Los periodistas de Búsqueda denunciaron "pinchaje"

Claudio Paolillo, secretario de Redacción de la revista, leyó ayer una declaración, firmada por periodistas del semanario, en la que hicieron pública la medida y en la que, además, denunciaron la existencia de un «operativo enchastre» en contra del director de esa publicación Danilo Arbilla.

Asimismo, confirmaron que los días 4 de octubre y 3 de noviembre, fueron realizadas desde la redacción de Búsqueda tres llamadas a la República Argentina al número 43487412 relacionadas a la instalación en Montevideo de la Bolsa de Valores Latin America Futures Exchange SA, conocida como Lafex SA.

Los periodistas se comunicaron directamente con el director de Lafex SA (la central del narcolavado), el licenciado Luis A. Gallardo. A raíz de estos contactos fueron publicaron dos artículos, los días 7 de octubre y el 4 de noviembre, en donde aparece citado el jerarca. Paolillo exhibió copia de las facturas de Antel en la que aparecen los registros de ambas llamadas, y además la copia del registro de llamadas solicitadas a la propia central telefónica de Búsqueda. «El número al que llamaron los periodistas, buscando sobre Lafex SA, se corresponde con el número telefónico de Mercado Abierto SA, la financiera descrita por LA REPUBLICA y por su director como el centro del lavadero regional del narcotráfico. Ocurre que el licenciado Gallardo, además de ser director de Lafex SA, trabajaba en Mercado Abierto SA».

El secretario de Redacción de Búsqueda sostuvo que ellos «no tenían idea de que estaban llamando a Mercado Abierto». Deduciendo de ahí «que Arbilla no llamó nunca a Mercado Abierto SA», y que «para nuestra enorme preocupación, por los menos desde octubre de 1999 (y no sabemos desde cuánto tiempo antes y no sabemos si eso sigue vigente hoy), las conversaciones telefónicas de los periodistas de Búsqueda (y tampoco sabemos si se trata sólo de nosotros) están siendo registradas y espiadas ilegalmente».

Por su parte, el subsecretario de Redacción de Búsqueda Nelson Fernández, dio a conocer un documento oficial del Banco Central sobre Lafex SA, fechado en noviembre del año pasado. Entre los directores de esa firma figura el licenciado Luis Adrián Gallardo, quien además, según el documento «es operador de futuros y opciones de Mercado Abierto SA, de Buenos Aires». Fernández agregó que, «por la información recibida» Gallardo es fallecido. En la conferencia de prensa, fueron distribuidas a su vez copias de la declaración del personal de Búsqueda, una cronología elaborada por el semanario en base a los contactos de periodistas con Lafex SA y facsímiles de la documentación: facturas de Antel y fotocopias del cuaderno de registro de llamadas al exterior. A continuación transcribimos en forma textual la declaración de los periodistas de Búsqueda:

«Montevideo, 12 de junio de 2000

Declaración

Hemos convocado a esta conferencia de prensa para informarles a ustedes, nuestros colegas, y por vuestro intermedio a toda la población, sobre la ocurrencia de algunos hechos que consideramos muy graves y de los cuales nos hemos enterado durante el último fin de semana.

Los hechos a que vamos a aludir ahora están relacionados con el caso de la ‘operación enchastre’ que se ha lanzado contra el director de ‘Búsqueda’, Danilo Arbilla. La Asociación de la Prensa Uruguaya ya ha expresado públicamente su rechazo a las amenazas y a la práctica de terrorismo de Estado llevada a cabo contra Arbilla por el ex director nacional de Policía, ha reclamado investigar estos hechos graves y discernir responsabilidades, y ha expresado su solidaridad con el colega. Pero en esta ocasión no es a ese tema que nos vamos a referir.

El sábado 10, el diario LA REPUBLICA informó en su portada en su principal titular que: ‘Tres llamadas a la central del narcolavado en la región son las claves del escándalo’. En la primera bajada de ese título, y como una de las ‘razones de la sospecha’, LA REPUBLICA preguntó: ‘¿Desde la oficina de Arbilla se realizaron el 4 de octubre y el 3 de noviembre (de 1999) tres llamadas a las oficinas de la central del narcolavado en la región cuyos fondos están congelados antel ante la denuncia de los gobiernos de Estados Unidos, México y Argentina?’

En sus páginas interiores el diario dijo que encontró ‘fácilmente’ fuentes para insistir en el porqué de la denuncia del ex director nacional de la Policía, Roberto Rivero, y que esas fuentes fueron ‘los propios colegas del inspector Rivero quienes pidieron máxima reserva de su identidad’.

