El Senado aprobó aumentar pena para homicidios de policías, jueces y fiscales

Este martes 5 de junio el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de Ley que surgió en el marco de los acuerdos multipartidarios y de las reuniones con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, sobre seguridad.

Si bien el Senado incorporó ciertas modificaciones al proyecto original, la iniciativa aprobada establece elevar a dos años de penitenciaría la pena mínima para el homicidio y, además, que no sea excarcelable.

En tal sentido, se dispone: “El que con intención de matar diere muerte a alguna persona será castigado con dos a 12 años de penitenciaría”. Hasta el momento en este caso la pena mínima es menor a dos años (20 meses) y excarcelable.

Agravante muy especial

También se propone establecer un “agravante muy especial cuando se diere muerte a una persona que reviste la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal”.

“Estos auxiliares de la Justicia tienen una exposición mayor ante la delincuencia y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, por ello se incorporó que la pena será de 15 a 30 años de penitenciaría”, explicó el senador del Frente Amplio Charles Carrera.

Unanimidad

Si bien la propuesta contó con el voto de todos los partidos políticos, desde el Partido Nacional, Luis Alberto Heber dijo que de 28 proyectos que presentó su partido solo se adoptaron dos. “La montaña parió un ratón”.

“De este modo el Estado penaliza a quien se da el derecho de matar a otra persona y que en muchos casos las víctimas son trabajadores», dijo Heber.

Por su parte, el senador Colorado Pedro Bordaberry dijo que “este es el camino que por fin el oficialismo comenzó a transitar. Es bueno que el Frente Amplio esté agravando penas”.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que el país está en un momento “muy grave» desde el punto de vista de la seguridad y remarcó que desde el Parlamento se pueden dar este tipo de mensajes.

La iniciativa pasó a la Cámara de Representantes para su sanción definitiva.