Flangini anuncia juicio a LA REPUBLICA

El director de Dinara, capitán de navío (r) Yamandú Flangini, anunció ayer que iniciará un juicio por difamación y por robo y adulteración de documentación pública contra LA REPUBLICA, por un artículo en el que se señala que el pesquero «Maya V» es propiedad de la empresa Navalmar SA.

«Lo que apareció en el diario LA REPUBLICA, en el sentido de que yo mentía en la titularidad de un buque y publicaron un facsímil de un documento oficial, según dicen en el texto. Como ese documento no es de acá, es aparentemente trucado, entonces corresponde que se le hagan los estudios pertinentes que marca el decreto 500 en su artículo 180. Fue todo al Ministerio para ver si esta adulteración fue a propósito para definir si corresponde una denuncia penal y civil al autor del artículo», anunció el militar retirado.

Versiones de prensa indicaron en la víspera que el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, realizaría la denuncia contra el director de LA REPUBLICA, Dr. Federico Fasano Mertens, y otros trascendidos de prensa señalaron que la causa sería auspiciada por el ministro de Educación y Cultura, Dr. Leonardo Guzmán.

En su edición del día martes 23 de marzo (página 2), LA REPUBLICA publicó el facsímil de un documento membretado de la Dinara, fechado el 28 de noviembre de 2003 y firmado por la Inspectora Dra. Ana Abelenda, donde se comunica al Sub Prefecto del Puerto de Montevideo, capitán de fragata (CP) Jesús de Armas, un listado de empresas y barcos categoría «D» de capitales españoles, donde el «Maya V» aparece a nombre de la firma Navalmar SA.

La empresa Navalmar SA, regenteada en Uruguay por el empresario Luis Pazos, había sido expulsada del país como consecuencia de las irregularidades confirmadas en el «Viarsa I» -el barco detenido por Australia en setiembre de 2003- que había falsificado y adulterado los datos de su emisor satelital VMS.

La propia Dinara sancionó a Navalmar SA y anunció el retiro de los permisos de pesca de sus barcos «Dorita» y «Carrán». Navalmar había sido también denunciada por la organización internacional Colto como perteneciente a una mafia gallega que dirige la pesca pirata de merluza negra en aguas antárticas.

 

El «fantasma» de Navalmar

En febrero último, cuando se confirmó la detención del «Maya V», la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que adjudicó su propiedad a la empresa Navalmar, y sólo 24 horas más tarde, se desdijo y sostuvo que el pesquero de bandera uruguaya correspondía a la firma Alcimar SA.

Sin embargo, Alcimar SA no pudo ser ubicada como domiciliada en Uruguay y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó a su representante, la firma Nobleplan SA, que dirige el empresario José Marcicano Yannaco, para que compareciera ante los reclamos planteados por el sindicato de la pesca, Suntma.

La vinculación de Navalmar SA con el «Maya V» fue categóricamente desmentida por el ministro Aguirrezabala cuando compareció días atrás ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, y otro tanto había afirmado el capitán de navío (r) Yamandú Flangini.

Sin embargo, el «fantasma» de Navalmar volvió a aparecer en un documento enviado al ministro de Trabajo, Santiago Pérez del Castillo, por el director nacional de Marina Mercante, capitán de navío Jorge Raggio, quien señaló como sospechoso que un primer rol de tripulantes enviado por el «Maya V» en diciembre de 2003, donde sólo aparecía una tripulación de 27 marinos, 13 de ellos uruguayos, hubiera sido enviada desde la casilla de correo «[email protected]» que pertenece a Luis Pazos.

Ese rol de pesca, en el que aparentemente se cumplía el artículo 27 de la Ley Nº 13.833, donde se exige que el 50% de la tripulación de los buques de bandera nacional sean uruguayos, se confirmó como falso, cuando desde Australia la Cancillería uruguaya recibió la información oficial de que a bordo del «Maya V» había 41 tripulantes y sólo 13 de ellos, incluyendo al observador Mario Andrés Morales, eran de ciudadanía oriental.

El incidente determinó una investigación en curso por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuyos inspectores pudieron confirmar una serie de anomalías en la firma Nobleplan SA, que hasta la fecha no ha comparecido a las audiencias de conciliación con los dirigentes del Suntma, el PIT-CNT y los familiares de los tripulantes presos en Australia. *