Concesión del puerto de La Paloma: interpelarán al ministro Cáceres

La bancada de diputados del Encuentro Progresista resolvió ayer interpelar al ministro de Obras Públicas, Lucio Cáceres por la concesión en el puerto de La Paloma.

Esta concesión prevé la instalación de una cinta transportadora de madera, una terminal granelera, entregando 30 hectáreas del entorno del puerto por un lapso de 50 años a una empresa chilena.

El diputado de la Vertiente Artiguista Martín Ponce de León, indicó que la izquierda objeta que el ministro Cáceres «no haya accedido a la postergación por 30 días que resolvió plantear la Comisión Permanente y se cuestiona que todo el procedimiento, bajo el rótulo de ‘licitación’ es en realidad una concesión con nombre y apellido».

Además, se cuestiona «su incidencia inmediata y futura en el deterioro de fuentes de trabajo y posibilidades presentes y futuras de Rocha, tanto en materia portuaria como en materia turística».

Cáceres debió asistir el miércoles 11 de febrero a la Comisión Permanente para explicar la concesión, y allí se le planteó que la suspendiera por 30 días.

El Ministerio de Transporte resolvió el viernes 13 de febrero postergar la licitación por 15 días, y excluir del área concesionada las tres hectáreas de superficie marítima que se proponía rellenar para incorporar al terreno continental en la segunda etapa de la propuesta.

También determinó que la ocupación de las áreas por parte del concesionario se hará efectiva en forma gradual y a su solicitud en la medida que resulte necesario. En tanto, y como informó LA REPUBLICA, el intendente de Rocha, Irineu Riet Correa, propuso a los inversores chilenos interesados en el puerto de La Paloma cambiar la ubicación del proyecto.

El jefe comunal planteó esta idea para «no afectar el turismo del balneario. Riet afirmó que si el proyecto funciona en el centro del balneario, se estará perjudicando el modelo de desarrollo medioambiental y generará pérdida de fuentes de trabajo.

El intendente dijo que el proyecto se podría realizar en otro sitio cercano al balneario sin que se perdieran beneficios para la empresa. Sin embargo, los inversores dijeron que la ubicación de la terminal «no es negociable». La licitación internacional fue aprobada en diciembre de 2003, por el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó la convocatoria dentro de las pautas establecidas en la ley de reactivación económica a impulso de la empresa Puerto Graneles SA, constituida por capitales chilenos, titulares de inversiones forestales en el Uruguay. *