VIVIENDA POPULAR

Cámara de Diputados aprobó el Plan Nacional de Vivienda Popular

La Cámara de Representantes aprobó en general, por 50 votos en 99 legisladores presentes, el proyecto de Ley de Unidad Popular por el que se crea un Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública.

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La iniciativa del diputado Eduardo Rubio, que cuenta con 30 artículos, pasará a consideración del Senado para su tratamiento, donde no contará con los votos necesarios para su sanción, ya que el Frente Amplio no lo votará.

En la Cámara de Diputados la iniciativa logró el voto del frenteamplista Darío Pérez, quien acompañó a los sectores de la oposición y por ello dejó al Frente Amplio en minoría.

Pérez dijo que el proyecto tiene algunos “defectos importantes”, pero también “la virtud de poner encima de la mesa el gran problema del déficit, particularmente del acceso a la vivienda a los más pobres”.

“Mi actitud me traerá consecuencias políticas, pero ello no me va ni me viene. No estoy pensando en el ‘traste’ mío”, dijo.

En su momento el diputado Alejandro Sánchez del Movimiento de Participación Popular dijo que el Frente Amplio es consciente de que existe una demanda y que debe tener solución.

Pero remarcó que la iniciativa de Rubio “no aporta soluciones a la vivienda, porque no tiene financiamiento y por tanto no se va a poder construir ninguna”.

La propuesta

El proyecto pretende incorporar una herramienta más con las que ya cuenta el Ministerio de Vivienda para el acceso a la vivienda digna de los trabajadores del país, dijo Rubio.

Plantea beneficiar a familias cuyo ingreso global no supere los 76.960 pesos mensuales, es decir unas 20 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), “sector que no cuenta con capacidad de ahorro”.

Para su pago se deberá destinar no más del 10% del ingreso global hasta cubrir el valor de la vivienda, y no es necesario tener ahorro previo.

A través de la iniciativa se buscará la utilización de tierras del Estado para la construcción, y que se habilite la expropiación de lugares abandonados, se dé transparencia en la licitación de obras que deberán estar en manos del Estado y se privilegie la mano de obra de las cooperativas.

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