Fanny Canessa fijó nueva audiencia en el juicio de los blancos contra Nicolini

En una audiencia cumplida ayer, varios directores blancos ratificaron ante la jueza Canessa que se sintieron «agraviados» y «ofendidos» por las declaraciones de Nicolini publicadas por un matutino el sábado 8 de junio de 1996. El entonces legislador había sostenido que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle hubo «una organización de funcionarios que trabajaba en beneficio propio».

Nicolini aclaró ante la magistrada que «en ningún momento» sus declaraciones de prensa tuvieron «la intención» de menoscabar la imagen pública del Partido Nacional, y explicitó que ninguna de sus palabras hacía referencia explícita a partido ni sector político alguno, así como tampoco explicitaba el nombre de ningún jerarca.

Explicó a Canessa, y también a los medios de comunicación presentes en la audiencia, que sus expresiones aludían a los sonados casos de corrupción cometidos durante la Presidencia de Lacalle en torno al Banco Pan de Azúcar, la Administración de Ferrocarriles del Estado, el Banco de Seguros del Estado y otros escándalos que derivaron en el procesamiento penal de notorias figuras del gobierno lacallista.

Recordó además Nicolini que las administraciones que gobernaron Uruguay desde el retorno a la Democracia estuvieron compuestas por «gobiernos de coalición», y que, en consecuencia, sus palabras bien pudieron hacer alusión a jerarcas colorados, y no sólo a blancos.

Al referirse a su participación personal en un conjunto de investigaciones parlamentarias que derivaron en juicios penales que determinaron el procesamiento de conocidas figuras de gobierno, Nicolini afirmó: «Ese cúmulo de denuncias me llevaba a pensar que había un grupo de funcionarios, que trabajaba en la órbita del Estado, que podía haber obtenido algún beneficio».

Insistió el ex legislador con que las denuncias parlamentarias surgidas durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti dieron lugar a varios procesamientos de jerarcas de la anterior administración que presidió Lacalle. «Nunca hubo en mi pensamiento, en mis expresiones, la intención de atacar a un partido político o a un sector», aseguró.

Dijo que las declaraciones de prensa que motivaron la denuncia en su contra por parte del Directorio blanco se referían a «funcionarios que habían actuado en forma no adecuada», sin explicitar a qué partido pertenecían, según indicó ayer.

Zumarán y Ramírez «también acusaron»

En tal sentido, citó palabras textuales de los dirigentes blancos Alberto Zumarán y Juan Andrés Ramírez, quienes en declaraciones de prensa también señalaron la existencia de focos de corrupción durante la administración de Lacalle.

Recordó, entre varios ejemplos, que Zumarán declaró en 1997 que «la corrupción se instaló en las filas superiores del partido» y que «el gobierno de Lacalle había sido uno de los momentos más duros que vivimos los blancos».

También citó cuando Zumarán declaró que «es público y notorio que el presidente saliente (Lacalle) se compró una casa de altísimo valor, a la que tiene derecho, pero que tendría que explicar de dónde salieron los fondos».

Agregó luego que Ramírez sostuvo el mismo año, también en declaraciones de prensa, que durante el gobierno de Lacalle hubo altos jerarcas que «llegaron a cometer ilícitos». «Los blancos no equivocamos en elegir», había dicho Ramírez.

La juez Canessa dispuso, en consecuencia, que las fotocopias leídas por Nicolini, que contenían las declaraciones de Zumarán y Ramírez, fueran incorporadas al expediente judicial. La iniciativa de la magistrada fue cumplida pese a que constó en actas la ferviente oposición del doctor Gastón Chávez, abogado de los directores blancos.

El expediente pasó a vista de la fiscal penal de 5 Turno, Ana María Tellechea, que actúa en el caso promovido por el Directorio partidario, con quien permanecerá hasta la próxima audiencia.

Nicolini también había hecho referencia verbal a que las denuncias en torno a casos de corrupción en la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande habían partido de otro dirigente blanco, el ex diputado Luis Eduardo Mallo, que las denuncias por el caso del Banco de Seguros del Estado habían surgido por iniciativa del también ex diputado blanco Jorge Machiñena, y que las irregularidades en la Embajada uruguaya en Estados Unidos habían sido detectadas por Cancillería que entonces encabezaba el también blanco Alvaro Ramos.

Especial hincapié hizo Nicolini en señalar que la revelación del renombrado «caso Focoex» había emanado de una actuación parlamentaria del ex legislador sanguinettista Alfredo Solari, a quien el ex legislador encuentrista acusó de estar ahora sumido «en el silencio de la coalición» de gobierno.

«Este cúmulo de denuncias», dijo ayer Nicolini ante la jueza Canessa, «tuvo un resultado en la Justicia» con «el procesamiento de notorias figuras del gobierno» que encabezó Lacalle. Altos jerarcas «fueron procesados y condenados por la Justicia Penal y todos los casos fueron confirmados en los tribunales de apelación», añadió.

