Borrelli explica en el Parlamento el recambio de la flota automotriz

El ministro del Interior, Daniel Borrelli, deberá explicar ante el Parlamento el mecanismo de recambio de la flota automotriz del Estado y en particular de la Secretaría de Estado.

Borrelli comparecerá el próximo miércoles 14 ante la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, a instancias del diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista), quien en su momento remitió sendos pedidos de informes a la Dirección Nacional de Aduanas y a los ministerios de Economía y Finanzas y del Interior referidos a la importación de vehículos para uso oficial.

Rossi sostuvo que la flota automotriz del Estado «siempre significó un problema desde el punto de vista del mantenimiento y el recambio». Recordó que en su momento «se utilizó el mecanismo de recambio, por el cual la empresa que ganaba la licitación para suministrar vehículos a un organismo del Estado adquiría también la posibilidad de recambiar esas unidades. Por su parte, la administración se beneficiaba con la diferencia de precios del valor de la unidad sin impuestos del vehículo importado y el precio del mercado».

Pero «el mecanismo rápidamente llegó a un manejo abusivo, lo que originó la posibilidad de situaciones irregulares, incluso de beneficios indebidos tanto de parte del Estado como eventualmente para quien se aprovechaba de la operación».

Posteriormente, en el año 2002 se establecieron por Ley «las condiciones para poder llevar adelante este tipo de cambios que requiere licitación previa». En ese marco, se determinó que «los vehículos estatales pueden ser recambiados luego de dos años de uso».

Asimismo, la normativa fijó una excepción referida al recambio de los vehículos destinados a la seguridad pública que por su utilización están sujetos a un mayor desgaste, es decir, «los patrulleros pueden ser cambiados aun cuando no tengan dos años de utilidad».

Sin embargo, el parlamentario denunció haber recibido información referida a que «a partir de esta excepción se han generado situaciones incomprensibles de unidades procedentes del Ministerio del Interior, no necesariamente patrulleros, que aparecen a la venta y que no se ajustan a los requerimientos de la ley; es decir, no cumplen con el tiempo mínimo de utilización, ni en el kilometraje razonable para justificar su recambio». «Estaríamos hablando de ganancia indebida, porque se trata de vehículos adquiridos por el Estado con las bonificaciones y exoneraciones impositivas y que luego serían vendidos antes de los dos años de uso, lo que genera una diferencia de precio en la venta del vehículo. La diferencia entre el precio de venta y el valor de la unidad, no sabemos quién la percibe», cuestionó el parlamentario.

También objetó que «algunos proveedores serían siempre los beneficiados en este tipo de operaciones, ya que los recambios se realizan en cualquier momento sin que se respete necesariamente al ganador de la licitación». Agregó que «no todos los vehículos que se comercializaron por este mecanismo son propiedad del Ministerio del Interior». *