La confesión de Tanzi derivó en un reclamo de transparentar el financiamiento de los partidos

Recientemente, las afirmaciones ante la Justicia del fundador del grupo Parmalat, Calisto Tanzi, detenido por el crac de la empresa, convulsionó a la clase política uruguaya sobre la conveniencia o no de aportes financieros provenientes de empresas transnacionales y la necesidad de dotar de transparencia al funcionamiento de los partidos, mediante la aprobación de una ley.

El empresario italiano que se encuentra tras las rejas, dijo en declaraciones a la Justicia, que dicha empresa financió a gobernantes y dirigentes políticos en el exterior, y mencionó, en el caso uruguayo, el aporte brindado a la campaña electoral del ex presidente Julio Sanguinetti, que lo llevara a la primera magistratura a la presidencia en 1994.

El caso Parmalat es considerado como el principal escándalo empresarial europeo, y donde nuestro país tiene relación por conocerse que estas presuntas maniobras tuvieron la complicidad de una SAFI uruguaya.

Luego, el presidente de la filial en Uruguay, Jorge Gutman aclaró que el aporte «sin pedir favores a cambio» se dio a todos los partidos políticos.

En tal sentido, blancos y encuentristas se quisieron desmarcar de presuntas vinculaciones económicas de Parmalat con sus partidos, mientras que integrantes del Partido Colorado entienden que el aporte que habría dado esta transnacional sería «para todos». Incluso, el ex presidente Julio Sanguinetti en carta enviada a LA REPUBLICA, ni negó ni aceptó contribución de Parmalat al Partido Colorado, y señaló que si el mismo se dio, habría sido de forma normal.

No obstante, los políticos de los tres grandes partidos consultados (FA, PN, PC) coinciden en la necesidad de dotar de una reglamentación para la financiación política. Más allá de las manifiestas intenciones de apoyar este tipo de iniciativas, los proyectos presentados hasta el momento no fueron aprobados por una supuesta falta de voluntad política.

Gargano: «No me extraña aportes a partidos tradicionales»

Después que el presidente de la filial de Parmalat en Uruguay, Jorge Gutman admitió haber efectuado contribuciones a todos los partidos políticos entre 1984 y 1994, vino inmediatamente el desmarque del Encuentro Progresista y Partido Nacional, negando que en sus filas esta transnacional diera dinero para sus respectivas campañas políticas.

El vicepresidente del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), Jorge Brovetto, señaló que si bien durante la pasada campaña electoral del año 1999 no estaba vinculado a la coalición de izquierda, de todas maneras expresó sus dudas con respecto a que una empresa como Parmalat haya financiado al sector.

Al ser consultado al respecto, Brovetto señaló que hace dos años y medio que está vinculado al Encuentro Progresista-Frente Amplio y que no tenía «la más remota idea de que un organismo de este tipo haya contribuido con el EP-FA».

Brovetto era rector de la Universidad de la República durante la pasada campaña electoral, y posteriormente se vinculó al EP-FA.

«Dudo que Parmalat haya financiado nada de la izquierda, que es una idea imprecisa, porque pudo haberse referido a un sector, pero de todas maneras, lo desconozco», puntualizó el vicepresidente de la coalición de izquierda.

Por su parte, el senador Reinaldo Gargano (PS) dijo que no le extraña que Parmalat o alguna otra empresa transnacional haya financiado «al Partido Colorado, a Collor de Mello o al Partido Nacional». A su entender, este es un mecanismo que utilizan los partidos tradicionales, «de tener contribuciones financieras de grandes empresarios y sectores que detentan el poder económico».

Consultado si esta práctica se dio en la izquierda, Gargano sentenció: «No conozco que ninguna transnacional haya financiado al Frente Amplio y puedo asegurar que no financió al Partido Socialista».

Sobre la regulación del funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos, el conductor del socialismo en Uruguay recordó que hubo proyectos de ley en tal sentido, que fue elaborado por una Comisión de Partidos Políticos que él mismo integrara, conjuntamente con los ex legisladores Dardo Ortiz y Carlos W. Cigliuti. La iniciativa establecía que los medios de comunicación debían otorgar espacios gratuitos a los partidos políticos procurando evitar el sesgo y la desigualdad partidaria. Sin embargo, el proyecto «fue bombeado en la primera legislatura», dijo Gargano.

