Doce minutos después de la hora 0 terminó abruptamente la interpelación a Guzmán

La interrupción no posibilitó que se tratara una moción del diputado Carlos Baráibar que estimaba que el accionar del ministro Guzmán era de «respeto» pero no ameritaba la separación del cargo de Peri Valdez.

Por otra parte, socialistas e Iván Posada (PI) no aprobaban la gravedad de la sanción y señalaban que las pruebas «eran insuficientes».

Al momento de levantarse la sesión se encontraban en sala los encuentristas José Korzeniak, Guillermo Alvarez, Carlos Baráibar e Iván Posada (PI).

Como hecho político significativo, el tema dividió tanto al Partido Colorado como al Encuentro Progresista, no así al Partido Nacional y al Partido Independiente, que a través del miembro interpelante, el diputado Iván Posada, había iniciado la sesión a la hora 17.10.

Desde las barras, algunas decenas de ciudadanos, entre los que se encontraban algunos fiscales y jueces, siguió atentamente las alternativas de la interpelación (ver nota aparte, página 4).

Posada indicó que la función del Parlamento es actuar «en la observación de las leyes que establecen la independencia del Ministerio Público» y ante la eventualidad que la institución Fiscalía de Corte pudiera verse afectada.

«Se trata de velar para que no se haya afectado esa independencia técnica», dijo.

Posada expresó que no cuestionaba el proceder del secretario de Estado por tomar esta resolución, pero sí criticó que «para la separación del cargo debería existir una falta grave que, a nuestro juicio, no ocurrió».

Al referirse a los cinco resultandos de la resolución del 12 de febrero del ministro Guzmán, por la cual se inician las actuaciones contra Peri Valdez, Posada sostuvo que al menos en cuatro de los mismos, el jerarca se desempeñó dentro de la legalidad.

En torno al polémico Centro de Apoyo (ver nota aparte), el legislador del PI recordó los conceptos de Guzmán al asistir a la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes: «El Centro de Apoyo recibe los partes policiales antes que el propio juez, ya que el juez va a recibirlo al otro día en el Centro de Investigación Criminal. ¿Cómo los procesa la Fiscalía? En una institución, el Centro de Apoyo, no creada por ley ni por Decreto».

Posada indicó que «no hay ningún envío de parte policial. Para mayor abundamiento le pregunté al ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien a través del subjefe de Policía de Montevideo me corroboró la información».

Sobre la «pretipificación de delito que se realiza en la planilla que se distribuye a los Fiscales en lo Penal en Montevideo, el ministro omitió decir que en la columna de delito presunto tiene un asterisco y en referencia a éste, al pie de la planilla se establece la siguiente constancia: las calificaciones consignadas en el casillero, delito presunto, en el presente formulario, se establecen a título meramente identificatorio».

«Exceso de poder»

A la hora 18.44 se procedió a un breve cuarto intermedio, y cinco minutos más tarde, el ministro Leonardo Guzmán comenzó sus contestaciones desde la hora 18.49, y no dudó en calificar que todos los elementos de los resultandos de su decisión de sumariar y separar del cargo a Peri Valdez tuvo como origen «un exceso de poder».

«No vengo a declarar que Peri Valdez sea culpable. No sería deshonroso para mí ni moralmente o jurídicamente que al final de la investigación se expresara que el fiscal de Corte actuó en la legalidad», afirmó Guzmán.

El jerarca enumeró que «una, dos, tres, cuatro, se protagonizaron desbordes, excesos de poder», y manifestó que no está dispuesto «a aceptar las demasías».

En tanto, el subsecretario Bervejillo comentó las desavenencias que en los últimos años ha tenido el fiscal de Corte con los ministros Yamandú Fau cuando firmó un Convenio con la SCJ. «Fue firmado por quien no debía. En cuanto firmado por el presidente de la SCJ debía ser firmado por su similar, el ministro de SCJ. Observación verbal. Tuvieron una relación difícil».

Asimismo, mencionó las diferencias con Antonio Mercader, «donde la actitud del fiscal de Corte fue la de ignorar la jerarquía a la que estaba sujeto; a través de una orden de servicio a todos los fiscales se sostenía que el Ministerio Público pasaba a ser el nuevo eje».

Guzmán desestimó cualquier intento de «cálculo de naturaleza política» en la decisión.

«Los excesos de poder en ese rango no es posible tolerarlo sin adoptar las medias pertinentes, y si se da en un jerarca que en más de una oportunidad en el pasado ha sido acusado por excesos de poder, parece natural que se inicie un sumario», dijo.

Se comprometió a que el sumario será con las debidas garantías.

¿Constitución libertaria?

Sobre la hora 22.10, el diputado Posada refutó conceptos del secretario de Estado, y sostuvo que cuando se señala que hay un apartamiento de la legalidad cuando da opiniones en un encuentro sobre Comisiones Barriales en Piriápolis, dando su visión, «¿dónde estamos? ¿nuestra Constitución tiene una tesis libertaria o aceptamos la tesis del ministro de que el fiscal de Corte sólo puede asesorar a determinado poder?».

«¿Qué políticas públicas se pueden realizar si quienes están en determinadas funciones públicas, no pueden asesorar. Y Jiménez de Aréchaga señalaba que no pueden haber censuras previas», consideró.

