Congreso de Intendentes exigió "trato igualitario" para todos los municipios

El intendente de Montevideo Mariano Arana emitió ayer un mensaje vehemente en el Congreso de Intendentes, denunciando la constante discriminación a la que es sometida la capital del país. Anunció que este año la comuna dejará de percibir $ 60 millones del gobierno central, y agregó que la IMM es la única intendencia que aporta montos importantes al Banco de Previsión Social (BPS).

Arana advirtió que no será aumentando tributos como afrontará este recorte presupuestal, «sino continuando con la actual política de descentralización». Advirtió que estos recursos mayormente se volcaban a atender las carencias de los sectores más necesitados de la sociedad montevideana.

Aclaró que si con esta medida el gobierno de Jorge Batlle busca desprestigiar la imagen de la intendencia frenteamplista, se trata de «una muy mala opción».

«Si con esto se ha querido asfixiar a la Intendencia de Montevideo para generar su descrédito político, fue una mala opción. Esta fuerza política no ha dejado de crecer con el tiempo», afirmó Arana.

Señaló que en 1990, el Frente Amplio comenzó ganando con el 35%, en 1995 lo hizo con el 45% y cinco años más tarde, ganó nuevamente la intendencia con el 58%.

Ironizó que «no queremos llegar al 100% para no ser tan abusadores.»

El intendente señaló que la Intendencia «dio más con menos recursos, gracias al equipo municipal, que supo dar mucho más de lo que posiblemente era esperable en función de las retribuciones que le estamos dando a nuestros propios directores».

Sobre los $ 60 millones que el gobierno central no volcó a la comuna montevideana, al intendente se le planteó la posibilidad de cobrarle ese dinero a través de la exoneración de los predios de Presidencia, Suárez y Reyes y Radio Patrulla. Pero el jefe comunal no es optimista en alcanzar esta alternativa, «porque si no nos pagan lo que nos tienen que pagar, creen que nos van a pagar el alquiler».

El Congreso de Intendentes apoyó la postura del jefe comunal montevideano, a través de una declaración pública, donde resolvió su solidaridad respecto a la discriminación a la que es objeto la IMM por parte del gobierno nacional y exigió un «trato igualitario» para todos los municipios del país. *