Las fuentes de LA REPUBLICA a quienes el diario se refirió como ‘fuentes policiales plenamente identificadas’ por el periódico, dijeron textualmente: ‘Rivero no hubiera pedido la investigación (sobre Arbilla) si no estuviera en conocimiento de que existieron por lo menos tres llamadas de la oficina de Arbilla los días 4 de octubre y 3 de noviembre del año pasado (…) a las oficinas de la financiera Mercado Abierto en Buenos Aires acusada por el fiscal norteamericano Alejandro Mayorkas, en la Corte Federal de Los Angeles, de ser la central del narcolavado en la región y que esa denuncia también fue formalizada ante la Justicia argentina lo que determinó la inmediata congelación de los fondos tanto de la financiera como de su principal, Aldo Ducler, del ex policía mexicano Jorge Iñíguez al servicio actualmente del Cártel de Juárez y de su socio Jaime Martínez Ayón, responsable del cártel para convertir el dinero del narcotráfico en bienes inmobiliarios argentinos y uruguayos’.

Ayer, domingo 11, LA REPUBLICA siguió con el tema y dijo que intentó sin éxito ‘profundizar sobre esas tres presuntas llamadas formuladas hace muy poco tiempo desde sus oficinas (las de Arbilla) a la sede del narcolavado regional’. El diario informó que intentó ‘averiguar los números de teléfono desde donde habían sido formuladas las llamadas y a qué números exactamente, y a qué país, así como los minutos que duró la comunicación. No tuvimos éxito en la gestión’. Luego dice que los ‘detalles’ de esas llamadas ‘sólo los conoce hasta el momento el ex director nacional de Policía’. El diario apela, por otra parte, a una intervención de Antel para que aclare la situación.

El sábado, en un editorial, el director de LA REPUBLICA, Federico Fasano Mertens, había escrito en la tapa del diario: ‘Si no se prueba que desde la oficina del director de Búsqueda partieron el 4 de octubre y 3 de noviembre por lo menos tres llamadas al centro del lavadero regional del narcotráfico, las sospechas del inspector Rivero se habrán hecho añicos y las excusas al colega (esto es, a Arbilla) tendrán que serles formuladas por los investigadores, que en ese caso se equivocaron y muy feo’.

Y bien: sin recurrir al Directorio de Antel, ni a los servicios de inteligencia, ni a ninguna cosa extraña, los periodistas de Búsqueda estamos en condiciones de responder a la pregunta formulada por LA REPUBLICA y, a continuación, vamos a informar todo lo que sabemos sobre eso. Recurrimos para ello a dos elementos: el cuaderno de registros de llamadas al exterior que llevan las telefonistas de Búsqueda y las facturas pagadas a Antel por Editorial Agora SA, que es la empresa editora de Búsqueda.

Según el registro de llamadas al exterior que figuran en las facturas de Antel –y que están en la documentación que está a la disposición de ustedes– el día 4 de octubre hubo desde Búsqueda (que es donde está ‘la oficina de Arbilla’) 11 llamadas al exterior: siete a Argentina, tres a Estados Unidos y una a Paraguay. De las siete llamadas a Argentina, cuatro las hice yo mismo (al 43003401) a la corresponsal de Búsqueda en Buenos A
ires, la periodista Mariana Mactas. Hubo además dos llamadas al 43272444 del periodista Antonio Juambeltz (que hoy está aquí, con nosotros, a pesar de que ya no trabaja en Búsqueda sino en otro medio) y una llamada al 43487412 realizada por el periodista Ismael Grau, actual editor de Economía de Búsqueda. Como veremos más adelante, esta última es una de las llamadas que el inspector Rivero consideraba ‘claves’ para realizar la denuncia que ha desatado este escándalo.

El 3 de noviembre, mientras tanto, hubo desde Búsqueda 16 llamadas al exterior: cinco a Estados Unidos, cuatro a Paraguay, tres a Argentina, dos a Venezuela, una a Brasil y una a Perú. De las tres llamadas a Argentina del 3 de noviembre, dos fueron realizadas al mismo número que aquella llamada ‘clave’ que había efectuado Ismael Grau, pero en vez de ser Grau el autor, esta vez fue el periodista Antonio Juambletz, que entonces trabajaba en la sección Economía.

Tanto Grau como Juambeltz llamaron a ese número telefónico (43487412) esos días (el 4 de octubre y el 3 de noviembre de 1999) para averiguar información sobre la próxima instalación en Montevideo de la Bolsa de Valores Latin America Futures Exchange SA, más conocida como Lafex SA.

