Legisladores del MPP habían denunciado a empresas de pesca por evasión a la DGI

La bancada de diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP) del Encuentro Progresista-Frente Amplio denunció en noviembre del año pasado ante la Dirección General Impositiva (DGI), su presunción de evasión fiscal por parte de las empresas dedicadas a la pesca de la merluza negra.

En una carta fechada el 11 de noviembre de 2003, los representantes nacionales Ernesto Agazzi, Nora Castro, Juan Domínguez y Lucía Topolansky, advirtieron al Director General de Rentas, contador Eduardo Zaidensztat, que tenían documentación sobre la existencia de eventuales ilícitos.

En la nota, los legisladores explicaron que a partir del caso del «Viarsa I» obtuvieron información respecto a que los pescadores ilegales de merluza negra aprovechaban «debilidades de los acuerdos internacionales» firmados por Uruguay o «directamente evaden las disposiciones legales en vigencia».

Los cuatro diputados adjuntaron documentos sobre denuncias realizadas por la Antartic and Southern Ocean Coalitión (ASOC) y la Coalition of Legal Toothfish Operator (Colto) relativas a las organizaciones piratas y sus mecanismos de acción.

Asimismo, incluyeron listados oficiales de exportaciones de merluza negra e información procedente de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que evidenciaban «incoherencias muy difíciles de explicar» como el hecho de que se declararan ventas de merluza negra a 2,5 dólares el kilogramo cuando la mercancía en el mercado internacional se cotiza a uno 10 dólares.

Los diputados reclamaron entonces al director de la DGI que realizara las investigaciones pertinentes para verificar la veracidad de los documentos y «confirmar si realmente hay infracciones a las normas en vigencia, en detrimento del interés nacional», concluía la misiva. La misma información en poder de los legisladores del MPP habría motivado una denuncia ante el Juzgado Letrado de Aduanas de 2º Turno, a cargo del doctor Gustavo Pini, por presunta subfacturación por millones de dólares de las empresas pesqueras Navalmar SA, Encomar SA, Fadilur SA y Nielcor SA

Confirma denuncias de LA REPUBLICA

La carta enviada a la DGI hace cinco meses coincide con una serie de artículos de una investigación de LA REPUBLICA sobre la existencia de un grupo económico compuesto por empresas asociadas a lo que internacionalmente fue denunció como una «mafia gallega» para la pesca ilegal de merluza negra.

La indagación periodística evidencia que las empresas gallegas encabezadas por los empresarios Antonio Vidal Prego y Florindo González, tienen como representante en Uruguay al ingeniero Luis Pazos y, entre otras, a la empresa Navalmar SA, implicada en los delitos de los pesqueros «Viarsa I» y «Maya V».

Los dos pesqueros de bandera nacional fueron detenidos por patrulleras australianas en setiembre y febrero, cuando hacían pesquerías en zonas no autorizadas y habían adulterado la información del localizador satelital (VMS) con que eran controlados por las autoridades marítimas uruguayas.

Navalmar SA, que ya tenía antecedentes similares con los barcos «Dorita» y «Arvisa I», encabezaría una red de empresas colaterales con las que se estaría burlando las sanciones impuestas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que comanda el capitán de navío (r) Yamandú Flangini.

Denuncias internacionales sindicaban como la «mafia gallega» al grupo de Antonio Vidal y su hijo Toño, de Ribeira, la Coruña, con las empresas uruguayas Navalmar SA, Illiad SRL, Lingont SA, Plestin SA, Kessel SA y Fadilur SA y a Florindo González Corral y Florindo González Otero, de Orense, operadores de Pesca Cisne SA y Arcosmar SA, registradas en España y Chile. La investigación de LA REPUBLICA, publicada el martes 6 de abril, dejó entrever la eventual existencia de triangulaciones empresariales y la compra de sociedades anónimas «fantasmas» a estudios jurídicos que han sido denunciados como posibles implicados en operaciones de lavado de dinero. Los datos recabados asocian en Uruguay a los grupos Vidal y González, con Luis Pazos y las firmas Navalmar SA (Dorita, Arvisa, Viarsa I), Deep Blue, Triomar SA, Alcimar SA (Maya V), Nobleplan SA, José Marcicano Yannaco, Lavitac SA (Piscis), Fadilur SA (Carran y Ave Phoenix) y las extranjeras Viarsa Catera SA, Viarsa Fishing Co, Pac Fish, Ocean King y Thalasa SA, entre otras. *