de junio de 1996.

Guadalupe, hijo del extinto herrerista Washington Guadalupe, se amparó en una norma de la propia Ley de Prensa para que los directores blancos pudieran proseguir el juicio en carácter de «personas físicas».

Adujo que los directores blancos, muchos de los cuales ocuparon cargos de jerarquía durante el gobierno lacallista, entendieron que se sintieron «lesionados en su honor» por las declaraciones de Nicolini, y también por los dichos que manifestó el ex diputado el 20 de marzo de 1997, en la Cámara de Representantes, cuando una mayoría blanca y colorada «suspendió» sus derechos como legislador.

En consecuencia, el abogado de Nicolini, doctor Gonzalo Fernández, interpuso una «excepción de inconstitucionalidad» contra la norma de la Ley de Prensa en la que se basó Guadalupe para iniciar «una querella privada».

Fernández recordó que existe abundante jurisprudencia de la SCJ que sostiene que en el sistema constitucional «impera la acción pública u oficial».

Argumentó que «el ejercicio de la acusación penal no puede ser atribuido en forma remanente o subsidiaria a una parte», luego que el Poder Judicial y el Ministerio Público «no encuentre acusación».

Señaló que «la excepción de inconstitucionalidad» deberá ser dirimida por la SCJ.

Los blancos pidieron entonces a través de Guadalupe cinco minutos para evaluar la situación. Canessa ofreció su despacho para que los directores pudieran deliberar. La audiencia comenzó, no obstante, más de media hora después, sin que los blancos variaran su posición.

A diferencia de la audiencia anterior, cumplida el miércoles 14, los blancos se retiraron de sala en silencio sin ofrecerse para ser entrevistados por los periodistas presentes. El único que habló fue el diputado lacallista Gustavo Borsari, quien informó que el tema será tratado por el Directorio «para una decisión definitiva».

Mientras tanto, la jueza Canessa deberá dar a conocer a Fernández el nuevo escrito presentado por Guadalupe, al tiempo que el expediente deberá luego ser remitido a la Suprema Corte de Justicia. *