Condenan a prisión a ex represores por el robo de beba uruguaya en dictadura

Un tribunal argentino condenó ayer a siete años de prisión al ex comisario Miguel Etchecolatz y al médico policial Jorge Bergés por robo de bebés durante la última dictadura en ese país.

Bergés y Etchecolatz fueron hallados culpables de los delitos de «sustracción y sustitución» de bebés, crimen «agravado por su condición de funcionarios públicos», según el dictamen del Tribunal Federal Oral de la ciudad de La Plata.

Durante el juicio se probó la sustitución de identidad de la joven Carmen Sanz, nacida en cautiverio en el denominado «Pozo de Banfield», hija de la ciudadana uruguaya Aída Sanz y de Eduardo Gallo Castro, ambos desaparecidos. Los condenados modificaron la identidad de Carmen y la entregaron a un matrimonio que la inscribió como propia bajo el nombre de María de las Mercedes Fernández, hasta que fue ubicada por la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.

Bergés y Etchecolatz habían logrado evitar una sentencia en contra por este caso en 1987, cuando fueron beneficiados por la ley de Obediencia Debida, dictada por el Parlamento a pedido del entonces presidente Raúl Alfonsín.

Militantes de derechos humanos realizaron una manifestación de protesta contra el fallo por entender que los acusados debían recibir condenas mayores.

Unos 500 niños fueron sustraídos a sus familias durante el régimen militar, pero sólo 77 han sido recuperados y restituidos.

Carmen Sanz nació cuando su madre estaba detenida en el centro clandestino Pozo de Banfield, en la periferia sur, el 27 de diciembre de 1977.

Unas 30.000 personas desaparecieron a raíz de las acciones de las fuerzas militares y de seguridad, según organismos humanitarios.

El viernes pasado, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo había reclamado un pena de 15 años de prisión por los delitos de «supresión de identidad y retención y ocultamiento de personas», y el fiscal federal Carlos Dulau Dumm solicitó una condena de 10 años.

El fallo del tribunal platense incluyó la restitución de la identidad de la joven y ordenó que se libraran oficios al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil y a la Policía Federal.

Por su parte, el fiscal federal Dulau Dumm tuvo en cuenta para solicitar condena que existió el agravante de que ambos acusados eran miembros de la Policía bonaerense. Los defensores, en tanto, solicitaron la absolución, en el caso de Bergés porque a entender de su abogada, Laura Díaz, el delito que se le imputó a su defendido es «cosa juzgada», en base a un fallo anterior de la Cámara Federal Nacional.

El defensor de Etchecolatz, Adolfo Casabal Elía, argumentó que su defendido «no podía tener el más mínimo dominio sobre las más de 2.700 personas que tenía a su mando», cuando cumplía funciones como jefe de Inteligencia de la Policía bonaerense. *