El senador frenteamplista señaló que los partidos necesitan de la financiación por parte del Estado para, de esa forma, no llegar a esa situación de injusticia anteriormente nombrada.

Explicó que también fue presentado otro proyecto que regulaba el funcionamiento de los medios de comunicación con respecto a las instancias electorales, elaborado por el ex senador Helios Sarthou.

Gargano es partidario de que la población sepa de dónde proviene el dinero utilizado por los partidos políticos.

Apoyo al proyecto de Abreu

En tiendas blancas, el ex candidato a la presidencia Juan Andrés Ramírez, consultado sobre si sabía que Parmalat dio dinero al Partido Nacional, dijo: «No tengo ni idea. Sabemos que hay empresas y personas que ponen dinero para todos los partidos políticos».

Por su parte, el precandidato a la Presidencia, senador Jorge Larrañaga, dijo ayer también, que no tenía conocimiento que el PN recibiera financiación de Parmalat. Explicó que en 1994 era candidato a la reelección a intendente municipal de Paysandú, y por tal motivo estaba lejos de la política nacional.

Aseguró que su agrupación, Alianza Nacional, nunca recibió financiación de esta empresa italiana, «pero no sé en el resto del Partido Nacional».

No obstante, aclaró que está de acuerdo con la propuesta del ex canciller Sergio Abreu de buscar un mecanismo legal que regule la financiación de los partidos políticos. De aprobarse esta iniciativa, se aplicaría un mecanismo transparente en el aporte de empresas, para que se sepa claramente quien entrega dinero. Finalmente, precisó que en Uruguay, «nadie cambia financiación por favores políticos.»

La propuesta de Abreu establece que «los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público de sus actividades de carácter electoral, y en forma complementaria a recibir ingresos por aportes de fuentes privadas de financiamiento, cuyos recursos integrarán el patrimonio de aquellos».

Agrega que «la necesidad de una reglamentación legal del tema se justifica como forma de procurar condiciones de mayor equidad en la contienda electoral».

Entre los objetivos que persigue la iniciativa están el definir las fuentes (públicas del Estado, y privadas) y fija como principio el considerar de interés general que los patrimonios de los partidos políticos se conformen con aportes de carácter público y privado.

Respecto al financiamiento privado, se identifica a los aportes de sus afiliados, las donaciones, legados, y aportes de terceros, el producido de actividades y eventos promocionales sin fines de lucro, las rentas y frutos de su patrimonio, y los demás que la ley destina a su favor.

La norma prohíbe recibir aportes de cualquier naturaleza, ya sea de gobiernos, instituciones, agencias, organismos y partidos extranjeros, de órganos y/o empresas del Estado, de contratistas del Estado, de personas subordinadas o dependientes del Estado. También se obliga a dar publicidad a los aportes y llevar registros contables y recibos de los mismos.

También se establecen sanciones  multas y hasta la suspensión de la persona jurídica  en caso de violación del régimen legal que serán aplicadas por la Asamblea General, por mayoría especial de 2/3 del total de componentes de cada Cámara.

Desde el Pa
rtido Colorado

El diputado forista Ruben Díaz, en diálogo con LA REPUBLICA, manifestó que está de acuerdo con que el público sepa cómo se financian los partidos políticos, y que el mismo debe ajustarse a las normas, ya que dejó de entrever que ciertos partidos pudieron tener apoyo financiero de partidos políticos del exterior.

Sobre el presunto aporte de Parmalat a la clase política uruguaya, el legislador colorado sostuvo que «parece claro que la entrega de dinero fue para todos los partidos y esto no tiene nada de malo.»

Reivindicó el aporte financiero a los partidos por parte del Estado, tal como lo hiciera en 1994 y 1999, de U$S 7 dólares por voto obtenido. A su entender, esto evitaría que la clase política tenga que recurrir a particulares y le permitiría obtener un mayor grado de autonomía. No obstante, le pareció bien que el financiamiento provenga tanto de la órbita estatal como privada, y que el mismo sea regulado por una ley.

Díaz consideró que el resultado negativo originado por el aporte de empresas o privados, es que la entrega de dinero esté condicionada a la aplicación de determinados lineamientos políticos. *