Diputados denunció espionaje telefónico de Cuba contra el Parlamento uruguayo

La declaración fue votada ayer, a instancias de un planteo político del diputado Jaime Trobo respecto a una acusación efectuada por el diputado cubano Lázaro Barredo, que visitó nuestro país. El legislador caribeño aseguró que el legislador herrerista fomenta una provocación a partir de dinero proveniente de disidentes cubanos asentados en Miami, y de decenas de llamadas desde su despacho. Ayer, la Cámara de Representantes, con votos del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, y el Nuevo Espacio, emitió una declaración por 41 votos en 77 en la que «denuncia la violación de los fueros del legislador Jaime Trobo y de la Cámara de Representantes, como consecuencia de los actos que han sido realizados por servicios de inteligencia de un Estado extranjero, la República de Cuba, respecto de comunicaciones telefónicas realizadas desde el Palacio Legislativo».

El Encuentro Progresista presentó infructuosamente una moción que establece «el rechazo ante la eventual realización de pesquisas secretas respecto a llamadas telefónicas que realicen diputados y diputadas», así como pesquisas ante cualquier ciudadano, violatorio de los artículos 28 y 29 de la Constitución. Como se recordará, Barredo denunció en las instalaciones de la Intendencia de Montevideo al diputado herrerista Jaime Trobo de estar fomentando una provocación contra la isla, y que para ello maneja discrecionalmente dinero proveniente de los disidentes cubanos asentados en Miami. Barredo, periodista y diputado cubano, llegó a nuestro país con motivo de presentar el libro «El Camaján», publicación que pretende demostrar el accionar de un personaje, Elizardo Sánchez Santa Cruz, contrario a la revolución, que ofreció sus servicios para trabajar para Castro, pero su intención fue la de «conspirar» a favor de la contrarrevolución, y que para ello, según se dijo, recibía dinero del gobierno de George Bush. En su intervención, Trobo indicó que impulsa el planteo político de cuestión de fueros «porque las reflexiones que realicé con otras personas con posterioridad (a los dichos de Barredo), me han dado la pauta de la gravedad de los hechos que fueron revelados y la gravedad de las consecuencias de las circunstancias de los hechos que fueron puestos en conocimiento público».

«Se ha dicho que el diputado Trobo ha hecho decenas de llamadas telefónicas internacionales a Cuba, a Miami y a República Dominicana. Se ha dicho en esa conferencia pública por parte de un miembro de la Asamblea Nacional de Cuba, que la frecuencia de las llamadas y la identidad de sus destinatarios fueron detectadas por la seguridad cubana, no sólo las llamadas a la isla, en función de informes aportados por agentes de seguridad», comentó Trobo. Agregó que también «se ha dicho –en la prensa oficial del gobierno de Cuba– que entre las pruebas de Barredo, puso a la luz pública la existencia de unas 15 llamadas a Cuba, realizadas por Trobo así como otras a Miami, Puerto Rico, España». «Yo creo que la constatación pública de que los servicios de un Estado extranjero realizan pesquisas de las comunicaciones de los legisladores, desde el Palacio Legislativo, desde los elementos que nos brinda el Poder Legislativo para trabajar, desde este lugar, son intervenidas, perseguidas, identificadas, y podría decir, que son escuchadas, leídas, reveladas, constituyen una clara violación de los fueros del legislador, y por tanto, de la Cámara de Representantes», afirmó el parlamentario. Sostuvo además que «están puestas de manifiesto acciones, que tanto se desarrollen desde el territorio nacional como del territorio de cualquier Estado extranjero, significan una violación de los artículo 28 y 29 de la Constitución que garantiza la privacidad de la correspondencia por cualquier medio que ésta fuere enviada». «Debemos recordar y tener presente que el Uruguay es firmante del Pacto de DDHH de Costa Rica», indicó, lo que garantiza «la privacidad de las comunicaciones y que los ciudadanos no estén sometidos a pesquisas, como lo prohíbe nuestra propia Constitución», señaló Trobo, convocando a la Cámara de Diputados a rechazar la violación de los fueros como parlamentario. Posteriormente ingresó a la Mesa de la Presidencia un proyecto de Resolución firmado por el diputado Fernando Araújo, también del Herrerismo, y siendo la hora 17.22, el legislador forista Washington Abdala pidió un cuarto intermedio para analizar su contenido.