En ese número se contactaron con el director de Lafex, el licenciado Luis A. Gallardo, a sugerencia del vicepresidente de Lafex, doctor Alfredo Ferreira Lamas, y como consecuencia de la información que como periodistas recogieron, fueron publicados dos artículos en Búsqueda, donde incluso aparece citado el licenciado Gallardo: el primero el jueves 7 de octubre (es decir, tres días después de haber llamado a ese teléfono) y el segundo, el jueves 4 de noviembre (es decir, al día siguiente de haber llamado a ese teléfono).

Ambos artículos también están entre la documentación que les adjuntamos.

El número al que llamaron los periodistas Grau y Juambeltz, buscando información sobre Lafex SA, se corresponde con el número telefónico de Mercado Abierto SA, la financiera descrita por LA REPUBLICA, y por su director como el ‘centro de lavadero regional del narcotráfico’.

Ocurre que el licenciado Gallardo, además de ser director de Lafex SA, trabajaba en Mercado Abierto SA.

Los periodistas de Búsqueda ni siquiera tenían idea de que estaban llamando a Mercado Abierto SA y mucho menos, de que estuvieran llamando al ‘centro del lavadero regional del narcotráfico’.

De aquí se deducen dos conclusiones: 1) Que Arbilla no llamó nunca a Mercado Abierto SA, pero sí lo hicieron dos periodistas del semanario –sin saber que estaban llamando a esa financiera– para averiguar información sobre la Bolsa de Valores Lafex SA, cuyo funcionamiento en Uruguay, dicho sea de paso, fue autorizado por el Banco Central el año pasado, según consta en el segundo de los artículos publicados en Búsqueda.

2) Que, para nuestra enorme preocupación –que nos parece debería alcanzar a todo el gremio periodístico– por lo menos desde octubre de 1999 (y no sabemos desde cuánto tiempo antes y no sabemos si eso sigue vigente hoy), las conversaciones telefónicas de los periodistas de Búsqueda, (y tampoco sabemos si se trata sólo de nosotros) están siendo registradas y espiadas ilegalmente.

Nosotros ignoramos quién registra y quién espía las conversaciones telefónicas de los periodistas, aunque por la información de LA REPUBLICA sí sabemos que el cesado inspector Roberto Rivero está ‘en conocimiento’ de las llamadas que se hacen desde la redacción, e incluso, según la edición del domingo 11 de ese diario, hasta conoce el ‘detalle’ de esas llamadas.

Como periodistas profesionales, nos preocupa enormemente que altos integrantes de la Policía uruguaya o agencias extranjeras estén o hayan estado registrando las llamadas telefónicas de periodistas, tal como ocurría en la época de la dictadura.

No es posible, en esta instancia, ignorar el hecho de que esta información sale a la luz al día siguiente de que el gobierno dijera, por boca de su ministro del Interior, que el inspector Rivero fue cesado en el cargo de director nacional de Policía por haber practicado el ‘terrorismo de Estado’ contra ciudadanos e instituciones.

Queremos saber cuánto tiempo, quiénes y por qué estuvieron espiando y registrando las conversaciones telefónicas de los periodistas de Búsqueda. Queremos saber si eso ha ocurrido sólo con nosotros, los periodistas de Búsqueda, o si también ha afectado a otros colegas y a otros medios de comunicación. La preocupación excede, además, el plano estrictamente profesional y pasa a ser un planteo que estamos formulando como ciudadanos del Uruguay, cuyas garantías constitucionales han estado siendo vulneradas impunemente por policías o grupos de policías inescrupulosos o por otras agencias u organizaciones cuyo origen, naturalmente, desconocemos totalmente.

Queremos saber qué ha pasado y qué está pasando y por eso, hemos decidido presentar ante el Fiscal de Corte un escrito denunciando estos hechos para que éste, como representante de la sociedad y como lo ha hecho en otras ocasiones, ponga en marcha las investigaciones judiciales pertinentes para esclarecer la situación y castigar a los responsables de estar violando los derechos individuales de los periodistas en particular y de la ciudadanía, en general».

Siguen firmas de periodistas de Búsqueda

Facsímiles de las facturas de Antel En la conferencia de prensa, fueron exhibidos los recibos de Antel de los meses de octubre y noviembre de la Editorial Agora SA, empresa editora del semanario Búsqueda. Allí constan las llamadas a la República Argentina realizadas desde la redacción de Búsqueda a la firma Lafex.