El Fiscal de Corte subrogante revocó doce resoluciones de su antecesor Peri Valdez

El fiscal de Corte y Procurador General de la Nación subrogante, doctor Marcelo Brovia, dejó ayer sin efecto doce resoluciones que el fiscal investigado, Oscar Peri Valdez, había tomado durante su gestión al frente de dicho organismo.

La resolución de la Fiscalía de Corte Nº A/39/04, a cargo del doctor Brovia, revocó una docena de decisiones que Peri Valdez había dictaminado durante el período comprendido entre el 19 de agosto de 1997 y el 30 de marzo de 2001.

Las actuaciones de Brovia fueron remitidas al ministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán a efectos de que considere su eventual homologación. El secretario de Estado consideró «innecesaria» su homologación, tomó nota de la resolución adoptada por el fiscal de Corte y consideró que las decisiones adoptadas debían «tenérselas por firmes y efectivas desde que se cumplan los trámites que haya de disponer la unidad competente». El fundamento del Fiscal de Corte subrogante para derogar varias normas que su antecesor había adoptado radica en que «implican una regulación que apunta a la uniformización de la forma de actuar de sus integrantes y a imponer determinadas pautas de conducta referidas al relacionamiento con otros ámbitos de la Administración y la sociedad en general».

También, Brovia estimó que «dichas normas reglamentarias afectan, en alguna medida, el principio de independencia técnica, consagrado en el artículo 2 del Decreto-Ley Nº 15.365, del 30 de diciembre de 1982, Orgánico del Ministerio Público y Fiscal», según indica el comunicado de la Fiscalía de Corte.

Entre las resoluciones revocadas se encuentran: la que hace referencia a «las pautas de evaluación para proceder a designaciones, traslados y promociones de los magistrados, y ampliatoria»; la decisión que «encomendó a los fiscales letrados nacionales de lo Penal, mantener en funcionamiento en horas inhábiles, el teléfono celular asignado» y también, entre otras, «al tema de relacionamiento del Ministerio Público con la comunidad», por ejemplo, los contactos periodísticos, que debían comunicarse con «debida antelación» a la Fiscalía de Corte. *