La Pesca, ¿entre el "lavado" y la política?

Como toda industria nacional en desarrollo, en la medida en que se otorgaron beneficios a quien invirtiera en el sector pesquero, se creó una tentadora corriente para capitales de oscuro origen que encontraron la posibilidad de «legalizarse» en un país con las leyes financieras que caracterizan a Uruguay.

En los primeros años de la década del ochenta, en el Río de la Plata se instaló la Logia «Propaganda Dos» que, encabezada por Licio Gelli, realizó múltiples inversiones con el dinero «fugado» del Banco Ambrosiano del Vaticano: en Uruguay el dinero fue al Banco Bafisud y, entre otros, al sector pesquero.

El representante de Gelli en Uruguay, Umberto Ortolani, fue uno de los miembros del directorio de la primera gran empresa industrial de la pesca uruguaya, ASTRA SA, en el puerto de La Paloma. Dos décadas después, sus abandonadas instalaciones fueron licitadas por el Ministerio de Transportes.

Desde aquel inicial proyecto ASTRA SA -al que, según diferentes fuentes, habría estado asociado el propio creador de la Ley de Pesca, Eduardo Paz Aguirre-, algunas de las más importantes inversiones en la industria pesquera uruguaya han estado vinculadas a un «lobby» de los partidos políticos.

Durante los últimos veinticinco años, con el gobierno militar o en las sucesivas administraciones de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, nuevamente Sanguinetti y Jorge Batlle, la industria pesquera uruguaya ha visto el ingreso de capitales de diversos grupos económicos, según la especie explotada.

En algunas ocasiones se produjeron verdaderos escándalos, como el del aún inconcluso «Caso Cangrejo Rojo» en el que aparecieron implicados desde un par de senadores norteamericanos y el Comandante de la Flota de la Armada, hasta el hijo del propio presidente de la República. *