¿Denuncia policial?

Por su parte, el diputado José Bayardi del EP-FA manifestó que «se está dando por bueno que hubo pesquisas de naturaleza secreta sobre llamadas, por lo menos de un legislador, realizadas por los servicios de inteligencia de seguridad de otro Estado». «No he registrado hasta el momento que hubiera habido denuncia policial o penal de acuerdo a la eventualidad que las pesquisas se hubieran efectivamente realizado», dijo. Por tanto, Bayardi señaló varias hipótesis: «demos por bueno que las pesquisas se hicieron, que fueron secretas realizadas por servicios de seguridad de Cuba, investigando esas llamadas», y estimó que se debiera haber realizado una investigación administrativa en el Parlamento «para ver si alguien está trabajando para los servicios de seguridad de otro Estado». «Podemos hablar de comunicaciones telefónicas o correo electrónico, y si se confirma, comparto la gravedad», dijo, pero «pueden haberse realizado desde lugar de origen o destino. Los destinos fueron Cuba, Miami, República Dominicana, Madrid».

No obstante, «vayamos a Uruguay. De ahí la importancia de la denuncia penal y de la denuncia administrativa que supongo que la Cámara lo está realizando». «Desde ya declaro que voy a defender el derecho de cualquier legislador a hablar adonde entienda deba llamar y no deba ser sometido a pesquisas, y defender a cualquier ciudadano que pudiera ser sometido a pesquisas de naturaleza secreta», señaló. Para Bayardi, «estamos hablando sobre un supuesto porque no hemos tenido autoridad ni administrativa ni jurisdiccional ni policial que la haya certificado». «Cualquier pesquisa telefónica o de correo electrónico, de existir realizadas por Estados afuera del nuestro, ¿viola nuestros fueros, en el alcance de poder operar desde el punto de vista político parlamentario? Otro supuesto es que en un poliédrico edificio del norte de nuestro continente, seguramente el equipo Equelon, de intercepción de comunicaciones, probablemente haya una carpeta magnética que intercepte un correo electrónico [email protected] y me animaría a decir como supuesto que está», sostuvo. «Si estamos en el mío, estamos más complicados, si las pesquisas secretas se hacen desde mi país, con mi servicio de inteligencia, los financiamos nosotros».

El diputado herrerista Gustavo Penadés sostuvo que la diferencia entre el planteo de Trobo y de Bayardi es que él condena esa actitud provenga de donde provenga.

Para el forista Walter Venner «esto es terrorismo, violación de fueros». Pablo Mieres del Partido Independiente sostuvo que «lo que ocurrió es grave» y que «defender el fuero de Trobo es defender el fuero de todos». En tanto, Felipe Michelini manifestó que «la actividad del legislador no debe ser factor de intimidación de parte de nadie. Se debe rechazar el espionaje, sea de donde sea». «No me parece dar por bueno lo que dice un legislador cubano que hace el gobierno cubano», indicó. El forista Fernández Chaves dijo: «Nos estamos acostumbrando a extranjeros que vienen y dicen lo que quieran, y curiosamente desde el mismo lugar».

«Lo mandan acá a hacer un acto de provocación. Es increíble que todavía se defienda a ese funcionario», expresó. En su fundamento de voto, Carlos Pita (Corriente Popular) dijo compartir el espíritu de la resolución que resultó gana
dora, pero puntualizó: «La moción de mi bancada rechaza con énfasis, la precisa técnicamente y podría haber significado una moción de consenso». A instancias del nacionalista Julio Silveira se resolvió enviar la declaración al Parlamento Latinoamericano, Parlamentos de esos países, a la Cancillería uruguaya, a las Embajadas de la República, a Amnistía Internacional, a la Comisión DDHH de la Unión Interparlamentaria, y los Ministerios de Defensa e Interior, entre otros organismos. *