Avance "monopólico" en el Puerto de Montevideo

A fuer de ser exactos, la situación detonó el 2 de marzo de 1998 y se trató, lisa y llanamente, de una interpretación de algunos mandos políticos de turno.

Ese día, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, el conocido Ruben Díaz y el secretario general interino del organismo, el menos conocido doctor Edgardo Amoza Antúnez de Olivera firmaron la resolución 128/3044. Liquidaban de un plumazo la hasta entonces leal competencia de los privatizados «depósitos» portuarios, en realidad para esas fechas, las playas de estacionamiento para contenedores, herederos históricos de los galpones del puerto metropolitano.

En el primer artículo de su parte resolutiva, el documento dice: «El Directorio, en su Sesión Nº 3044 celebrada en el día de la fecha, RESUELVE: 1º.- Para calcular el canon a pagar por la firma BOMPORT S.A. en lo que tiene relación con las toneladas movilizadas, se tomará la suma de las toneladas movilizadas diariamente en el mes de cálculo, divididas por los días del mes».

Al lector, el texto puede resultarle sánscrito.

En buen romance, significaba que, de buenas a primeras, la misma suma que abonaban al Estado por cada día, de ahí en más, pasaban a pagarlo, por cada mes.

Por supuesto que ello afectaba duramente la competencia con los demás depósitos privados, que debían seguir abonando los cánones estipulados en la negociación primigenia.

El reclamo fue de nota, pero altas personalidades del Foro Batllista, interviniendo en las acciones, inhibieron a los denunciantes de seguir con sus planteos.

«Que no molesten a los que trabajan en el puerto», habría sido la respuesta de la más alta jerarquía nacional que intervino en el diferendo, aun cuando su óptica colorada detesta al Foro.

De allí en más la búsqueda de una solución por parte de los afectados no ha cesado. Algunos abandonaron incluso el puerto.

Pero nadie se atreve a elevar denuncia formal, ante el miedo de represalias que conviertan al remedio en algo peor que la enfermedad.

 

Depósitos de depósitos

Cuando se empieza a aplicar el régimen de concesiones de los depósitos intraportuarios, en 1994, se establecía en general un canon en base al promedio de toneladas por día, con un monto de entre 0,35 y 0,45 dólares por tonelada diaria.

Cada depósito que se había concesionado tenía un valor distinto, porque en definitiva, en régimen de concesión o régimen de servicio renovable se hacían ofertas: cuantos más depósitos había, el precio, de alguna manera, iba bajando.

Llegaron a haber siete depósitos dentro del puerto, correspondientes a otras tantas empresas. Actualmente sobreviven seis.

Hubo una evolución de las concesiones y el canon más alto dentro de las concesiones era el de Bonport, cuya estructura privilegiada, salida frente a la torre de Antel y 20.000 metros cuadrados (frente a la media de 4.000 de los restantes), lo había convertido en el principal operador del área.

Para 1998, el depósito en cuestión pasa a integrar el grupo empresario liderado por Ruben Azar Scarone, un despachante de aduana con oficinas internacionales, de vasta trayectoria en el medio.

«Un empresario del ambiente muy movido, con mucho empuje», al decir de sus competidores.

Tras este cambio en el liderazgo de la firma, se efectúan contactos al más alto nivel de la ANP, con la finalidad de ajustar el canon, que se encontraba en ese momento por encima de la media de similares negocios en el puerto.

En ese marco aparece el expediente de la discordia, el cual, aun dentro de la legalidad vigente, coloca el canon a niveles absolutamente inesperados, y de casi imposible competencia para los rivales.

En el año 2000, asume el nuevo Directorio de la ANP, presidido por el ingeniero Agustín Aguerre, los actores de esta historia reconocen que uno de los primeros temas que se abordó fue la búsqueda de un «emparejamiento» de los cánones de los distintos depósitos.

«Aguerre lo que buscó fue unificar los depósitos como explotadores de infraestructura con un concepto más inmobiliario que de asociación al resultado del negocio, por tonelada día», explican los informantes. Así planteadas las cosas, sobre la base del costo de metro cuadrado en el depósito portuario se buscó llevar la negociación a nivel individual, pero en un marco total para que todos compitieran en condiciones de igualdad.

Ello fue muy bien visto por todos los depósitos en el puerto, principalmente por aquellos que tenían una concesión más que un permiso (estos últimos son de negociaciones a corto plazo, lo que facilita las condiciones de los acuerdos), algo más complicado para los concesionarios.

Estos últimos también tienen posibilidad de renegociación, pero debe contar con el visto bueno del Tribunal de Cuentas, algo que, curiosamente, en el acuerdo con los actualmente más beneficiados no se concretó.

Recuerdan los empresarios que durante la administración de Aguerre se buscó llevar a un precio promedio más bajo el canon, además de «atacar algo que le rompió los ojos y de lo que se venían quejando todos los demás: todos pagaban un canon, pero había uno, que pagaba 15 veces menos».

Los más memoriosos recuerdan que Aguerre se manifestó en duros términos contra este beneficio, e incluso habría anticipado su propósito de retirar la concesión al grupo que disfrutaba de la curiosa prebenda.

Toda esta intención fue antes de recibir la llamada telefónica citada, que le conminó a «dejar trabajar en el puerto». *