En otra instancia de la audiencia, Nicolini destacó que los jerarcas involucrados en los actos de corrupción denunciados fueron después «expulsados» del Partido Nacional. «Mucho más que el caso Focoex«

Las declaraciones de prensa de Leonardo Nicolini, que motivaron la denuncia en su contra, mencionaban el llamado «caso Focoex». Varios lacallistas se vieron implicados en presuntos casos de corrupción vinculados a las compras realizadas por el Estado uruguayo a través de un préstamo del gobierno de España. De acuerdo a las normas acordadas, las adquisiones debieron realizarse mediante la institución española, pública y privada, Fomento de Comercio Exterior, cuestionada incluso en su propio país.

«El tema es mucho más importante que el caso Focoex», había declarado Nicolini al periódico en junio de 1996. «Se trataría de una organización de funcionarios (actuantes durante el gobierno de Lacalle) que trabajaba en beneficio propio», había afirmado, según recordó en la audiencia de ayer.

«Eran personas que estaban en los lugares habilitados para la toma de decisiones», había dicho durante la entrevista publicada.

No obstante, en ningún pasaje del largo reportaje Nicolini hizo referencia expresa a algún jerarca en particular, así como tampoco a un partido o sector partidario, según se ocupó en recalcar ante la magistrada.

«En ningún momento mencioné ni me referí a un partido político», insistió también ayer en la audiencia, al señalar que «en los últimos años han sido gobiernos de coalición».

Nicolini aseguró que se refería a «funcionarios de una administración de gobierno» compuesto, coaligadamente, por los partidos blanco y colorado.

Interrogado por la jueza Canessa, Nicolini explicó que omitió mencionar nombres de jerarcas en particular porque entonces actuaba como legislador en el seno de una comisión parlamentaria de investigación «que estableció un régimen de trabajo» que implicaba «recabar el testimonio» de funcionarios que habían intervino en la administración presidida por Lacalle ocupando cargos de alta jerarquía.

Requerido por la fiscal Tellechea, Nicolini explicitó a su entender la omisión de nombres específicos no podía ser interpretada como una voluntad de implicar «a todo el Partido Nacional» en los hechos de corrupción que por entonces eran objeto de investigación, y que luego serían derivados a la Justicia Penal.

«Agraviados y ofendidos»

Todos los directores blancos presentes en la audiencia de ayer en carácter de denunciantes fueron coinc
identes en afirmar que las declaraciones realizadas en junio de 1996 al periódico los hicieron sentir «agraviados y ofendidos», a la vez que insistieron en considerar que los dichos de Nicolini menoscababan la imagen pública del Partido Nacional.

«Me sentí agraviado», afirmó el dirigente blanco Jorge Gandini, copatrocinante de la denuncia contra Nicolini. «Las acusaciones fueron genéricas (…) Agravió a la colectividad» del Partido Nacional, dijo. «Se nos imputó el interés de querer tapar, de obstruir», afirmó. «Yo, señaló Gandini, fui funcionario público en ese momento y me sentí ofendido».

«Me sentí ofendido», dijo por su parte el doctor Gonzalo Aguirre, al señalar que varios de los ahora denunciantes ocupaban cargos en el gobierno lacallista en el cual él ejerció como vicepresidente. Puso como ejemplo que Angel María Gianola, también denunciante y presente en la audiencia, había sido ministro de Interior, y que el ingeniero Carlos Cat, también presente y denunciante, había sido ministro de Trabajo y Seguridad Social, además de director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Aguirre dijo luego haber sido objeto de insultos en la calle por «el efecto» provocado en la opinión pública por las denuncias de Nicolini respecto al caso Focoex, las cuales calificó de «infundadas». Me gritaron ladrón «en dos oportunidades», relató. «Sostengo que fui agraviado» por Nicolini, acusó.

No obstante, al ser interrogado por la fiscal, Aguirre debió admitir que los insultos que recibió pudieron ser consecuencia de las otras denuncias por actos de corrupción que fueron probadas por la Justicia que determinó el procesamiento de varios jerarcas lacallistas, y no sólo por «efecto» de las declaraciones de Nicolini.

Zumarán relativizó por su parte las declaraciones que él mismo realizara en su momento, y que fueron citadas por Nicolini, al afirmar que se inscribieron en su combate personal contra la corrupción que lo impulsó, entre otras cosas, a integrar la organización Uruguay Transparente. Consideró además que «todo gobierno o partido puede contener un elemento que corrompe». «Hay una caída de los valores morales en las sociedades y por ende también en los gobiernos», apuntó.

«Me sentí ofendido (…) Me consideré agraviado», sostuvo por su lado el ingeniero Cat. «Aunque en mi fuero íntimo me sintiera tranquilo» ante las declaraciones de Nicolini, agregó.

El diputado Gustavo Borsari remarcó en su intervención «que no hubo ningún procesamiento por el caso Focoex» que denunció Nicolini, y afirmó, al igual que Zumarán, que «las únicas pruebas presentadas» para comprobar el aparente hecho delictivo fueron tres faxes que dos peritos caligrafos acusaron de haber sido falsificados, pese a que cuatro años después el Instituto Técnico Forense determinó que por tratarse de fotocopias no podían ser objeto de ningun análisis pericial. *