Korzeniak: "Tiene la ciudadanía suspendida"

«Tiene la ciudadanía suspendida», sostuvo Korzeniak a LA REPUBLICA, quien puntualizó que el artículo 80 de la Constitución de la República es muy preciso en el punto.

Según el parlamentario, desde el momento en que el juez procesa a una persona por un delito pasible de penitenciaría por más de dos años, debe remitir un Oficio que, previo pasaje a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tiene como destino la Corte Electoral, y por el mismo se comunica que «tiene suspendida la ciudadanía». «Esto es así independientemente de que después la Justicia dictamine su condena o inocencia», agregó el legislador socialista.

No obstante, en este momento, «la ciudadanía está suspendida, y por ello no puede ejercer en ningún cargo o contrato público».

Minuta de comunicación

Todos los sectores políticos de nuestro país, con excepción del Partido Colorado, arremetieron nuevamente contra la decisión del gobierno de ratificar al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco como representante en el Tribunal Arbitral del Mercosur. Desde el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) se maneja la posibilidad de remitir una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo con la finalidad de exhortar a que deje sin efecto la designación. El diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) indicó que en la región «comienzan no sólo a soplar vientos nuevos, sino que se le solicita a Uruguay que esté acorde con la recuperación democrática».

«Es evidente que nuestro gobierno no tiene la misma actitud que el argentino ya que no ha dado muestras de un saneamiento democrático en algunos aspectos, como por ejemplo en la designación de Blanco para un puesto internacional, ya que el ex canciller no sólo está con un proceso pendiente sino que, además, ni siquiera está amparado por la Ley de Caducidad», cuestionó el parlamentario. Añadió que esperaba del gobierno uruguayo alguna señal que «por lo menos no dificultara las relaciones internacionales», porque la decisión de ratificar a Blanco como candidato a los tribunales arbitrales «es inconveniente para el Uruguay democrático y para el mejor funcionamiento del Mercosur». «Además, es también una regla de decoro, porque no se estila enviar a alguien que tiene un proceso pendiente a desempeñar una tarea en un organismo internacional. Nos sumamos al planteo de los diputados argentinos y le volvemos a pedir al Poder Ejecutivo de nuestro país que revise esta postura», añadió.

En el mismo sentido, el diputado Julio Cardozo (Alianza Nacional) consideró que «si bien es resorte del gobierno uruguayo nombrar a su representante para un cargo internacional, también es su competencia tratar de evitar elegir personas que puedan causar problemas con los países hermanos o socios del Mercosur».

Sostuvo que se deberían «agotar los medios para evitar la designación de Blanco, porque se trata de una persona que ha estado en la opinión pública por diversas acusaciones». De todas maneras, añadió que Alianza Nacional y el Partido Nacional analizarán el tema.

Asimismo, el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) expresó que no puede comprender la decisión del Estado uruguayo y que «se insista en una cosa que demuestra la muy poca sensibilidad frente al tema de las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad».

Por su parte, el diputado Pablo Mieres (Partido Independiente) considera que «no fue una decisión correcta del gobierno uruguayo que se expuso a que ocurriera una reacción de este tipo».

Sin embargo, el diputado Nahum Bergstein (Foro Batllista), quien también integra la lista de árbitros del Mercosur, opinó que «desde el punto de vista jurídico no hay inconveniente en que Blanco integre la lista de árbitros», y añadió que llegado el momento en que algún país lo nominara, el tema podría discutirse. Asimismo, aseguró que desde el punto de vista moral, «nadie tiene un monopolio ético, porque en una sociedad pluralista es muy difícil establecer un código ético que abarque a toda la sociedad y no es bueno que ningún grupo se abrogue el monopolio ético, porque eso destruye el tejido social». *