Piden a Kirchner que rechace el nombramiento de Juan Carlos Blanco en tribunal del Mercosur

Fuentes políticas argentinas dijeron a LA REPUBLICA que el proyecto ya está en conocimiento de la Cancillería del vecino país.

El proyecto de Basteiro cuenta con el apoyo de los diputados socialistas Jorge Rivas, María Elena Barbagelata, Eduardo di Pollina, Héctor Polino y Eduardo García; la radical Margarita Stolbizer; el kirchnerista Miguel Bonasso; Patricia Walsh, de Izquierda Unida; las integrantes del ARI, de Elisa Carrió: Marta Maffei y Margarita Jarque, y del economista Claudio Lozano, del bloque Emancipación y Justicia.

El legislador remitió a LA REPUBLICA el proyecto, que publicamos íntegramente.

 

Proyecto de Declaración

«Su más vehemente repudio a las actitudes del presidente de la República Oriental del Uruguay, Jorge Batlle Ibáñez, por su sistemática reivindicación de la filosofía del terrorismo de Estado y exhorta al Poder Ejecutivo Nacional a recurrir a todos los mecanismos a su alcance para impedir la incorporación del señor Juan Carlos Blanco como representante de Uruguay en el Tribunal Arbitral del Mercosur.

 

Fundamentos

El 3 de marzo pasado tomó estado público la decisión del presidente uruguayo, Jorge Batlle Ibáñez, de designar al ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco, para integrar el Tribunal Arbitral del Mercosur, un instrumento jurídico creado para laudar en eventuales controversias que puedan suscitarse entre los países de la unión aduanera.

Pese a tratarse de la decisión soberana de un gobierno, la designación provocó reacciones de condena en los países del Mercosur. Sin embargo, en ningún caso puede hablarse de una intromisión en los asuntos internos de otro Estado. Por el contrario, las condenas tienen absoluta validez toda vez que se trata de rechazar la designación en un tribunal de justicia de alguien que no tiene autoridad moral para ello, por estar procesado en su país como responsable de los más aberrantes delitos de lesa humanidad.

El señor Juan Carlos Blanco no es ni un diplomático de carrera ni un experto en Derecho Internacional. Blanco fue el encargado de las relaciones exteriores de la sangrienta dictadura que se abatió sobre el país hermano entre junio de 1973 y marzo de 1985. Las investigaciones sobre la historia reciente de Uruguay lo sindican como el ideólogo civil del régimen militar que quebró, sangrientamente, la rica tradición democrática uruguaya.

Blanco fue encarcelado en octubre de 2002, después de que la Justicia de Uruguay lo hallara responsable por el secuestro y asesinato de la maestra Elena Quinteros, en julio de 1973, un hecho que tuvo amplia repercusión internacional. Quinteros, una militante sindical y social, fue secuestrada en el interior de la Embajada de la República de Venezuela en Montevideo y hasta hoy permanece desaparecida.

El episodio, probado hasta por investigaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), desencadenó entonces la reacción venezolana y la ruptura de las relaciones diplomáticas, restablecidas con el fin de la dictadura, en marzo de 1985.

El señor Blanco también está implicado en el secuestro, tortura y asesinato, en 1976, de cuatro ciudadanos uruguayos exiliados en la Argentina: el entonces senador Zelmar Michelini; el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes políticos Rosario Barredo y William Withelaw. En la toma de decisiones sobre el cuádruple crimen el señor Blanco jugó un papel decisivo. Los cuatro ciudadanos uruguayos fueron secuestrados en Buenos Aires el 18 de mayo de 1976, y aparecieron, con claros signos de torturas y baleados en la cabeza, el 20 de mayo de ese año. Once días antes del secuestro, Michelini  que se desempeñaba como redactor en el desaparecido diario La Opinión  había entregado a uno de sus compañeros de trabajo una carta de puño y letra en la que decía que el señor Blanco llegaría días después a Buenos Aires «para negociar mi destino con las autoridades argentinas». La premonitoria carta de Michelini está incorporada a la documentación reunida durante el juicio a las Juntas Militares.

A mediados de 2003, en un caso que la prensa independiente y la dirigencia política uruguaya calificaron como una grosera violación de la independencia de los poderes del Estado, el presidente Batlle logró que Blanco fuera liberado, aunque continúa procesado bajo los mismos cargos. Este personaje  secuestrador, torturador, asesino  que aún no ha saldado su deuda ni con el pueblo ni con la Justicia uruguayos es el elegido del señor Batlle para arbitrar justicia en el marco del Mercosur. Si los argentinos no conociéramos al señor Batlle podríamos pensar que estamos ante un simple error.