«El pretende que el fiscal de Corte lo consulte cada vez que hable», estimó.

Por tanto, «el ministro de Educación y Cultura pretende impedírselo a través de una sujeción a su pensamiento. Sería dejar de lado el pensamiento libertario de comunicación que rige en la Constitución. Y sólo por eso esto es grave».

Posada manifestó que «si el Parlamento no expresa lo que debe expresar sobre una clara intromisión a la independencia técnica, es porque acá algo malo pasa».

Por su parte, el herrerista Jaime Trobo señaló que el centro del problema «es el derecho de los ciudadanos a que se les aplique la Constitución y la ley».

Sobre este asunto, Posada dijo que los dichos del ministro sobre que se violan los derechos humanos de las personas a través del Centro de Apoyo, «son de una temeridad, de una exorbitancia del ministro».

«Sumamente grave»

Para Washington Abdala, «la sutileza entre la investidura del fiscal de Corte, y por otra parte, el fiscal de Corte-ciudadano, es difícil de determinar. Es imposible separarlo».

«Estamos ante un conflicto interinstitucional, es sumamente grave porque en términos de antecedentes históricos no recuerdo ninguno, y temo que el asunto vino para quedarse por un rato, y seguramente seguirá tratándose en otros ámbitos parlamentarios», señaló.

Sin prolijidad

Para el encuentrista Carlos Baráibar «tengo la impresión de que en todas las expresiones lo que no hay por parte de Peri Valdez es la intención de separar cuando se expresa de una forma como de otra. Hay una voluntad de mezclar una cosa con la otra. No tiene una prolijidad suficiente para separar con meticulosidad cuando actúa como fiscal de Corte o cuando actúa como ciudadano».

«Me equivoqué»

«No debí haber votado la interpelación. Me equivoqué. Después de la concurrencia a la Comisión de Constitución y Códigos deberíamos haber dejado el tema», afirmó el senador herrerista Luis Alberto Heber.

Para el legislador, «debiera haber interpelado al ministro si el ministro con una sospecha no inicia un sumario frente a una sospecha de acto ilegal».

Heber consideró que no es un tema partidario «sino de la conciencia como
legislador, pero que el fiscal de Corte cometa ilegalidades, es muy grave para el país».

«Ha habido abusos de poder notorios del fiscal de Corte. No ha sido dicho por mí sino que a apenas quince días de entrar en su gestión, el ministro Mercader se encontró con un problema entre el fiscal de Corte y la Suprema Corte de Justicia», dijo.

Sobre Peri Valdez «no importa que sea el ministro Fau, Mercader o Guzmán, no quiere reconocer la jerarquía del ministro de Educación y Cultura».

«El fiscal de Corte no es el ministro de Justicia. El ministro de Justicia es el Ministerio de Educación y Cultura», señaló.

«Hubo lío con Fau, lío con Mercader, lío con Guzmán, lío con la Suprema Corte de Justicia, con los fiscales, con la prensa, ¿quién es el lioso? ¿quién es el que tiene problemas?».

Por tanto, «señor ministro, termine su investigación, la estamos pidiendo, queremos garantías, debido Derecho».

Precisó que «no es un enfrentamiento del Herrerismo con Peri Valdez».

«Lapidar al fiscal»

Abdala sostuvo que «es un lío más que el país tiene presente» y al aludir a la información de LA REPÚBLICA sobre la declaración de los fiscales iberoamericanos que apoyan a Peri Valdez, ante el «acoso y hostigamiento permanente», indicó que «no nos hace bien».

«Quiero un fiscal activo. No me pasen facturas. No se junten varias perlas para lapidar al fiscal. Ahora aparece el estigma, daño, la afectación moral. Se ha generado una polvareda. El estigma para el Fiscal de Corte, no es menor», evaluó.

Las pruebas del ministro son «de una vaguedad fenomenal. Tiene que imputarse una falta grave, contundente. El abuso de poderes no es una figura vaga. Tiene que ser nítida para probar que se hace lo correcto».

«Me preocupa y me amarga. Este conflicto nunca debió haber ocurrido».

«Encontrar los mecanismos dentro del Poder Ejecutivo. Ver qué capacidad de daño ocasiona, vamos a ver cómo termina.

Quiero ver la opinión del fiscal, qué opina sobre el delito. Se acabó ese mundo de los monjes ocultos.

Epoca de la transparencia, de la democracia abierta, de las noticias para todo el mundo. Si esto es una vaguedad. Ojalá se pueda bajar la pelota».

«Nada suficientes»

El senador José Korzeniak aludió a una resolución del Partido Socialista en la que se entiende que los elementos que se esgrimen para iniciar «no son nada suficientes, es una decisión equivocada».

Korzeniak recordó que «hubo muchos meses para que se llenaran las vacantes de la Fiscalía».

«El tema tenía que ver con estas decisiones. Una puja política, en mi Partido están absolutamente convencidos que hay una puja política fuerte».

También comentó que averiguó si en los datos del Grupo de Apoyo había algo delicado de información, y gente vinculada a los Derechos Humanos le señaló que «no había nada raro».

Instó a que el asunto se trate en las Comisiones de Constitución y Códigos de Diputados o del Senado, y llamar a Peri Valdez, a su abogado, y hasta a alguna persona que se dice que podría ocupar este cargo. *