Señalan responsabilidad política para Bensión y el BCU por crisis financiera

La rama baja parlamentaria aprobó en la víspera  con los votos del EP-FA, los partidos Nacional e Independiente y el Nuevo Espacio  una moción a través de la cual se declara que Bensión es «políticamente responsable de los errores cometidos en la estrategia frente a la crisis del sistema financiero». Asimismo se explica que el ex Directorio del BCU «de acuerdo al ejercicio de las competencias que les confiere la carta orgánica de la autoridad monetaria, han incurrido en responsabilidad administrativa».

A través de la moción se asegura que esa responsabilidad se debe a «fallas en los controles, a las excepciones otorgadas por el Banco Caja Obrera en el proceso de su venta al Banco Montevideo, a las tolerancias y excepciones otorgadas al Banco de Crédito, a las asistencias financieras conferidas a los bancos Comercial y Montevideo y al margen del marco legal previsto en la carta orgánica del BCU».

Por lo que, la Cámara resolvió remitir a la Justicia las actuaciones y antecedentes de la actuación de la Comisión, y exhortar al Poder Ejecutivo la preparación de iniciativas referidas al establecimiento de la supervisión global consolidada, y de un seguro de depósitos. Se requirió la posibilidad de lograr «mayores seguridades en las modalidades de auditoría externa de las instituciones financieras, y la adecuación de la legislación penal referida a los delitos cometidos en relación con el sistema financiero.

En la moción se propone enviar a las comisiones de Hacienda y Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de ambas cámaras, «recomendaciones de reformas legislativas» con el cometido de mejorar el funcionamiento del sistema financiero.

Los legisladores del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) consideraron que la resolución no era suficiente e, incluso, insistieron con la necesidad de impulsar un juicio político al Presidente. En ese marco, la diputada Silvana Charlone (Espacio 90) sostuvo que su sector aprobó la moción «para posibilitar que desde la Cámara se emita una resolución luego de tanto tiempo de trabajo», pero señaló que no estaba conforme y que el Parlamento «se quedaba corto con la resolución». Añadió que finalmente el «juicio lo hará la ciudadanía».

Por su parte, Raúl Sendic (26 de Marzo) también calificó la moción aprobada como «insuficiente», pero sostuvo que se trató de «la única manera de lograr una resolución en un tema tan trascendente». Añadió que la crisis financiera «tuvo costos muy altos para toda la ciudadanía tanto para quienes tenían ahorros en el sistema financiero uruguayo como para quienes nunca entraron a un banco, porque también ellos han sido obligados a pagar las consecuencias de esta crisis».

Para el legislador es «muy importante determinar la responsabilidad del presidente de la República, Jorge Batlle, a través de un juicio político, porque la ciudadanía espera señales no sólo de la Justicia, sino también señales políticas». El diputado Ricardo Berois (Herrerismo) señaló que la decisión a la que arribó el Parlamento «es muy inteligente» debido a los elementos de juicio que ha manejado, y advirtió que «es peligroso incursionar más allá de los elementos de prueba de los que se dispone y hacer afirmaciones partiendo de presunciones».

En el mismo sentido, el diputado Pablo Mieres (Partido Independiente) destacó la decisión de la Cámara al señalar responsabilidades políticas y administrativas de parte de las jerarquías y de remitir los antecedentes a la Justicia, «porque se entendió que hay elementos que merecen el análisis judicial». Destacó «un elemento pro activo» en la decisión de recomendar la creación de un nuevo marco para el sistema financiero.

A su turno, el diputado Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15) expresó su discrepancia con remitir a la Justicia las actuaciones y antecedentes de la Investigadora, y añadió que «la Justicia penal ya está actuando y hay por lo menos cuatro jueces tramitando procedimientos».

Agregó que existe «un pronunciamiento de la Justicia en el caso de una denuncia penal formulada contra Bensión por el contrato de capitalización del Banco Comercial y el juez dispuso el archivo de la denuncia».

Destacó que «de toda la documentación y testimonios recabados por la investigadora no surgió ni una acusación contra un funcionario público ya sea de carrera o de carácter político de particular confianza». Por otro lado, la Cámara de Diputados también declaró su interés en que el proyecto de ley que interpreta el alcance del secreto bancario, limitándolo a los depósitos, «logre una rápida aprobación parlamentaria». La moción resultó aprobada con los votos del EP-FA, Partido Independiente y el diputado Carlos González Alvarez (Alianza Nacional) quien fue coautor de la iniciativa que ya fue aprobada en Diputados

CND

Posteriormente se analizaron los tres informes de la Comisión que investigó la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), pero no se pasó a la votación de los mismos debido a que legisladores herreristas solicitaron levantar la sesión, ya que debían cumplir otra actividad, y proseguir con el análisis del tema el próximo martes 13. Aún restaba que hicieran uso de la palabra los diputados Pablo Mieres (Partido Independiente) y Ronald Pais (Foro Batllista).

Por lo que la rama baja parlamentaria volverá a reunirse para resolver sobre el destino de las actuaciones de la Investigadora sobre la CND.

De todas maneras en el informe suscrito por los diputados EPFA y el Partido Independiente se sugiere el pase a la Justicia de toda la documentación referida a la empresa Migranja SA y también los antecedentes de las denuncias referidas a ciertas actividades de asistencia técnica en el Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en la medida que pueden haberse constatado «presuntos delitos». A través del informe que presentaron los legisladores del Partido Colorado se planteó la creación de una Comisión con fines legislativos para reformar las leyes de Comisiones Investigadoras y de creación de la CND, y propuso el archivo de las actuaciones.

En tanto, en el proyecto de resolución nacionalista se solicitó la aprobación de un informe relativo a la investigación ordenada donde se plantea una modificación al régimen jurídico y al marco legal de la Corporación.

Se establece la inconveniencia de que la CND maneje un banco, participe en solitario en operaciones de rescate de empresas o tenga la mayoría accionaria o administre una empresa de la actividad privada. *