Polémica por topes jubilatorios

Este hecho fue considerado por el diputado Carlos Pita como un cambio explícito en la jurisprudencia y que establece un «régimen de privilegios para cargos políticos que la legislación vigente eliminó».

Por su parte, fuentes del Directorio del BPS confirmaron este hecho, pero precisaron que el derecho adquirido por la ley que no establecía topes a las pasividades no se pierde con la vigencia de otra norma posterior, por lo cual, se habría actuado dentro del derecho.

En conferencia de prensa, el diputado Carlos Pita (CP) denunció las «graves e impredecibles consecuencias políticas y financieras que podría acarrear una resolución del Directorio del BPS adoptada a fines del año pasado».

El primer caso a estudio del Directorio del organismo provisional fue aprobado, por mayoría, a fines de diciembre. El peticionante fue el actual senador herrerista Guillermo García Costa. El BPS habilitó la nueva jubilación, al amparo de la legislación anterior a 1979, que no establecía topes a las pasividades, por la cual ya se había jubilado. Según explicó Pita, este caso se dio a pesar de haber renunciado a la pasividad para reincorporarse a la actividad con posterioridad a esa fecha.

García Costa reconoció ayer que obtuvo el derecho jubilatorio, luego del quiebre institucional del año 1973, «bajo la tesis del derecho adquirido», aunque después volvió a la actividad parlamentaria (véase recuadro).

Pita consideró que la resolución es considerada explícitamente un cambio de Jurisprudencia y, por lo tanto, un precedente para la aprobación de solicitudes similares.

El caso García Costa fue aplicado para aprobar la solicitud formulada por el actual intendente de Canelones, Tabaré Hackenbruck, quien también había requerido un cambio en su cédula jubilatoria. El Directorio aprobó esta resolución en el mes de enero. Otro dirigente político que inició trámites ante el BPS fue el ex presidente de OSE, Juan Justo Amaro. La semana pasada, el Directorio habilitó a que el ex senador obtuviera nuevamente el monto de su pasividad que percibiera antes de volver a la actividad sumado a la generación de derechos jubilatorios en estos últimos años. Es así que tanto García Costa, Hackenbruch como Amaro, cuando se jubilen habrán de percibir una pasividad mayor a los topes actualmente establecidos.

En el día de hoy, el Directorio del BPS resolverá por una nueva solicitud de modificación de cédula jubilatoria. Esta vez será la de Saúl Posada, que fuera intendente de Tacuarembó y director de Ancap.

El legislador denunciante, Carlos Pita, sostuvo que las modificaciones de las cédulas jubilatorias implica «restablecer por la vía oblicua de una resolución interpretativa un régimen de privilegio para cargos políticos que la legislación vigente eliminó».

A modo de ejemplo, el diputado frenteamplista explicó que en los cargos más altos en lugar de jubilarse con el tope de $ 20 mil, el beneficiario podría llegar a jubilarse con más de $ 50 mil.

Pita consideró doloroso comparar la situación que viven los más de 600 mil pasivos que cobran menos de $ 3.200 mensuales promedio y que piden con desesperación $ 500 de aumento que les son negados sistemáticamente.

En tal sentido, la bancada del Frente Amplio convocará al directorio del BPS a la Comisión de Seguridad Social a los efectos de analizar la Resolución y sus eventuales consecuencias, así como exigir la rectificación de la misma. Con esto último, argumentó Pita, se «estaría desactivando una bomba que podría estallar el año que viene si se produjese un aluvión de solicitudes similares que intensificarán gravemente la desfinanciación del BPS.»

La visión del Directorio

Sin embargo, fuentes del Directorio del BPS aseguraron que estas modificaciones de cédulas jubilatorias se otorgaron de acuerdo a la ley, ya que estas personas que se jubilaron antes de 1979, año en que fueron implantados los topes a las pasividades, dejaron en suspenso dicho derecho cuando empezaron nuevamente a trabajar. Estas pasividades otorgadas previo a los topes no pueden ser modificadas por una ley posterior, debido a que en estos casos no rige el principio de retroactividad y no se puede modificar lo ya adquirido.

García Costa, Hackenbruch, Amaro y Posada se jubilaron por la Ley Nº 9.940 que no topeaba las jubilaciones. Al volver a trabajar se suspende el cobro de la pasividad, pero al cesar nuevamente, la persona solicita integrar a la pasividad que ya tenía, los años y montos de la nueva actividad.

En octubre de 1979 hubo una reforma que topeó las jubilaciones en el 85% de 5 salarios mínimos nacionales y facultó al Poder Ejecutivo a ir aumentando ese techo hasta llegar a 15 salarios, pero esta medida fue congelada al llegar a 7 salarios.

Las fuentes del Directorio del BPS entienden que no habrá aluviones de nuevas solicitudes, ya que sólo tendrían derecho aquellas personas que se retiraron antes de 1979 y que volvieron posteriormente a la actividad.

Si bien cualquier trabajador que estuviera en estas condiciones podría superar los topes jubilatorios, sería más fácil encontrar estos casos en la clase política, ya que se necesitaba menos años para llegar al retiro.

Se fundamentó el voto positivo por actuarse dentro de la legalidad, «de la misma forma que en enero se aprobó un ajuste de las pasividades de un 2%, que benefició a los ex presidentes Sanguinetti y Lacalle con un aumento superior a los $ 2 mil, mientras que un jubilado que percibe $ 3 mil de pasividad obtuvo un aumento de $ 60.» *