Borrelli presupuestó a 12 contratados al amparo de una norma "vencida"

En la lista figuran varias personas vinculadas al ex ministro del Interior, Guillermo Stirling, a través de parentescos con secretarios del ex jerarca o personas de confianza del hoy precandidato colorado.

El decreto fue aprobado por el presidente Jorge Batlle el 30 de marzo con la orden de que una vez «cumplido», se archivara, no haciendo lugar, como es costumbre, a su publicación.

El texto del decreto -uno de los primeros que firmó Daniel Borrelli como ministro del Interior- establece la «conveniencia y necesidad de efecturar modificaciones y regularizaciones» de la situación de 12 funcionarios de dicha Secretaría de Estado.

La medida se toma al amparo del artículo 150 de la ley 16.736 de enero de 1996. En ese artículo se faculta al Ministerio del Interior, actuando en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, a «realizar las transformaciones de cargos y funciones contratadas, a fin de racionalizar el Escalafón Policial.

La racionalización administrativa no podrá originar aumento en los créditos presupuestales asignados, ni lesión de derechos funcionales, y propenderá a lograr una disminución del total de cargos».

Pero fuentes políticas explicaron a LA REPUBLICA que esta norma pertenece a un presupuesto de un quinquenio «que ya venció», y que existe un dictamen de la Fiscalía de Corte de que está fuera de plazo por pérdida de vigencia.

Pero el gobierno sostiene en el decreto que la gestión en trámite «es ajustada a derecho y no puede ser objeto de observaciones de tipo alguno, por cuanto encuadra perfectamente en el citado artículo (el 150) y se cumplen las dos exigencias impuestas por la norma» en el sentido de que «no se incrementa el crédito ni se lesionan derechos funcionales».

El gobierno argumenta, además, «que las transformaciones de cargos en forma puntual son absolutamente viables y no puede desconocerse la voluntad expresa y manifiesta del jerarca del Inciso de solucionar problemas puntuales».

Agega que la ley presupuestal de 1996, «no establece en forma expresa, ni se infiere de su texto que la racionalización de cargos deba ser necesariamente general para todo el Inciso y, mucho menos, que ella esté en función de una reformación de las estructuras organizativas de los mismos, por lo que es conforme a derecho efectuar reestructras parciales y aun de casos particulares e individuales de determinados cargos».

En el considerando del decreto se afirma que «resulta conveniente modificar la estructura de cargos de los funcionarios contratados a fin de posibilitar el acceso a la carrera administrativa, no lesionando a quienes están en condiciones de ascenso ni a quienes competirán con ello dado que justamente, por esta vía se crea una vacante más».

Según las fuentes consultadas, esta resolución es violatoria de la Ley Orgánica Policial y el Reglamento de ingreso a la Policía, ya que se debe registrar en el último grado del escalafón. Tampoco, dijeron, se respeta el reglamento de calificaciones y ascensos policiales para ascender en la Policía, es decir, por curso y concurso.

Estos doce funcionarios contratados no integraban el escalafón L donde figuran los 25 mil policías, y tenían un contrato a término de 3 años, dijeron.

Según las fuentes, en la lista, seis de los doce presupuestados, tenían una relación con los ex ministros Stirling, Didier Opertti, Juan Andrés Ramírez, o el ex subsecretario Daniel Lamela. *