Batlle ratificó al ex canciller Blanco como árbitro de controversias en el Mercosur

El gobierno de Jorge Batlle ratificó esta semana la designación del canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco, como uno de los diez abogados uruguayos que integran la lista de árbitros establecida en el Protocolo de Brasil para la Solución de Controversias entre los estados partes del Mercosur.

Blanco, junto a otros diez abogados, fue designado como árbitro para la solución de controversias en noviembre de 1995.

El miércoles pasado, el gobierno resolvió actualizar «por razones de oportunidad y conveniencia» esa lista, y mantuvo a Blanco en la misma, pese a que fue procesado coautor de homicidio muy especialmente agravado de la maestra desaparecida durante la dictadura Elena Quinteros.

El Poder Ejecutivo señaló en el decreto que la lista toma en cuenta lo que dispone el artículo 13 del Protocolo de Brasilia, en cuanto a que los árbitros que integran la lista, «deben ser juristas de reconocida competencia en las materias que puedan ser objeto de controversias».

Esta lista es encabezada por Juan Carlos Blanco, seguido por Sergio Abreu (ex canciller), Eduardo Mezzera, Didier Opertti, Nahum Bergstein, Santiago Pérez del Castillo, Eduardo Tellechea Bergman, Marcelo Solari, Ricardo Olivera, Ronald Herbert.

El canciller Opertti explicó ayer la decisión del gobierno. «(Blanco) ha intervenido como árbitro en el Mercosur en más de una oportunidad», dijo Opertti, agregando que se encuentra sometido a un proceso que aún no ha concluido y que lo hará con una resolución judicial definitiva. «Mientras se encuentre procesado, Blanco no podrá intervenir como árbitro y si hay una convocatoria no la va a poder integrar», señaló Opertti.

De todas maneras, Blanco no saldrá de esa lista en forma automática, en cuanto a que todavía se le presume inocente.

Rechazo

La decisión del gobierno fue rechazada por la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Para el abogado, Pablo Chargoñia, esta resolución «va directamente en contra de la orientación y la política que en materia de Derechos Humanos vienen llevando adelante Kirchner y Lula. Esto es escandaloso».

«La designación es repugnante, atenta contra la conducta cívica y llama la atención que el gobierno no haya tenido en cuenta los antecedentes de esta persona». *