Los Familiares de Asesinados Políticos ratificarán denuncia contra Bordaberry

«Terminar con la impunidad es un proceso largo pero sabemos que se puede lograr», dijo ayer a LA REPUBLICA Lille Caruso, integrante de la comisión que denunció a Bordaberry el 19 de noviembre de 2002.

La denuncia había sido presentada en una primera instancia ante la Suprema Corte de Justicia en base al artículo 239 de la Constitución que faculta la actuación del órgano en casos que involucren a quienes resulten «infractores» de la Carta Magna. La ratificación será concretada a las 14 horas del miércoles ante el juez en lo penal de 7 Turno, Pedro Hackenbruch, y la fiscal en lo penal de 5º Turno, Ana María Tellechea, en el quinto piso de los juzgados de la calle Misiones 1469, esquina 25 de Mayo.

El Numeral 6 del artículo 132 del Código Penal prevé para quienes atentaren contra la Constitución una pena de 10 a 30 años de penitenciaría y una inhabilitación absoluta de 2 a 10 años. «No cabe la menor duda», explicó Caruso, «que Bordaberry firmó en 1973 la disolución de las cámaras legislativas y la creación ilegítima del Consejo de Seguridad Nacional». Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) admitieron por «unanimidad» la pertinencia de la denuncia. No obstante, la SCJ derivó el caso al juez Hackenbruch y la fiscal Tellechea, quienes en un primer momento devolvieron el expediente al supremo órgano que, un mes atrás, resolvió que la causa retornara al Juzgado.

Los ministros consideraron que el Juzgado debía actuar en el caso sin obstaculizar la Justicia, recordó Caruso.

En consecuencia, los denunciantes fueron citados a comparecer el miércoles ante el Juzgado a cargo de Hackenbruch para proceder a la ratificación de la denuncia, de acuerdo con las normas procesales.

La denuncia presentada ante la SCJ por la comisión de familiares había sido acompañada por la firma de más de dos mil ciudadanos, entre los que se contaban los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT CNT, la senadora Marina Arismendi, el senador Rafael Michelini, y los diputados Felipe Michelini, Víctor Rossi, Edgar Bellomo, Oscar Gómez y Raúl Sendic, además de notorias personalidades de la cultura.

El delito cometido por Bordaberry prescribe a los 20 años pero, según Caruso, existe abundante jurisprudencia que exceptúa del cómputo de años el período de la dictadura civil y militar, etapa en que la Justicia no pudo ejercer sus cometidos correspondientes.

Caruso anunció que la ratificación de la denuncia será concretada por figuras representativas de las personalidades que acompañaron el inicio de la causa, y convocó a la ciudadanía en general a hacerse presente en el Juzgado para respaldar la actuación de la Justicia. *