Korzeniak: Blanco tendría que tener la ciudadanía suspendida
El senador socialista José Korzeniak expresó ante el Parlamento que «si el Estado uruguayo cumple con el Derecho, el doctor Juan Carlos Blancos -ex Canciller de la dictadura-, tiene que tener la ciudadanía suspendida por haber sido procesado por el delito de coautoría de homicidio, de lo que puede resultar pena de penitenciaría» y, por tanto, «no puede ser designado en ninguna lista de juristas de reconocida competencia en materia de solución de controversias».
Korzeniak solicitó durante la media hora previa de la sesión de la víspera de la Cámara de Senadores que sus palabras fueran remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores para que deje sin efecto la disposición por la cual se ratifica a Blanco como uno de los miembros de la lista de eventuales árbitros de un conflicto entre países miembros del Mercosur. La decisión de Cancillería se basó en que el procesamiento presume que la persona es inocente porque no está la sentencia de condena. Ante lo cual el legislador socialista discrepó por entender que es exactamente al revés, «ya que cuando un juez procesa, presume que es culpable, si no cómo lo pone preso si se presume que es inocente».
«Entonces, esto se trata de pura retórica que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y si bien tiene algo de razón en este caso no la tiene, porque si el juez posee elementos de convicción para procesarlo, lo procesa», añadió el parlamentario.
Por otro lado, agregó que en el artículo 80, numeral 2, de la Constitución de la República se expresa que por la condición de procesado en una causa en la que pueda resultar pena de penitenciaría, aquellas de más de dos años, se debe suspender la ciudadanía.
Entonces, el juez al procesar a Blanco «por este delito que es coautoría de homicidio (de la maestra Elena Quinteros) lo procesó por un delito del que puede resultar pena de penitenciaría y tiene que enviar una nota a la Corte Electoral la cual debe determinar que tiene la ciudadanía suspendida».
El legislador añadió que si Blanco tiene que tener la ciudadanía suspendida, «entonces no se lo puede designar representante del país, que en el sentido amplio se trata de un funcionario del Estado, aunque el árbitro cuando actúa como tal no está actuando en función pública de juez, sino como arbitraje».
«Creo que jurídicamente no puede estar en esa lista. El Estado uruguayo inmediatamente debería tomar esta medida, porque el Derecho lo obliga a que la tome», resaltó.
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