Bajo perfil a tensión diplomática por planta M’bopicuá
Aflojan las tesiones entre los gobiernos de Uruguay y Argentina por la futura instalación de la planta de procesamiento de celulosa en el departamento de Río Negro. Dos estudios técnicos realizados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) concluyeron que su funcionamiento no conllevaría «perjuicios sensibles a la margen entrerriana». No obstante hay denuncias que afirman lo contrario.
La tormenta diplomática que afectó a los gobiernos de Jorge Batlle y Néstor Kirchner, parecería que tiende a calmar. Las diferencias esta vez se origina por una presunta contaminación del río Uruguay motivada por el funcionamiento de una procesadora de celulosa sobre la costa. Pero estos últimos días, las partes se estarían acercando, cuando se dio a conocer dos estudios de posible afectación de la planta sobre el margen uruguayo, que arrojó como resultado que el funcionamiento de la planta no provocaría grandes perjuicios sobre la costa entrerriana.
La calma podría llegar, anunció el periódico La Nación, si la delegación uruguaya vuelve a participar de las sesiones, suspendidas por su inasistencia desde octubre, cuando Batlle autorizó la instalación de la planta.
Cabe recordar que la reciente visita de Kirchner a Gualeguaychú, removió aún más las aguas. En la ocasión, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que presentará un recurso de amparo ambiental, de modo que Batlle revea la medida, pero, según revelaron a La Nación fuentes provinciales, «está en veremos si será de tipo administrativo o judicial».
No sería grave, pero atento
Según se pudo conocer, informes de dos consultores propios y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) no reflejan perjuicios sensibles en la margen entrerriana, razón por la cual, existen posibilidades de llegar a acuerdo.
No obstante, continúan las versiones sobre la incidencia de la planta en Río Negro, como ser la generación de «mal olor» o la liberalización de «sustancias químicas» contaminantes al río.
La Nación informó que uno de los técnicos argentinos dijo en una reunión con el Grupo de Vecinos Autoconvocados de Gualeguaychú, que el mal olor, entre otras consecuencias, no era señal de contaminación.
No obstante, otros informes determinan que la planta será una industria química que, partiendo de chips de madera de eucalipto, producirá pulpa o pasta.
En el proceso, se usan sustancias químicas, como el dióxido de cloro, cuyos desechos líquidos contaminantes (materia orgánica clorada), serán vertidos al río. El periódico argentino señaló, basándose en los informes a los que tuvo acceso, que se presumen que habrá emisiones aéreas tóxicas, ruido permanente, peligro de contaminación de las napas subterráneas y perjuicios para el turismo.
Denuncia de jerarca entrerriano
Por su parte, el ingeniero Gabriel Moguilner, director general de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental de la provincia de Entre Ríos afirmó que la pasta de celulosa se hace con cloro y que ésta no se puede eliminar fácilmente.
«No mata a los peces, pero, por el consumo, afecta a los seres humanos.
A su entender, los empresarios españoles deberían invertir un adicional de un 10% para que la planta de tratamiento no libere el cloro, como se hace en Finlandia.
Uno de los informes dice que el cloro vertido al río afectaría la producción de dioxinas en la vida acuática y se almacenaría en los tejidos grasos de los organismos; en especial, de los peces que consume el hombre. Esto podría provocar trastornos en los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor, así como cáncer.
«Debemos frenar esto a tiempo, sostuvo Moguilne. Ellos piensan hacer la tecnología sucia aquí, en América latina, y la limpia allá, en Europa. Queremos evitar que el río Uruguay se convierta en una gran cloaca. Si esto se pone en marcha, no tendrá retorno».
El proyecto de Fray Bentos, según los informes, contempla el proceso Elemental Chlorine Free (ECF), libre de cloro gas, pero no descarta el uso de dióxido de cloro. Es el mismo que se utiliza en algunas plantas de este tipo en la Argentina, según afirmó la fuente diplomática a La Nación. «Difícilmente podamos exigirles a los uruguayos que usen un sistema diferente del nuestro», convino. La CARU, no obstante ello, evaluará un plan de monitoreo permanente, en ambas costas, en el cual están involucrados los intendentes y la sociedad civil. *
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