"La globalización puede y debe cambiar"
El informe «Por una globalización justa: crear oportunidades para todos» llama a «replantear con urgencia» las políticas e instituciones de gobierno global. El informe fue elaborado por la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que estuvo copresidida por la presidenta de la República de Finlandia, Tarja Halonen, y el presidente de la República Unida de Tanzania, Benjamín William Mkapa.
En las 185 páginas del informe se reconoce que «los beneficios que pueden obtenerse (con la globalización) son inmensos» y que la globalización «ha abierto las puertas a numerosos beneficios. Ha propiciado sociedades y economías abiertas, así como una mayor libertad para el intercambio de bienes, ideas y conocimientos (…) (y) como resultado de ello, comienza a configurarse una verdadera conciencia global, atenta a las desigualdades ligadas a la pobreza, la discriminación por razón de sexo, el trabajo infantil y la degradación medioambiental, donde quiera que se produzcan».
No obstante, también se señala que «en el funcionamiento actual de la economía global se observan desequilibrios persistentes y profundamente arraigados, que resultan inaceptables desde un punto de vista ético e indefendibles desde el punto de vista político. (…) Para una gran mayoría de mujeres y hombres, la globalización no ha sido capaz de satisfacer sus aspiraciones sencillas y legítimas de lograr un trabajo decente y un futuro mejor para sus hijos».
«Existe una inquietud creciente acerca del rumbo que está tomando la globalización en estos momentos», dice el informe. «Sus ventajas quedan fuera del alcance de muchos, mientras que los riesgos que implica no pueden ser más reales. La corrupción se ha extendido. El terrorismo mundial amenaza a las sociedades abiertas, y el futuro de los mercados abiertos resulta cada vez más incierto. En definitiva, el gobierno global está en crisis. Nos encontramos en un momento crucial, y tenemos que replantearnos con urgencia las actuales políticas e instituciones».
El director general de la OIT, Juan Somavía, quien propusiera inicialmente la creación de la Comisión, dijo que es la primera vez que se ha tratado de abordar la dimensión social de la globalización de forma sistemática. Añadió que la OIT convocó esta Comisión para buscar un terreno común y presentar propuestas sobre cuestiones que son actualmente el tema de discusión de «monólogos paralelos» y de un «diálogo de sordos». «Esta Comisión», dijo, «entrega un mensaje de esperanza, claro y con sentido común. Conseguir que la globalización sea justa e integradora es difícil pero posible, y es una prioridad a nivel mundial».
Somavía señaló que los 26 miembros de la Comisión incluidos un Premio Nobel de economía, varios políticos, parlamentarios, expertos en materia social y económica, representantes de las empresas y las multinacionales y de los sindicatos, miembros de círculos académicos y de la sociedad civil «fue representativa de la diversidad de actores y de ideas que caracterizaban a la globalización y aceptó el reto de analizar sus efectos y de hacer una serie de propuestas para corregir sus desequilibrios». El informe de la Comisión «no ofrece soluciones milagrosas ni sencillas, porque no existen. Sin embargo, se intenta contribuir a acabar con la actual situación de ‘impasse’, al abordar las preocupaciones y aspiraciones de la gente y las distintas maneras de aprovechar mejor las posibilidades que brinda la propia globalización».
Entre las recetas propuestas para lograr una globalización justa e integradora, la Comisión propone una serie de medidas para mejorar el gobierno y la responsabilidad a nivel nacional e internacional. Plantea temas como la necesidad de normas más justas para el comercio internacional; flujos de inversión, finanzas y migración, que tengan en cuenta todos los intereses, derechos y responsabilidades; medidas para promover las normas fundamentales del trabajo y un nivel mínimo de protección social en la economía global; y nuevos esfuerzos que permitan movilizar los recursos internacionales necesarios para aumentar las capacidades y responder a los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM). La Comisión sostiene que una globalización justa depende también de un mejor gobierno nacional en todos los países y propone prioridades en materia de políticas nacionales, locales y regionales que capaciten a las personas para participar en las oportunidades que ofrece la globalización.
