Dinara desmintió a Flangini y confirmó que el barco "Maya V" es de Navalmar

El pesquero de bandera uruguaya «Maya V», cuyos tripulantes son juzgados en Australia, pertenece a la empresa de capitales españoles Navalmar SA, expulsada del país y cuyos permisos de pesca fueron suspendidos luego de las actividades ilegales del barco «Viarsa I», según confirma un documento de la propia Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara).

La Dinara, que dirige el capitán de navío (r) Yamandú Flangini, y el propio ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, han dicho en reiteradas ocasiones que la firma Navalmar SA no está vinculada al barco capturado el pasado 23 de agosto en aguas jurisdiccionales australianas.

Aguirrezabala llegó a sostener hace una semana ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes que «con respecto a lo que se ha dicho por ahí en relación a la vinculación del ‘Maya V’ con los grupos que tienen que ver con el ‘Viarsa’ y compañía, no es cierto, por lo menos hasta donde consta en las investigaciones que hemos hecho nosotros».

Agregó, en clara alusión a las investigaciones de LA REPUBLICA, que había «versiones de prensa que los hermanan, pero ni sus representantes ni sus direcciones tienen nada que ver. Esto no quiere decir que la tenencia de las acciones sea de H, de B o de Z, pero, reitero, no tienen una gerencia o mandato que provenga del mismo lugar».

Aguirrezabala dijo que su secretaría de Estado había «investigado» el eventual vínculo con Navalmar SA, «porque nos parecía que era importante establecer si todos estos eventos estaban relacionados o no de alguna manera, que es algo relevante a efectos de mantener ese control y vigilancia».

Pese a los sucesivos desmentidos, un documento oficial al que accedió LA REPUBLICA demuestra que el «Maya V» estaba registrado en los archivos de la Dinara como un barco de capitales españoles regenteado por Navalmar SA, la empresa que en Uruguay representa el ingeniero Luis Pazos para la firma gallega Vidal Armadores SA, acusada internacionalmente de piratería.

El documento con membrete de la Dinara, fechado el 28 de noviembre de 2003 y firmado por la inspectora doctora Ana Abelenda, comunica al subprefecto del Puerto de Montevideo, capitán de fragata (CP) Jesús de Armas, el listado de empresas y barcos categoría «D» de capitales españoles.

En la lista de nueve buques aparecen los pesqueros «Carrán», «Maya V» y «Viarsa I», como pertenecientes a la empresa Navalmar SA; mientras los barcos «Atlantic 52″, «Elqui» y «Lugalpesca» son adjudicados a Vakin SA; el «Isla Alegranza» a Isla Alegranza SA; el «Piscis» a Triomar SA, y el «Sherpa Uno» de Deep Blue SA.

De ese listado, los pesqueros «Lugalpesca», «Atlantic 52″, «Sherpa Uno», y «Viarsa I», fueron sancionados con la suspensión de sus permisos de pesca debido a una serie de irregularidades en los trámites de contralor que deben suministrar a las autoridades marítimas uruguayas.

El comunicado de prensa Nº 8/04 de la cancillería uruguaya había informado el 13 de febrero que los tripulantes del «Maya V»  capturados por guardacostas australianos en zona no habilitada  quedarían «en libertad inmediatamente (después) que la empresa Navalmar SA, propietaria del buque, haga efectivo el pago de la fianza que a esos efectos fije la Justicia australiana».

Sin embargo, sólo veinticuatro horas después, a través del comunicado Nº 9/04, el Ministerio de Relaciones Exteriores se corrigió y declaró que «el buque ‘Maya V’ es propiedad de la firma Alcimar SA, no teniendo la empresa Navalmar SA ninguna vinculación con dicho pesquero ni con la situación en la que se encuentra».

Entre un comunicado de prensa y otro, habría mediado una llamada telefónica que distintas fuentes adjudican al propio capitán de navío (r) Yamandú Flangini, quien en las últimas horas ha evidenciado, en declaraciones destempladas, su irritación por las derivaciones que está generando el caso «Maya V».

En una nota con Crónicas Económicas, Flangini declaró que «por razones de salud mental, hay determinadas publicaciones que no me interesa lo que dicen» y que «no leo porque utilizan seudo periodistas que son mercenarios de un patrón», quien «les dice que tienen que poner inmundicias y agravios».

Agregó en la entrevista que «a esos no voy a responder porque si uno atiende a esas pequeñas figuras, enanos mentales, lo único que hace es darle un protagonismo que no tienen. Por mí pueden hacer lo que quieran, sé lo que estoy haciendo, estoy defendiendo los intereses de mi país y lo voy a seguir haciendo».

Los intereses que defiende Flangini, primer suplente del diputado Daniel García Pintos, al negar la relación entre la empresa Navalmar SA y el pesquero «Maya V», ya habían quedado expuestos a través de una documentación que el director registral de Marina Mercante, capitán de navío Jorge Raggio, había enviado al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Pérez del Castillo.

En una nota fechada el 17 de febrero último, el representante de la Armada uruguaya había señalado sus sospechas por la existencia de dos roles de pesca diferentes sobre la tripulación del «Maya V»: uno en el que sólo aparecían 27 tripulantes (13 de ellos uruguayos) y otro en que figuraban 41 personas.

El primero de los roles de pesca, en el que supuestamente se cumplía con el artículo 27 de a Ley Nº 13.833 por la que se exige un 50 % de tripulantes uruguayos en los barcos de bandera nacional, había sido enviado desde la casilla de correo del mismísimo gerente de Navalmar SA, Luis Pazos ([email protected]).

Incluso se mencionaba en condición de «marinero» al observador científico Mario Andrés Morales, integrante de la brigada «Palo y Palo» de la Lista 15222 que encabeza el diputado García Pintos y secunda el propio capitán de navío (r) Yamandú Flangini.

El segundo rol de tripulantes, enviado por el embajador Pablo Sader, director general para Asuntos Políticos de la cancillería, fue lo que permitió a los inspectores del Ministerio de Trabajo confirmar que la empresa Nobleplan SA, del empresario José Marcicano Yannaco, representante de Alcimar SA, había incumplido la Ley Nº 13.833. *