Pero no es así, señor Presidente. No nos encontramos ni ante un error ni ante un caso aislado. Tampoco ante el acto irresponsable de un provocador político. Estamos ante una decisión meditada, con muchos antecedentes similares, de un presidente en decadencia que con sus gestos reivindica la filosofía del terrorismo de Estado. Revisemos los episodios más recientes con los que el señor Batlle ha insultado a la sociedad argentina.

Poco después de asumir la Presidencia de la República, en marzo de 2000, el señor Batlle se comprometió con el poeta argentino Juan Gelman a buscar a su nieta, nacida en cautiverio en Uruguay, y a develar el paradero de su nuera, María Claudia García Irureta Goyena de Gelman. Sus militares amigos le permitieron dar con los apropiadores de la niña, pero no revelar la identidad de los asesinos de María Claudia, secuestrada en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras instaladas en el Cono Sur en la década del setenta.

Jaqueado por la opinión pública internacional, el 15 de enero pasado el señor Batlle dijo que no estaba dispuesto a aportar la información que tiene en su poder sobre la joven argentina secuestrada aquí pero desaparecida en Montevideo. El actual senador uruguayo Rafael Michelini  hijo de aquel otro senador secuestrado y asesinado en Buenos Aires  dijo públicamente que «en una charla a solas con Batlle, el presidente me dijo que conoce el nombre de quiénes fueron los secuestradores y asesinos de la joven García Irureta Goyena de Gelman». El 19 de diciembre de 2003 el señor Batlle había tenido otro gesto inamistoso hacia la Argentina. Entonces había designado como Agregado Naval en la Embajada de Uruguay en Argentina al capitán de fragata Juan Craigdallie.

En el libro Un Marino Acusa, el ex fotógrafo de la inteligencia naval uruguaya Daniel Rey Piuma describió a Craigdallie como «un torturador salvaje, responsable del asesinato de dos ciudadanos argentinos». Con ese gesto, el señor Batlle volvía a tensar las relaciones con la Argentina. Finalmente desistió del nombramiento. Para ello fue necesario que, primero, el gobierno argentino hiciera un reclamo diplomático formal y que el presidente Néstor Kirchner dijera en unas declaraciones periodísticas que esperaba que «la Cancillería uruguaya reaccione como corresponde y no pretenda mandarnos a un torturador como agregado naval».

Pero hay más, señor Presidente. El gobierno del señor Batlle se ha negado sistemáticamente a colaborar con la Justicia argentina. Ha rechazado, sin estudiarlos siquiera, los exhortos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Claudio Bonadío y Jorge Urso, en los que se pedía la extradición de militares uruguayos sospechados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de oficiales de alta graduación que actuaron en la Argentina en el marco del ya señalado Plan Cóndor.

Nadie olvidará, además, que en junio de 2002 el señor
Batlle fue protagonista de otra afrenta a nuestra sociedad, cuando dijo que «todos los argentinos, del primero al último, son unos ladrones». Nadie olvidará aquella patética aparición del señor Batlle cuando se humilló, llorando ante las cámaras de televisión, en un vano intento por decir que no había dicho lo que había dicho. Recordemos que el 4 de junio dirigimos una carta abierta de repudio a los dichos del señor Batlle, que tuvo amplia repercusión en la prensa nacional e internacional.

Señor Presidente, volvamos al último episodio que, como queda a la vista, no es un hecho aislado ni una provocación, como hemos dicho, sino una definición filosófica a favor del terrorismo de Estado. Ahora el señor Batlle también pretende atacar al Mercosur, minar la idea de justicia del mercado común designando para su tribunal arbitral a alguien que estuvo preso y está procesado por haber sido partícipe de crímenes de lesa humanidad.

Es sabido que el señor Batlle es un enemigo del Mercosur. Es sabido que el señor Batlle no mira hacia el Mercosur, sino hacia Estados Unidos y que actúa dentro del bloque como agente de los poderes extranjeros. El senador socialista uruguayo Reinaldo Gargano ha sido concluyente cuando se refirió a la actitud de Batlle ante el proceso de integración. «Los hechos dicen que el presidente de Uruguay ha dicho que el Mercosur ya fue, y que lo que importa ahora es obtener unas relaciones bilaterales preferenciales con Estados Unidos», dijo Gargano.

La designación de un responsable de crímenes de lesa humanidad para integrar el órgano de justicia del Mercosur se inscribe dentro de la filosofía de Batlle, pero también es una provocación y un nuevo insulto a la sociedad y el gobierno argentinos. Es por ello, señor Presidente, que solicitamos la pronta aprobación del presente Proyecto de Declaración». *