Ratificaron ayer la denuncia penal contra Bordaberry por "atentado a la Constitución"

«El delito (cometido por Bordaberry) está configurado y no requiere prueba», afirmó a los medios de comunicación la abogada Hebe Martínez Burlé, patrocinante de la denuncia junto al abogado Walter De León.

La denuncia, presentada en una primera instancia el 19 de noviembre de 2002, se basa en que Bordaberry violó la Constitución Nacional cuando firmó el 27 de junio de 1973 el decreto que disolvió las cámaras legislativas y creó el Consejo de Estado sin llamar a elecciones anticipadas, como lo hubiera habilitado la Carta Magna.

La ratificación de la denuncia consistió meramente en «un trámite formal», explicó Martínez Burlé, tras la contienda de competencias que planteó la fiscal penal de 5 Turno, Ana María Tellechea, quien había considerado que el caso debía ser tratado por la Suprema Corte de Justicia, organismo que desestimó el planteo de Tellechea y determinó que el expediente retornara al Juzgado a cargo de Hackenbruch.

Concretada ayer la ratificación de la denuncia original, Bordaberry sería citado a declarar en carácter de «indagado» en las próximas dos semanas, según estimaron los abogados de los denunciantes.

Los representantes legales del ex dictador habían presentado cinco recursos de apelación, que ya fueron rechazados por el Poder Judicial.

La fecha de comparecencia de Bordaberry, agregaron los abogados, dependerá del tiempo que insuma el libramiento de un oficio de citación por parte del juez Hackenbruch.

La denuncia había sido presentada en 2002 por destacadas personalidades junto a las firmas de unos dos millares de ciudadanos.

El escrito de ratificación fue presentado con firmas de las personalidades que impulsaron la denuncia original.

 

Numeroso público

Numeroso público se concentró ayer frente al edificio judicial de la calle Misiones 1469, donde tiene despacho el juez Hackenbruch para respaldar la actuación de la Justicia.

Los diputados Doreen Ibarra y Nora Castro, así como los sindicalistas Eduardo Fernández, Juan Castillo y Luis Puig fueron de los primeros en llegar, junto a la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, organización adherida al PIT-CNT.

Lille Caruso, de la «Comisión de Familiares de Asesinados Políticos», destacó con simples pero emotivas palabras los sentimientos que alentaban ayer a quienes sufrieron en carne propia los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos que cometieron los protagonistas de la dictadura civil y militar que propició el gobierno inconstitucional de Juan María Bordaberry.

La denuncia de los familiares se sustentó en el artículo 239 de la Constitución y en el artículo 132 del Código Penal que condenan los actos de los «infractores» de la Constitución Nacional. Bordaberry podría ser sentenciado con una pena de 10 a 30 años de penitenciaría y una inhabilitación absoluta de 2 a 10 años, según las normas.

El delito cometido por Bordaberry prescribe a los 20 años, pero existe abundante jurisprudencia que exceptúa del cómputo de años el período de la dictadura civil y militar, etapa en que la Justicia no pudo ejercer sus cometidos correspondientes. *