La Comisión recomienda que el trabajo decente para todos se convierta en «un objetivo global, que debería perseguirse mediante políticas complementarias a nivel nacional e internacional. Esto daría respuesta a una importante exigencia política en todos los países». Abordar la necesidad de acelerar la creación de empleo en todos los países contribuiría a reducir las tensiones sociales dentro de los países y los roces económicos entre ellos. El informe insta a «una mayor coordinación de las políticas macroeconómicas para elaborar una estrategia más equilibrada de crecimiento global sostenible y de pleno empleo, en la que se prevea el reparto equitativo entre los países de la responsabilidad del mantenimiento de altos niveles de demanda efectiva».
Tomando nota de que objetivos sociales como el empleo no han recibido prioridad a nivel global debido, entre otras razones, a que las organizaciones internacionales con diferentes mandatos no colaboran suficientemente bien entre ellas, la Comisión recomienda que las organizaciones internacionales pertinentes adopten «iniciativas de coherencia política» con miras a desarrollar políticas más equilibradas que permitan lograr una globalización justa e integradora. El objetivo sería elaborar de forma progresiva propuestas de políticas integradas que armonicen de forma adecuada las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales que se plantean respecto de cuestiones específicas. La primera de estas iniciativas debería abordar la cuestión del crecimiento global, la inversión y la creación de empleo, y en ella deberían participar los organismos competentes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la OIT. Otras esferas prioritarias para iniciativas similares serían la igualdad de género y la emancipación de la mujer; la educación; la salud; la seguridad alimentaria y los asentamientos humanos.
Los copresidentes de la Comisión, presidentes Halonen y Mkapa, señalaron «una mejor globalización es la clave que permitirá lograr una vida mejor y segura para la gente de todo el mundo en el siglo XXI. Nuestro mensaje, crítico y positivo a la vez, aspira a cambiar el rumbo actual de la globalización. Consideramos que los beneficios de la globalización pueden llegar a más personas y repartirse mejor entre los países y dentro de ellos, permitiendo que muchas más personas puedan influir sobre su curso. Los recursos y medios necesarios existen. Nuestras propuestas son ambiciosas pero viables. Estamos seguros de que es posible lograr un mundo mejor».
Opiniones divergentes, voces convergentes
La Comisión examinó una gran cantidad de datos durante sus deliberaciones y concluyó que «el actual proceso de globalización está produciendo resultados desiguales entre los países y dentro de ellos. Se está creando riqueza, pero son demasiados los países y las personas que no participan de los beneficios». Asimismo, señaló que el trabajo y el empleo son elementos centrales de cualquier estrategia que quiera aumentar el alcance de los beneficios de la globalización, y destacó el hecho de que el desempleo mundial asciende a en más de 185 millones de
personas, la cifra más alta de toda la historia. Además, señaló que la «economía informal» sigue creciendo.
La Comisión formuló sus conclusiones y recomendaciones después de escuchar a muchas personas en las consultas que se mantuvieron durante más de dos años en todo el mundo. En los 26 «diálogos» celebrados en más de 20 países, la Comisión no sólo trató de establecer los hechos, sino también de fomentar el debate entre la diversidad de opiniones divergentes y a menudo críticas. Asimismo, se organizaron diálogos especiales con círculos empresariales, laborales y con la sociedad civil para que pudieran expresar sus puntos de vista.
La Comisión señaló que «pese a la variedad de opiniones manifestadas en los diálogos, también hubo muchos puntos de convergencia». Entre ellos, el sentimiento de inseguridad y las preocupaciones acerca del empleo, en palabras de un participante en los diálogos de Filipinas: «Una globalización que reduce el precio del calzado infantil pero que provoca el desempleo de los padres carece de sentido». Se temía por lo que un participante llamó «instituciones tradicionales como la familia o la escuela», y preocupaban las normas injustas que favorecían a los poderosos. Asimismo, muchas personas manifestaron a la Comisión que habría que contar con un Estado más efectivo.
Un participante de Costa Rica declaró: «Existe el sentimiento creciente de que vivimos en un mundo extremadamente vulnerable a cambios que no podemos controlar; un sentimiento creciente de fragilidad compartido por gente común, países y regiones enteras». Haciendo un resumen del poder de la globalización, otro participante de Egipto destacó: «Dormíamos en la orilla, cuando nos alcanzó una ola gigante».
