Lamas deberá contestar denuncias o el tema pasaría a la órbita judicial

Tras años de investigación, un contribuyente sanducero denunciaría penalmente en un término de 10 días a la Intendencia Municipal de Paysandú por sobrefacturación en caminería rural, duplicación de gastos en movimientos de suelos y vialidad en el barrio Río Uruguay, así como también de voluptuosos costos en algunos rubros, entre otras cosas. Si se comprueban estas irregularidades se constatarían actos de corrupción en el municipio sanducero.

A dos años de denunciar una serie de irregularidades contra la comuna sanducera, el ingeniero Ricardo Brasesco, entiende que es hora de actuar. Desde el año 1990 el profesional ha venido investigando las rendiciones de cuentas y ha descubierto en la realización de algunas obras, diferencias económicas de más de dos millones de dólares. Las mismas se efectuarían a través de sobrefacturación y duplicación de gastos. «Estamos criticando a la administración departamental no a la institución», dijo Brasesco en conferencia de prensa y contestó al intendente Lamas quien oportunamente había manifestado: «Nos reservamos el derecho de iniciar acciones judiciales, penales o civiles, porque acá se está dañando la imagen de la intendencia y no del intendente».

Aseguró Brasesco que «no se sabe cuál es el contralor del contador del Tribunal de Cuentas, ya que todas los documentos están firmados por él.

Tras esta denuncia, el intendente Lamas llamó a una auditoría del Tribunal de Cuentas, la que  según el denunciante  nunca actuó en concreto.

Desde la administración de Larrañaga

Brasesco agregó que «desde la época en que ejercía la intendencia el doctor Larrañaga se constató que aparecían gastos en el rubro alimentos de 50 mil dólares al año, lo que significaba 4 mil dólares por mes. En el rubro fotografía mientras tanto, se gastaron varios millones de pesos». Otro de los ejemplos que presentó el ingeniero Brasesco fue la comparación de precios de un trabajo realizado en el vertedero de la empresa Paycueros, que solicitó presupuesto a empresas privadas y lo terminó realizando la intendencia. Uno de los precios más bajos entre los privados fue de un total de 119.610 dólares. Por su parte, el mismo trabajo el municipio lo cotizó a 8.446 dólares, por lo que desarrolló el trabajo en cuestión. Sin embargo, tiempo después, por un trabajo comunitario en el Barrio Río Uruguay, de similares características, el municipio facturó 100 mil dólares. Concluyó el profesional que al barrio sanducero le cobró 10,20 dólares el metro cuadrado, mientras que a la multinacional le facturó 0,16, por el mismo trabajo. Además de éste, Brasesco citó y documentó varios ejemplos más.

El rol de la Junta Departamental

Brasesco entiende que la Junta Departamental posee muy poca información acerca de las rendiciones de cuentas y que en algunos casos no la ha reclamado. Aseguró además que han habido casos en que los pedidos de informe de la Junta han demorado hasta dos años. «En estos momentos hay una comisión investigadora que reclama el tiempo en que se ha demorado la entrega de algunos materiales». *