MGAP presentó denuncia policial y ordenó investigación administrativa

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) presentó ayer una denuncia policial y ordenó el inicio de una investigación administrativa en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) para dilucidar la veracidad de un documento publicado por LA REPUBLICA. El documento, con membrete de Dinara, fechado el 28 de noviembre de 2003, y dirigido al subprefecto del Puerto de Montevideo, capitán de fragata Jesús de Armas, está firmado por la inspectora Ana Abelenda, e incluye un listado de los buques categoría «D» de capitales españoles en los que aparece la empresa Navalmar SA como representante del pesquero «Maya V».

El titular de Dinara, capitán de navío (r) Yamandú Flangini, y el ministro de Ganadería, Martín Aguirrezabala, habían negado ante la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados la vinculación entre el «Maya V» y la empresa propietaria del pesquero «Viarsa I» que fue denunciada internacionalmente por sus vínculos con una mafia gallega de pesca ilegal de merluza negra.

En un comunicado de prensa, el MGAP indica que el documento publicado el 23 de marzo «contenía información notoriamente discordante con la que este Ministerio ha manejado en torno al tema, fundamentalmente en lo referente a la titularidad de los permisos de pesca de diferentes buques».

Explica que ante la «discordancia» y presumiendo irregularidades en la fuente de información» se dispuso la realización de una «Información de Urgencia» prevista en el Art. 180 del Decreto 500/991, para investigar la «concordancia» entre el documento publicado y «los originales en poder de la Dinara».

«De dicha investigación primaria surgen diferencias flagrantes entre los documentos originales y la versión manejada por la prensa, que hacen suponer la existencia de una alteración de los documentos públicos, afectando la sustancia de los mismos. En consecuencia, en el día de la fecha (por ayer) esta Secretaría de Estado ha dispuesto la presentación de la denuncia policial y la investigación administrativa correspondiente», concluye. *