La migración fue otra de las grandes preocupaciones manifestada tanto por los países de inmigración como por los países de emigración. Además del «éxodo intelectual», que menoscababa los esfuerzos por construir capacidades nacionales, los participantes señalaron que, con frecuencia, los migrantes pobres de todas las regiones sobre todo las mujeres se veían obligados a dedicarse a actividades económicas ilegales en los países de destino.
En todo el mundo, la integración regional se veía como el camino hacia una globalización más justa e integradora. En repetidas ocasiones se manifestó el apoyo a las Naciones Unidas por ser el mejor medio de responder a los retos de la globalización.
La Comisión señaló que la mayoría de los participantes en los diálogos opinaban que existían soluciones, y muchos ya las estaban buscando o promoviendo de manera activa. A pesar de los aspectos negativos del presente modelo de globalización, se reconocía que la globalización era una realidad y que había que ajustar las prioridades de las políticas para enfrentarse a ella. «El mundo exterior puede prescindir de nosotros; pero nosotros no podemos prescindir de él», se comentó en un diálogo en Tanzania. Otro participante en un diálogo en Polonia añadió: «Si la globalización es un río, debemos construir presas para generar energía».
El examen
En el informe se argumenta que una globalización justa requiere mejoras en el gobierno tanto dentro de los países como a escala internacional. Los actores públicos y privados de todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, deben responder de manera democrática por las políticas que aplican y las medidas que adoptan. El informe señala que ningún país posee el monopolio del buen gobierno.
Un primer requisito es que cada nación respete las necesidades y los intereses de las otras a la hora de formular sus políticas nacionales. En el informe se destaca la responsabilidad particular que tienen aquellos países que gozan de un mayor poder en la toma de decisiones de los organismos internacionales de tener en cuenta todos los intereses y cumplir con sus compromisos internacionales.
Dentro de los países, los beneficios de la globalización sólo podrán compartirse ampliamente, y sus efectos negativos controlarse, si se respetan los principios básicos de la democracia, la equidad social, los derechos humanos y el imperio de la ley. Asimismo, se necesitan unas instituciones estables para promover las oportunidades y la iniciativa en una economía de mercado que funcione bien. En el informe se hace un llamamiento a un Estado más efectivo con capacidad para gestionar el proceso de integración en la economía global, reforzar las capacidades de las personas y las empresas, proporcionar protección social adecuada y responder a los objetivos sociales y económicos. Se necesita un enfoque integrado, lo que significa que las autoridades económicas y sociales deben colaborar efectivamente. Es esencial disponer de instituciones de diálogo fuertes y de la participación de una serie de intereses, que se basen en las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores y en una sociedad civil dinámica.
En el informe se hace hincapié en que la globalización sólo podrá beneficiar a todas las personas si se logra incorporar la enorme economía informal en la corriente económica general mediante el establecimiento y el respeto de los derechos a la propiedad y los derechos de los trabajadores, y el aumento de la productividad y el acceso a los mercados. «Nuestra visión de la globalización tiene sus raíces en el ámbito local», dice el informe, que hace hincapié en las políticas locales, incluida la defensa del derecho de expresión, la cultura y la identidad, así como la creación de capacidades de producción locales que puedan mantenerse en una economía global y respetar las aspiraciones y prioridades locales. Puesto que lo que ocurre con su trabajo y empleo determina hasta qué punto la mayoría de las personas se beneficia de la globalización o la sufre, el informe señala que es imprescindible promover el empleo y el trabajo decente y hace un llamamiento para que se adopte un nuevo contrato social en el que se reconozcan los intereses tanto de los empleadores como de los trabajadores.
El documento presenta una serie de medios e instrumentos que están a disposición de los gobiernos, y de los interlocutores sociales dentro de los países, para permitir que los ciudadanos participen efectiva- mente en los beneficios de la globalización y protegerles y prestarles asistencia cuando haya que introducir ajustes. Hace además un llamamiento a las organizaciones internacionales y a las naciones ricas para que apoyen los esfuerzos nacionales por alcanzar estos objetivos.
Ello incluye un compromiso internacional que asegure a todo el mundo los recursos básicos y las demás condiciones que garantizan la dignidad humana y que se engloban en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) deberían considerarse como los primeros pasos hacia el establecimiento de unas condiciones socioeconómicas mínimas para la economía global. *
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