Proyecto de indemnización a caídos contradice informe de Fau
El Poder Ejecutivo hizo suyo el proyecto de ley del diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) por el que se propone la indemnización a familiares de militares, policías y civiles caídos en enfrentamientos políticos durante los años 1962 y 1976. Sin embargo, el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, reconoció en su momento que familiares de un total de diecisiete militares caídos por circunstancias políticas ya fueron resarcidos económicamente entre los años 1973 y 1977 con un equivalente actualizado que va entre los 19 y 17 mil dólares. En noviembre del pasado año el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley por el cual propone el pago de una indemnización civil a los familiares de desaparecidos durante la dictadura militar, obedeciendo a «la fundada sugerencia de la Comisión para la Paz».
Por su parte, el Foro Batllista anunció en aquel momento que no acompañaría el proyecto de ley por el cual se establece una indemnización de aproximadamente 150 mil dólares, si también no se contemplaba a los familiares de las víctimas militares policiales y civiles «caídos en la lucha contra la sedición».
Pocos días después, el diputado García Pintos presentó un proyecto de ley proponiendo indemnización «a familiares de militares, policías y civiles que encontraron su muerte a manos de las organizaciones subversivas». El legislador anunció ayer que el Ejecutivo hizo suyo el proyecto y que lo enviará en las próximas horas al Parlamento.
Sin embargo, en su momento el ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau reconoció como oportunamente informó LA REPUBLICA a través de una respuesta a un pedido de informes realizado por el diputado Ruben Díaz (Foro Batllista), que familiares de un total de diecisiete militares caídos en enfrentamientos políticos ya fueron resarcidos económicamente entre los años 1973 y 1977 con un equivalente actualizado que va entre los 19 y 17 mil dólares.
Díaz remitió en marzo del 2003 una solicitud de informes al Ministerio de Defensa Nacional en la cual interrogaba si «los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles caídos durante enfrentamientos políticos recibieron algún tipo de ayuda económica a través del Estado y en caso afirmativo en qué consistió, y por qué montos». Los montos de las reparaciones fueron fijados en 2.480 y 2.170 UR para los causahabientes del personal militar superior y subalterno respectivamente. En tal sentido, surge que recibieron indemnizaciones los familiares de diecisiete militares fallecidos, entre ellos los entonces coroneles Ramón Trabal y Artigas Alvarez, el capitán de corbeta Ernesto Motto, el teniente de navío Hermes Sarli y los capitanes Alfredo Busconi, Julio César Gutiérrez y Roberto Botti. *
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